Acceso Sur: el MOP se salió con la suya

Por Paola Vasconi, Coordinadora Programa Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en El Mostrador 23 de noviembre de 2005.

Por Paola Vasconi, Coordinadora Programa Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en El Mostrador 23 de noviembre de 2005.


En sesión extraordinaria, el pasado miércoles 16 de noviembre, la Corema Metropolitana aprobó nuevas medidas de mitigación y compensación por el proyecto Acceso Sur a Santiago. Esto significa un verdadero triunfo para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que con su propuesta indemnizatoria logró, finalmente, que mayoría de las 290 familias de La Pintana y La Granja afectadas la firmaran de manera "voluntaria". Esta resolución, además, permitirá a la empresa concesionaria reanudar próximamente las obras de construcción en su tramo urbano paralizadas desde fines de 2004.

Después de años de conflicto que data de fines de 1999, año en que se inició la concesión- y cansados de que sus derechos ciudadanos sean vulnerados y pisoteados constantemente por las propias autoridades e instituciones del Estado, quién se podría negar al suculento ofertón del MOP: 400 mil pesos mensuales por 18 meses -tiempo que durarán las faenas de construcción- sobre todo si se considera que están próximas las pascuas y las vacaciones, y que la situación económica de muchos de los afectados no es la mejor.

Con esta gran oferta el MOP pretende mitigar y compensar los "impactos ambientales no previstos" que esta gran obra vial, fruto de la modernización de la capital, ha causado en los habitantes del sector de Avenida La Serena, en las comunas La Granja y La Pintana, y que ha significado un deterioro importante de su calidad de vida social y ambiental.

No obstante, durante todo el conflicto, tanto Concesiones como el MOP, de manera prepotente y arrogante, hicieron oídos sordos a las demandas vecinales y ofrecieron una solución parche a un proyecto técnicamente mal diseñado y que tiene las obras a treinta centímetros de las viviendas y que, en definitiva, no garantizará una mejora en la calidad de vida de los vecinos una vez finalizada su construcción.

Durante todo el tiempo que ha durado este conflicto cabe destacar la labor que han desempeñado los vecinos y dirigentes comunales afectados, los cuales dieron hasta la última batalla para recuperar sus derechos ambientales y sociales. Sin embargo, las estrategias utilizada por el MOP y la Unidad de Concesiones en este conflicto, después de cuatro años de pelea, terminaron quebrantando las esperanzas de los vecinos en lograr hacer valer sus derechos ciudadanos más básicos.

El MOP, en los últimos años, se ha mostrado como ejemplo entre los organismos del Estado al establecer una política ambiental institucional y crear departamentos de medioambiente y participación ciudadana. Sin embargo, en la práctica su actuar ha sido muy distinto evidenciando una vez más la fragilidad de la institucionalidad ambiental y de los instrumentos establecidos para proteger la salud y calidad de vida de las personas y el medioambiente.

El caso Acceso Sur es sólo un ejemplo de lo que se ha convertido en una práctica habitual en esta poderosa instituci?n del Estado, que lejos de velar por los intereses de todos los chilenos, impulsa y construye obras viales que van en beneficios de unos pocos y que, en el caso de Santiago, se contradice con las políticas de descontaminación y las políticas orientadas a reformular el transporte público, es decir, con Transantiago.

Quisiera agregar que el proceso de construcción de la autopista Acceso Sur y su conflicto constituyen un claro ejemplo de injusticia ambiental, donde el Estado y los empresarios han traspasado los costos sociales y ambientales de este proyecto a la comunidad y que el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ha sido vulnerado hasta el cansancio. Asíse explica el "feliz" término de este conflicto.

 

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