La realidad del acceso a información pública en Chile

En los últimos meses, las regulaciones sobre el acceso a información pública han tenido importantes avances, lo que tiene satisfechas a organizaciones que trabajan estos temas, sobre todo por la voluntad política que han demostrado las autoridades de realizar cambios.

Sin ir más lejos, a principios de este año la secretaría general de la Presidencia envió un oficio a la Contraloría en el cual derogaba el Decreto 26, dictado en 2001 y que permitía a las diversas reparticiones del Estado declarar secreto o en reserva cualquier tipo de documento que así fuese considerado, lo que dio pie a que se dictaran cerca de 90 normas destinadas a clasificar información en esta categoría.

También existe un proyecto de Ley promovido por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri, el cual modifica la actual legislación sobre Acceso a Información en varios puntos, siendo el más importante la necesidad de quórum calificado para designar a cierta información como secreta o reservada. En la actualidad, esa atribución la cumplía el jefe de la repartición, abusando del argumento de que entregar dicha información "entorpecía las labores del organismo". Casos presentados por Terram (www.terram.cl) así lo acreditan.

Sin embargo, el acceso a la información pública va mucho más allá que dictar normas. El tema es que exista la voluntad de cada funcionario público de cumplirlas y la capacidad técnica de llevarlas a cabo. Entregar información a la ciudadanía es, a su vez, entregar poder y las autoridades no siempre están dispuestas a hacerlo. El Programa de Conflictos Ambientales de Fundación Terram ha constatado en terreno las trabas que tienen los ciudadanos a la hora de poder conseguir información que les sea útil para defender sus derechos.

Un claro ejemplo es la experiencia que han padecido los vecinos de la autopista Acceso Sur, en la comuna de La Granja, en Santiago, que debido a las obras que demanda dicha carretera interurbana vieron mermada de forma escandalosa su calidad de vida. Cuatro años han estado luchando por sus derechos, tiempo en el cual han recibido una cátedra sobre el secretismo que pernea las instituciones públicas .Ellos solicitaron, por ejemplo, las auditorias ambientales del proyecto, información que no les fue entregada y sólo pudieron acceder a ella gracias a la intervención de Terram. Las reuniones que pudieron conseguir con las autoridades y la información que se les otorgó versaba siempre sobre la misma lógica: lenguaje técnico que no manejaban, por lo que tuvieron que hacer un doble esfuerzo y solicitar la asesoría de organizaciones ciudadanas. A esto hay que agregar constantes "peloteos" a la hora de pedir explicaciones, innumerables excusas de no contar con información, es decir, burocracia del peor tipo.

El Acceso a Información Pública es la base de la Participación Ciudadana, de una sociedad más integrada, más justa y equitativa. Este ha sido el centro de las promesas de la nueva presidenta Michelle Bachelet. De hecho, en materia de transparencia, se comprometió a poner en marcha cinco medidas durante su primer año de gobierno: regulación del lobby; derecho al acceso a la información; efectiva publicidad de la declaración patrimonial de los funcionarios; institucionalización de la auditoría interna en los ministerios y servicios públicos y la promoción de códigos de ética en la administración pública. Si bien estas son metas importantes, se necesitan acciones más concretas que permitan a los ciudadanos tener información de forma expedita y, en caso que ésta fuera denegada, poder contar con un organismo que arbitre entre ambas partes. Acudir a la justicia –como actualmente dispone la Ley- para solicitar información que es denegada no sólo es un proceso largo, sino que además requiere de importantes recursos –abogados, capacitación técnica- . Por otro lado, una vez resuelto el fallo, ya han pasado meses, incluso años y los problemas siguen sin ser resueltos. Terram tiene experiencia en eso, ya que ha tenido que llevar casos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que la Corte Suprema ha denegado el derecho a acceder a cierta información.

También es necesario sistematizar y poner a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad de información posible, lo que puede hacerse mediante el uso de la tecnología que hoy provee Internet y las páginas web, las cuales no siempre ofrecen información actualizada o completa.

Por tanto, se necesita de acciones orientadas hacia la ciudadanía, que faciliten el proceso de acceso a información, ya que mientras se dictan normas, gente como los vecinos de La Granja sigue esperando que éstas sean tomadas en serio.