Celco-Mehuín y la gobernanza ambiental

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 24 de agosto de 2006.

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 24 de agosto de 2006.


La semana pasada, a raíz de las mediciones que realizan funcionarios de Celco-Valdivia, para evaluar el lugar idóneo de descarga de los residuos de la planta de celulosa del grupo Angelini, se iniciaron los primeros enfrentamientos violentos, entre pescadores, funcionarios de Celco y la Armada.

Frente al error original -del gobierno de Frei- en la aprobación del proyecto Celco (con presión de parte de la empresa), el Estado chileno se ha visto en la incómoda posición de defender a los funcionarios de la Celulosa, frente a una comunidad organizada que exige su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y ejercer libremente su actividad económica: la pesca.

A los ciudadanos de Mehuín se les pide, ni más ni menos, que reciban los mismos residuos industriales que causaron el colapso del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en Valdivia. Es decir, tras el problema en Valdivia, la propuesta es traspasarle todos los costos ambientales y económicos a una comunidad social y económicamente vulnerable, con el propósito de poner en marcha una planta industrial cuyo funcionamiento nunca se debería haber autorizado.

Es evidente que el eventual vertido de los residuos de Celco, marca el fin de la comunidad de Mehuín, y la imposibilidad de garantizar ambos derechos constitucionales. Por ello, mientras que los funcionarios de Celco buscan una solución ‘ambiental’, para poner en marcha la planta de celulosa de Celco Valdivia y el gobierno busca una solución económica a desarrollar, los pescadores de Mehuín claramente están defendiendo su forma de vida y subsistencia. En tal escenario, un desenlace violento resulta altamente probable.

Pero quizás ya no es sorprendente que sea una comunidad vulnerable la que deba pagar los platos rotos del comportamiento de una empresa bordeando en la ilegalidad, la desidia del gobierno y el colapso de la institucionalidad ambiental. Lamentablemente esa ha sido la historia reciente de Chile.

Lo que sí resulta sorprendente es la incapacidad del gobierno de aprender de sus errores. En los hechos, aunque no en los dichos, el actual gobierno mantiene la misma política ambiental ideada bajo el gobierno del Presidente Frei: la política ambiental de los impactos ambientales consumados, algo así como pedir perdón, en vez de permiso.

Frente a esta injusta y altamente ineficiente política, la Presidenta Bachelet correctamente prometió un cambio sustancial en la política ambiental. No sólo comprometió una reforma a la institucionalidad ambiental, sino un nuevo trato ciudadano. Lo anterior se traduce como un compromiso en lo que se ha denominado como ‘gobernanza ambiental’ (governance, en inglés). Es decir, reconociendo que toda actividad humana genera un impacto ambiental, se requiere transparentar los conflictos, reconociendo los beneficios y costos de los proyectos y distribuirlos equitativamente. Pero para aquello se requiere un marco institucional muy distinto.

Los acontecimientos recientes en Mehuín, no son coherentes ni con un nuevo trato ciudadano, ni con la gobernanza ambiental. Más aún marcan un negativo precedente para la solución de los conflictos ambientales en este gobierno.

La discusión de fondo en lo que concierne a la temática ambiental es de equidad, cómo se reparten los beneficios del ‘crecimiento’ y cómo se distribuyen los costos. En este caso tenemos un proyecto millonario, cuya inversión es del orden de US$1500 millones, y que constituye una de las plantas de celulosa más grandes de América Latina, por el otro, tenemos un pueblo turístico con alto valor ecológico y una pequeña comunidad de pescadores artesanales lafkenches, que viven del mar.

¿Cómo se reparten los beneficios y costos de la construcción de la planta de celulosa de Valdivia, entre el grupo Angelini, los ciudadanos de Valdivia y los pescadores de Mehuín? ¿Dónde está la participación ciudadana o la gobernanza ambiental en Mehuín? Estas son las preguntas que hay que contestar y que la actual institucionalidad no puede resolver. Por ello, sin otros canales institucionales, ni un diálogo real entre todos los actores relevantes ¿sorprende, entonces, la reacción de los pescadores de Mehuín?

Todo esto es la crónica de un conflicto anunciado y, como en el cuento de García Márquez, posiblemente una muerte también. Fue precisamente el diagnóstico de que los conflictos venían, lo que convenció a la Presidenta Bachelet de avanzar hacia una nueva institucionalidad y un nuevo trato con la ciudadanía. Pero de eso, hasta ahora no hay nada. A la espera del nombramiento del futuro Ministro de Medio Ambiente, la política ambiental se ha inmovilizado y, consecuentemente, se ha mantenido la lógica de la anterior. Es decir, la subordinación de los intereses de las comunidades por aquellos de las grandes empresas -o macro objetivos del Estado- y la política de los impactos ambientales consumados.

Más aún, si se logra finalmente hacer los estudios de ubicación del ducto, ¿cómo se desarrollará este conflicto con los hitos que vienen?: la aprobación del estudio de impacto ambiental, la construcción del ducto, y el primer vertido de los riles al mar. El actual gobierno está generando las bases de un agudo conflicto ambiental y social, con comunidades vulnerables y organizadas (los pescadores y lafkenches) a lo largo de todo el período presidencial. Y todo en defensa de una planta de celulosa del grupo Angelini ¿valdrá la pena?

Lo peor que puede hacer el gobierno es lavarse las manos del problema ambiental y dejar que los acontecimientos desborden en un conflicto mayor. A menos que haya un cambio sustancial en el enfoque, lo que ha ocurrido en Mehuín es sólo un primer apronte de lo que viene. Así como fue necesario observar en horario prime en televisan la muerte trágica de cisnes de cuello negro para tomar conciencia de que había algo seriamente mal en la actual política ambiental, acaso ¿será necesario observar un desenlace trágico en Mehuín, para ejecutar la reforma ambiental? Es hora de que se ponga en práctica el compromiso de ‘gobernanza ambiental’ de la Presidenta Bachelet.

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