Anticipación de conflictos medioambientales

En lo que se ha denominado como el Decálogo de la administración pública, la Presidenta Bachelet hizo un llamado a los funcionarios de Gobierno para anticipar problemas, desechar improvisaciones y producir innovaciones en la gestión pública. La declaración de la mandataria se debe rescatar como un hito de la historia republicana nacional, ya que delineó el marco para un nuevo trato entre el gobierno y la ciudadanía. En este contexto se debe evaluar los nuevos desafíos medioambientales.

No resulta menor que dicho anuncio se realizara en el contexto del conflicto que provocó la movilización estudiantil, y el evidente mal manejo de las autoridades sectoriales.

Del decálogo, vale recordar tres puntos: en primer lugar se llamó a los funcionarios públicos a estar preparados para el diálogo ciudadano y el conflicto. Es decir, la mandataria incorporó la diferencia y la defensa de intereses antagónicos como parte de una definición conceptual de democracia participativa con múltiples actores.

Luego, la Presidenta instruyó que las demandas ciudadanas son derechos que hay que aceptar, y que si éstas exceden las posibilidades de los gobernantes, los administradores del Estado deberán responder de manera transparente ante las exigencias sociales. La Primera Mandataria abordó directamente las formas de expresión social como movilizaciones y protestas y las enmarcó en la convivencia cívica del siglo XXI. Exigió a los funcionarios que respondieran mediante gestiones de ‘aquí, ahora y de frente’.

Finalmente señaló que el gobierno no actuará a la defensiva y que las autoridades administrativas deben salir a terreno empleando el diálogo para potenciar las reformas. El nuevo trato no es un capricho, o un instrumento de gestión de conflictos, sino parte integral de su proyecto de Gobierno. La declaración de Bachelet marca una clara diferencia del discurso y la práctica del gobierno anterior que más bien se caracterizaba por un autoritarismo presidencialista enmarcado dentro de la prepotencia de la tecnocracia.

En ese marco de apertura, para enfrentar los conflictos mediante ejercicios de democracia participativa, creemos que el ánimo del decálogo debe ser uno de los elementos centrales para las actuales reestructuraciones legales a la institucionalidad medioambiental; ello en vistas del cambio en la estructura de la CONAMA y la creación del rango de ministro, así como la serie de conflictos ambientales activos.

Entre los conflictos que habría que enfrentar en forma transparente frente a la ciudadanía y buscar soluciones se encuentra las plantas de celulosa Valdivia y Nueva Aldea de Celco; el proyecto Pascua Lama; la contaminación atmosférica en Santiago y en regiones; o los proyectos hidroeléctricos de Aysén. En todos, la práctica de las autoridades ha sido precisamente la contraria a la visión entregada por la Presidenta.

Esperamos que el proceso de reforma de la obsoleta institucionalidad ambiental, se convierta en un instrumento que permita una reflexión, no sólo sobre la institucionalidad que debe guiar la política ambiental y de la resolución de los conflictos, sino también ampliar los espacios de democratización del país.

En lo que respecta a los conflictos ambientales, éstos no son problemas de carácter técnico, sino valóricos y se refieren a múltiples intereses que se expresan en el territorio, finalmente del tipo de sociedad que queremos. En consecuencia su solución pasa por democratizar las decisiones sobre el uso del territorio, lo que cabe perfectamente en la nueva directriz planteada por el gobierno, que rompe con una historia de no participación, falta de información y autoritarismo de parte de los funcionarios públicos.

En ese sentido, el decálogo de la Presidenta marca la pauta no sólo para enfrentar los conflictos ciudadanos, sino construir una sociedad más democrática. Por lo menos en lo se refiere a las grandes preguntas en materia ambiental, es el único enfoque posible.