Participación ciudadana y medio ambiente

El 15 de enero, la entonces Presidenta electa Michelle Bachelet anticipó que "a partir del 11 de marzo inauguraría un nuevo estilo en la política nacional, un estilo de Gobierno más dialogante y más participativo", cosa que ratificó en su primer discurso en La Moneda, cuando destacó que imprimir "su sello en la forma de ver y hacer la política en el país. Según dijo, su Gobierno se caracterizará por hacer “una política más inclusiva, más participativa, más abierta, mas transparente. Una política por, para y con los ciudadanos?

Se trata de palabras que, sin duda, llegaron a muchos chilenos que desde hace 16 años estamos deseosos de participar del quehacer nacional, no sólo en las urnas con el voto -como hasta ahora- sino con nuestra voz, nuestra experiencia, nuestra vivencia, la que muchas veces, por no decir la gran mayoría, muestra una realidad distinta a la que tienen los tomadores de decisiones.

Si bien es cierto que con la llegada a la democracia se han ido abriendo cada vez más espacios para la participación ciudadana, sobre todo en los últimos años, “éstos resultan todavía insuficientes ante la creciente demanda de la sociedad civil. Y es que hoy los anhelos y aspiraciones ciudadanas por lograr de Chile un país más justo, más equitativo, más solidario, con una mejor calidad de vida para todos y todas y en el que se protejan sus recursos naturales y su patrimonio ambiental son mucho mayores que a principios de los 90”.

En el caso de la política ambiental, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley n? 19.300), la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) establecieron la posibilidad de las personas de involucrarse en el desarrollo de instrumentos de gestión para mejorar y prevenir los problemas ambientales y los mecanismos para incorporar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones ambientales en Chile.

Sin embargo, a doce años de la Ley n? 19.300 y a diez a?os de implementación del SEIA, los espacios de participación ciudadana han resultado limitados y poco efectivos. Primero, porque en sus inicios tuvo que sostener todas las demandas sociales que existían en materia de participación ciudadana al ser uno de los primeros instrumentos que se crearon en este sentido; segundo, porque la participación ocurre con escasa información, cuando las decisiones están tomadas y se mueve, fundamentalmente, en el ámbito de lo técnico dejando de lado a muchas comunidades.

La gran cantidad de conflictos ambientales que presenta el país evidencian una sociedad civil mucho más capacitada, más organizada, consciente de su realidad ambiental y dispuesta a velar por su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Esta ciudadanía, además, no se ha quedado en el ámbito de la crítica sino que ha mostrado una actitud proactiva, haciendo una serie de propuestas para que Chile avance por la senda del desarrollo sustentable. Esta ciudadanía hoy está expectante y a la espera de que la Presidenta, cumpliendo su compromiso de un país inclusivo y participativo, la incorpore de hecho (y no sólo de palabra -como ha sido la tónica de los anteriores gobiernos) en las transformaciones que se avecinan. Sólo de esta manera lograremos un país más democrático y participativo.