Acceso a Información Pública: seguimos avanzando, pero…

El anuncio el pasado 6 de diciembre del ministro Eduardo Dockendorff, en el cual se reconoce la derogación del Decreto Nº26, que permitía a los organismos públicos calificar como "reservadas" ciertas informaciones, es otro paso adelante para lograr la mayor transparencia posible en lo que se refiere al acceso a información pública.

Si bien este anuncio debe ser confirmado por la Contraloría, tiene gran relevancia, ya que dejará sin efecto cerca de 90 normativas dictadas por diferentes organismos del Estado ministerios, subsecretarías, alcaldías, entre otros-, lo que es coherente con la Reforma Constitucional del artículo Nº8 de la Constitución. Dicha modificación, dictada en septiembre pasado, establece que son públicos todos los actos administrativos de los organismos del Estado, establece también serias restricciones a las excepciones que podrían aplicarse referente, por ejemplo- a la seguridad nacional, lo que se refleja en la necesidad de una Ley de Quórum Calificado para decretar algún documento como "secreto" o "reservado". De hecho, las organizaciones ciudadanas pensamos que esta reforma derogaba en forma implícita el Decreto Nº26, por ir en contra del espíritu de esta ley. Al parecer, lo mismo piensa el Ejecutivo, lo que hay que celebrar.

Sin embargo, diferentes experiencias internacionales han demostrado que no basta con una legislación que regule el acceso a información, sino que esto se trata, además, de un problema cultural que es necesario modificar, utilizando distintas herramientas, sobre todo en lo referente al empoderamiento y la participación ciudadana.

 A pesar de los avances legislativos, un reciente estudio realizado por la Universidad Diego Portales, referente al acceso a información de la prensa, demostró que la forma más segura de conseguir información es el contacto personal, dejando ver -además- que la información generada o publicada por los organismos no funciona bien como canal y no es suficiente. En tanto, el Poder Judicial, junto a las grandes empresas privadas que entregan servicios públicos que también están sujetas a la legislación de acceso a información- son las instituciones peor evaluadas, seguidas de cerca por el Ministerio de Salud y de Obras Públicas, en lo referente además a la precisión y confiabilidad de la información. El rol que le corresponde a la prensa de informar a la ciudadanía es fundamental. Además, para contar con una ciudadanía con una opinión crítica y fundada es necesario otorgar este derecho.

La importancia del acceso a informaci?n p?blica es fundamental, sobre todo si quiere fomentarse una real participaci?n ciudadana, que permita no s?lo aportar a las pol?ticas p?blicas, sino que tambi?n fiscalizar a los organismos del Estado, que son financiados con el dinero de todos los chilenos. En pa?ses como EE.UU, al comprar cualquier art?culo, la rotulaci?n del precio indica cu?l es el valor real del producto y cu?nto corresponde al impuesto que se lleva el Estado. Si en Chile el IVA es de un 19%, entonces al comprar unos zapatos de 12 mil pesos, $2.280 van a las arcas fiscales. Esta es una buena forma de entender que, como principales financistas del Estado, tenemos derecho a saber el actuar de cada una de estas instituciones. Finalmente, somos

Su principal patr?n y cliente a la vez. Por tanto, todo ciudadano, sin importar su identidad o sus razones, tiene derecho a acceder a la informaci?n p?blica. As? adem?s lo establece la ley.

Sin embargo, existe poca conciencia sobre la importancia que reviste el acceso a informaci?n p?blica. No s?lo est? el hecho de que muchas personas desconocen este derecho, sino que tambi?n los organismos p?blicos niegan el acceso a informaci?n solicitado por la ciudadan?a. De hecho, desde el a?o pasado Fundaci?n Terram est? solicitando a la CONAF tener acceso al Informe Laguen, estudio que fue realizado por la Universidad Austral y que habla de la situaci?n actual del alerce. No obstante, hasta el d?a de hoy este texto no es p?blico, a pesar de haber sido citado por el director ejecutivo de la CONAF, Carlos Weber, para defender su tesis de que ?queda alerce para rato?. Si es as?, queremos verlo.

Por este motivo, consideramos fundamental que se siga avanzando en la legislaci?n de acceso a informaci?n, que el actual proyecto de ley que perfecciona las actuales normativas llegue pronto a buen puerto, pero que tambi?n se generen instancias -tanto ciudadanas como gubernamentales- destinadas a fortalecer este derecho. M?xico, por ejemplo, cuenta con un organismo exclusivamente dedicado a velar por las demandas de los ciudadanos a informaci?n p?blica. Este es un camino muy importante en la senda hacia una sociedad m?s justa, democr?tica, equitativa y participativa.