Contradicciones en la mantención del IVA

Columna de Sebastián Ainzúa, coordinador del programa de economía y globalización, de Fundación Terram, publicada El Mostrador, 5 de mayo de 2006.

Nadie podría discutir la pertinencia de los programas y políticas sociales que impulsa el gobierno de la presidenta Bachelet. La celeridad con que se han intentado abordar los principales temas sociales en Chile es aplaudida por amplios sectores del país, así como el “tinte ciudadano” que ha dado a las políticas que impulsa. No es casual, por ejemplo, que la Comisión de Reforma Provisional haya recibido en las primeras audiencias a las organizaciones sociales o que el ministro de Hacienda haya asistido, en su primera actividad pública, a la CUT para estrechar lazos con la multisindical. Sin embargo, tan importantes avances se ven eclipsados por la forma como se pretenden financiar las políticas sociales del gobierno.

Hace algunos días el Congreso aprobó la medida propuesta por el Ejecutivo que amarró el incremento de las pensiones mínimas con la mantención del IVA en un 19%, recaudación que será utilizada para financiar las políticas sociales. Sin embargo, esta medida representa una contradicción de fondo con el espíritu de las acciones que se llevan adelante y son un franco retroceso respecto de las favorables señales que han dado las autoridades en la materia.

Esta situación tiene dos causas. La primera está asociada a la subvaloración de los impuestos como política fiscal-social y la segunda se relaciona con la capacidad de recaudación de cada impuesto.

Respecto de la primera causa, al hablar de las políticas sociales se tiende a hacer referencia al gasto público. Sin embargo, esta situación no es del todo cierta. La influencia que puede ejercer el Gobierno es mucho más amplia y se inicia en la estructura de financiamiento del Estado, que es la tributaria.

Poco se dice de la función que cumplen los impuestos dentro de las políticas públicas. No se debe perder de vista que la política fiscal está relacionada no sólo con la manera en que se gastan los recursos del Estado, sino que también con la forma en que se obtienen, es decir, no es lo mismo financiar al Estado a través del IVA que mediante impuesto directos, como el impuesto a la renta. Los impactos sociales de esta decisión son enormes.

El primero tiene que ver con la distribución del ingreso. Los impuestos directos son cargos progresivos y redistributivos, porque pagan más impuestos quienes tienen más alta renta, lo que lleva a una mejora en la distribución del ingreso.

En cambio, los impuestos como el IVA son regresivos, es decir, empeoran la distribución de ingreso. Esto sucede porque las familias de menores recursos compran más bienes afectos a IVA que las de mayores ingresos. Por lo tanto, en términos proporcionales al ingreso, quienes tienen menos recursos pagan más IVA, por tanto la distribución de renta empeora.

De este modo queda en evidencia la contradicción de la medida: por un lado se impulsan políticas redistributivas, que mejoran la distribución del ingreso, pero se financian con impuestos que la empeoran. Alguien podrá argumentar que “el efecto neto es positivo”, pero aunque así sea, la medida es contraproducente con el “espíritu de las políticas sociales”

Ahora bien, respecto de la capacidad de recaudación, tenemos que el Estado chileno se financia en un 47,8% con IVA, mientras que los impuestos a las empresas representan cerca del 16,71%. Esto es diametralmente opuesto a lo que ocurre en el resto del mundo, donde la estructura de impuestos en al revés: los mayores ingresos se obtiene por impuestos a la renta, mientras que los gravámenes relacionados al consumo son una proporción menor.

Entonces, la pregunta pertinente es: ¿Por qué el Estado usa el IVA con principal fuente de financiamiento? La respuesta es simple: porque es más fácil de recaudar.

Según los estudios realizados por el Servicio de Impuestos Internos en 1999, la tasa de evasión de impuesto a la renta era de 41%, cifra que tendió a reducirse luego de la reforma tributaria de 2001. Sin embargo, debe seguir siendo altísima.

Dada esta dificultad, el gobierno prefiere aplicar alzas al IVA que generan altos ingresos y tienen un bajo costo político, cosa que no sucede con los impuestos a la renta, donde las presiones de grupos de interés hacen costoso y desgastante el proceso. Los gobiernos que impulsan estas medidas utilizan gran parte de su capital político para sacar adelante las alzas, pero los beneficios son relativamente bajos.

Desde esta perspectiva, parece lógica la opción del gobierno. De hecho, es entendible que exista preocupación por la evolución futura de los ingresos del Estado. La proyección de gastos futuros del gobierno hace imperioso buscar mecanismos que aseguren un nivel de ingresos estable. Pero la fórmula utilizada no es la adecuada según el espíritu de las políticas sociales.

En resumen, nuestra actual estructura tributaria es ineficiente porque no incentiva una distribución de los recursos socialmente aceptable. De esta manera, es importante comprender que para resolver los problemas sociales no basta con aumentar el gasto fiscal, sino que se requiere mejorar la forma como se obtienen los recursos que, según las características actuales, sólo fomentan el empeoramiento de la distribución de la riqueza.