Energía y medio ambiente

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada por diario la Nación el 21 de agosto de 2006.

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada por diario la Nación el 21 de agosto de 2006.


Hace algunas semanas, en su presentación sobre los lineamientos estratégicos de la política energética (en un seminario organizado por la Sofofa), la ministra Karin Poniachik anunció la creación de la figura de fast track para la aprobación de los permisos ambientales de los proyectos energéticos.

Este anuncio ha pasado inadvertido por los analistas del sector y las organizaciones ambientales. Sin embargo, constituye un giro sustancial en la política ambiental. Así como en su momento los lineamientos del Presidente Lagos fueron definidos por un ministro de Economía y Energía que dijo que había que eliminar los lomos de toro, ahora es la ministra de Energía quien ha asumido el rol de precisar la política ambiental, al fijar la política del fast track.

Esta idea se refiere, en esencia, a subvertir la institucionalidad ambiental, con el propósito de sacar adelante rápidamente la aprobación de la construcción de mega proyectos de generación de energía. En la mira se encuentra el conflictivo proyecto de las hidroeléctricas en Aysén, que será el primer conflicto ambiental de carácter internacional desde Ralco, y una serie de proyectos de construcción y ampliación de termoeléctricas a carbón o petcoke, en la zona central.

Chile tiene un problema real con el suministro de energía. Pero no comparto el enfoque del Gobierno. Independientemente de la urgencia del tema, resulta sorprendente que las autoridades permitan subvertir la institucionalidad del Estado.

Para que quede clara: la propuesta de Poniachik es equivalente a que, frente a la delincuencia, el titular de Justicia anuncie un fast track en los procesos judiciales y reemplace al defensor y al juez, con un funcionario ministerial para garantizar el debido proceso, eliminando las garantías constitucionales y metiendo presos a todos los inculpados en algún delito. Sin duda sería más eficiente.

Otro buen fast track sería eliminar el Congreso. La Presidenta podría anunciar el fast track de los proyectos legislativos, gobernar con decretos y no pasar por el Congreso. También podría haber un funcionario, que se asegure que existe alguna representatividad política, a través de encuestas, por ejemplo.

La absurda propuesta tiene implicancias directas sobre la política ambiental, y evidentemente sobre todo el quehacer público. Desde el punto de vista de los necesarios equilibrios entre los poderes, el precedente puede ser nefasto. Pero, por sobre todo, señala la relevancia que el Gobierno da a la política ambiental.

La Presidenta Bachelet se comprometió a una reforma sustancial de la política ambiental. Esta incluiría la creación de un Ministerio de Medio Ambiente; de una Superintendencia de Fiscalización y de un Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Todos compromisos fundamentales para avanzar hacia un sistema institucional ambiental más coherente con las necesidades del país, como eje de la política ambiental.

Las instituciones no son sólo las organizaciones del Estado, los ministerios y los servicios, sino sobre todo las reglas del juego. La imagen internacional se sustenta fundamentalmente en el cumplimiento de las reglas y objetivos que el Gobierno se fija, por ejemplo, en el ámbito económico.

La regla del superávit estructural, la relación con nuestros socios comerciales, el respeto a la inversión extranjera, los marcos regulatorios en las utilidades públicas, entre otros, son expresión de esta política.

Sería lamentable que frente a un tema tan delicado como el medio ambiente, el Gobierno, con una acción directa de sus ministerios sectoriales intente subvertir, despreciar, o bajarle el perfil a las reglas del juego -previamente fijadas- en este ámbito.

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