Bachelet y el medio ambiente

Por Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundación Terram, publicada en La Tercera, 24 de noviembre de 2005.

Por Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundación Terram, publicada en La Tercera, 24 de noviembre de 2005.


Con las declaraciones cruzadas entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera sobre el "carácter" de los respectivos candidatos, lamentablemente pasó desapercibido lo que constituye uno de los compromisos más nítidos de política pública que ha realizado la candidata de la Concertación y, a nuestro juicio, uno de los hechos políticos más interesantes de la campaña.

El lunes pasado, la doctora Bachelet recibió el apoyo explícito en su carrera a La Moneda de un número importante de líderes del mundo ecologista, entre ellos los del Partido Verde, liderado por la otrora candidata presidencial independiente Sara Larraín.

Ese apoyo quizás tiene poca relevancia con respecto al caudal de votos que aportan los ecologistas, pero es extremadamente significativo desde un punto de vista simbólico, pues con ello la "candidata ciudadana" abre efectivamente su apoyo político hacia sectores de la sociedad civil. Así como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) generó múltiples apoyos de sectores diversos de la sociedad española, como los ambientalistas y las organizaciones de homosexuales, entre otros, resultaba paradójico que quien ha tenido un discurso abierto y atractivo hacia la sociedad civil no hubiese logrado concretar ese respaldo. Con el espaldarazo de Larrín y compañía, la deuda queda parcialmente saldada.

Ojalá que en la recta final de la campaña este hecho logre reavivar aquel atractivo discurso sobre el "empoderamiento", la participación ciudadana y la diversidad cultural tan importante en el inicio del "fenómeno Bachelet" y tan necesario para Chile, pero ahora algo que básicamente se había olvidado.

Asimismo, resulta evidente que la Concertación requiere urgentemente de una renovación de sus caras e ideas, especialmente los partidos progresistas de la coalición. Para ello, una mirada hacia la sociedad civil organizada resulta fundamental. Esperemos que la candidatura de la doctora Bachelet sea el principio de ese recambio.

Pero más allá de la señal política, el apoyo de los ecologistas también implicó un notable compromiso en materia ambiental. Bachelet anunció una nueva política en este ámbito con diez compromisos que, si se cumplen, revolucionarán la gestión pública efectuada hasta la fecha. Ninguno de los candidatos ha ido tan lejos en esta área. Y pocos de los compromisos programáticos de la Concertación, en otros aspectos, son tan explícitos.

Estos incluyen reformas institucionales significativas, como un ministerio medioambiental y una superintendencia de fiscalización ambiental. Se propone crear un servicio nacional de áreas protegidas y avanzar en una ley marco de ordenamiento territorial. Existen compromisos específicos en materia de gestión e información ambiental, como establecer un sistema de cuentas ambientales e instrumentos fiscales de gestión ambiental, así como ampliar los fondos hacia la investigación. Además, se fija posición en temas del debate coyuntural: se excluye la opción nuclear, no se permiten los cultivos transgénicos y se protegen los glaciares.

A diferencia del programa del Presidente Ricardo Lagos, que tenía compromisos significativos en materia ambiental, la nueva política de Bachelet se concretará a través del nombramiento de un director de la Conama que tendrá rango de ministro para dirigir la reforma. Es decir, la voluntad política de avanzar hacia una nueva política en este terreno depende exclusivamente de la eventual futura Presidenta. Por ello, uno esperaría avances en estos compromisos a lo largo de su mandato.

La nueva política ambiental es un compromiso significativo de Bachelet y augura cambios importantes en la institucionalidad y gestión. Además, todas las propuestas emanan desde la sociedad civil y son coherentes con las políticas de los países más desarrollados. Con estas reformas, los lineamientos en esta área dejan de ser el pariente pobre en la institucionalidad del Estado y el crecimiento económico se enmarca dentro de una verdadera política de desarrollo sustentable.
 

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