Celulosa en Uruguay: soberanía y desarrollo

Más allá del conflicto diplomático que se ha producido entre Uruguay y Argentina debido a la instalación de dos plantas de celulosa en el río Uruguay, lo importante de analizar son las condiciones en que se ha desarrollado el proyecto, ya que éstas son propias de la sobrevaloración de los impactos de ciertas inversiones. Esto no quiere decir que tenemos que desechar la inversión extranjera. Sólo hay que tener cuidado con la vara con la cual se evalúan los beneficios y perjuicios de ciertas actividades.

Uruguay es, en términos per cápita, el país más rico de la región, pero esto no se traduce en una situación económica estable para la mayoría de sus habitantes. Las tasas de desempleo superan el 12% y la población joven es cada vez menos, producto de las emigraciones que lo han convertido en un "país de viejos".

En tanto, la estructura productiva recién se empieza a recomponer luego de la crisis de 2002, que afectó al 47% de los depósitos bancarios, devalué el dólar y aumentó las cifras de desempleo a un 20%. En tanto, uno de los principales focos de crítica actual es la situación económica de absoluta dependencia que Uruguay con los países grandes que integran el Mercosur; participar del acuerdo no le ha traído los beneficios que se esperaba. La percepción común es la desilusión, porque al asumir el poder, el Ejecutivo planteó un "arco virtuoso" con los gobiernos de la región que no se ha llevado a cabo. De hecho han surgido muchas voces "entre las cuales hay varios ministros- que plantean que Uruguay deje de ser socio para pasar a ser Estado asociado, porque ¿serán más los derechos que las obligaciones?. La bilateralidad de Argentina y Brasil provocó molestias en los uruguayos.

Quizás, la evaluación crítica que se hace respecto de la participación en el Mercosur sea una de las razones para que un país tan pequeño se enfrente diplomáticamente a uno de sus vecinos y socio que ha criticado duramente la actitud uruguaya. Por cierto, también ha influido el inusual apoyo que ha recibido el proyecto por parte de la ciudadanía que, sin considerar los impactos que tendrá la instalación de la planta, lo ha defendido casi como si fuera un asunto de Estado y no un negocio privado de capitales extranjeros.. La ciudadanía uruguaya, "vida de alternativas, ha cambiado su forma de pensar y se ha abierto hacia caminos económicos y políticos insospechados hace algún tiempo".

En un contexto de franco estancamiento, Uruguay, se ha visto impulsado a realizar profundas transformaciones, entre las que se encuentran la elección del primer presidente de izquierda en la historia del país; iniciar acercamientos con Estados Unidos para el estudio de un posible TLC y la instalación de plantas de celulosa con el fin de retomar la senda del crecimiento económico.

Con estos antecedentes, no parece casual que el 70% de los uruguayos está de acuerdo con la construcción de las papeleras a pesar de ser una tipo de industrias altamente contaminante y que genera rechazo en muchas partes del mundo.

El gobierno uruguayo ha permitido la instalación de las plantas argumentado, entre otras cosas, que esto representa una inversión de más de US$ 1.800 millones, lo que la convierte en la de mayor envergadura de la historia de ese país.

Sin embargo, un pequeño escrutinio al impacto real del proyecto permite mostrar que los sus beneficios son bastante más acotados. En primer lugar, una parte importante de la inversión mencionada se realiza en maquinaria e infraestructura que no es fabricada o producida en la República Oriental. Son inversiones en alta tecnología que no es posible adquirir en ese país ni en alguno de Sudamérica. Estimaciones realizadas establecen que sólo el 20% de los costos de inversión son de proveedores domésticos.

En segundo lugar, los empleos que generará durante el periodo de producción no superarán las 600 plazas. Es más -y como tercer argumento- la zona donde se instalará la planta, en la ciudad de Fray Bentos al constado del río Uruguay, es turística (balneario las Cañas) y el sector aporta más del 15% del empleo de la región. La instalación de la planta, los malos olores que este tipo de producción genera y la contaminación que se verterá al cause de río provocará un daño irreparable sobre la actividad turística de la zona y de todos los centro a lo largo del río.

De hecho, la contaminación del río es el principal argumento que esgrimen los ambientalistas argentinos para rechazar el proyecto. Por último, el repetido argumento de la mayor recaudación de impuestos no es del todo pertinente en este caso, ya que las empresas están haciendo todo por pagar lo menos posible en impuestos y han presionado a las autoridades para que se las autorice a instalarse bajo régimen de zona franca. De hecho, uno de los máximos directivos de la empresa finlandesa Botnia que se instalará en la zona declaró "si en Uruguay no hay una exención impositiva, el proyecto no es viable".

Es cierto que Uruguay es un país que necesita urgentemente reactivar su economía y que la atracción de inversión extranjera aparece como una de las grandes herramientas para conseguir ese objetivo, pero las plantas de celulosa no son, a la luz de la experiencia, una industria que sea sustentable ambientalmente y rentable desde la perspectiva económica. La evaluación de los costos y beneficios del proyecto hacen pensar que a la larga el país tendrá que asumir costos altísimos del proyecto.

Nadie es quién para plantearle a un país soberano que rechace un proyecto de inversión de esa magnitud. Incluso, si se establecen mecanismos de compensación adecuados para los ciudadanos, éstos podrían aceptar los costos a cambio de ciertos beneficios. Aunque uno quisiera no puede imponerle al resto de la sociedad una mayor conciencia ambiental. Pero lo que no puede ocurrir es que toda una sociedad se encandile con grandes montos de inversión que finalmente dejan más costos que beneficios. Tampoco se puede aceptar que un país, ejerciendo legítimamente su soberanía, pase a llevar la de otro, alterando el ordenamiento territorial y el respeto a las naciones vecinas.

La situación no es simple. Uruguay tiene acuerdos de protección de inversión firmados con las empresas finlandesa y española que se pretenden instalar en la zona. Pero, bajo ninguna circunstancia, el respeto a los contratos puede desconocer el respeto a los ciudadanos afectados ni a las naciones vecinas. De ser así, estaremos frente a una errada concepción de lo que es la soberan?a democrática de un pueblo.