El Medio Ambiente en los Cien Primeros Días

Urge que el Gobierno retome el control de la agenda ambiental, independiente del nombramiento del nuevo ministro. Se debe identificar un interlocutor político, que priorice la guía, anticipe conflictos y dé comienzo al debate. La Nacion, 19 de junio de 2006.

Finalmente, hemos llegado a los cien días de Gobierno. El Día D de las 36 medidas anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet como eje de las primeras acciones de su mandato. Respecto del medio ambiente existen dos compromisos: el inicio de un programa de intervención urbana para mejorar 200 barrios (que de seguro no incluía las casas llamadas “Chubi”) y el nombramiento del(a) primer(a) ministro(a) de Medio Ambiente.

Esto último ha centrado la atención por el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el cargo de presidente de la Conama, que tenga rango de ministro. La semana pasada, el Senado aprobó la idea de legislar, señalando la posibilidad de enviar indicaciones hasta el 3 de julio. Estamos lejos de su pronta aprobación. Si bien la creación del cargo con ese rango y atribuciones tiene sentido por sí mismo, la idea es iniciar una reforma mayor en materia ambiental. Ésta incluiría -como dice el mensaje presidencial del proyecto- crear un Ministerio de Medio Ambiente, una Superintendencia de Fiscalización y un Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Estos son compromisos fundamentales para progresar hacia una institucionalidad coherente con las necesidades nacionales.

El futuro secretario de Estado tendría la potestad legal y el respaldo político para impulsar una enmienda significativa, la más relevante en la materia desde que se promulgó la Ley de Bases del Medio Ambiente. Pero la aprobación se atrasó por el despacho de un proyecto mal elaborado, mal explicado y, peor todavía, carente de un piso político para su rápida aprobación. Además, se confeccionó a puertas cerradas, sin evaluación política ni consulta a la Conama, sin diálogo con las ONG y sin ser explicado a los parlamentarios. El resultado es una propuesta que se corregirá con las indicaciones, un retraso considerable en el programa ambiental y una confusión total en las prioridades de la gestión en esta área.

A la espera del nuevo nombramiento, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia ha soslayado sus responsabilidades legales en la materia. La directora de la Conama no se atreve a tomar ninguna decisión o iniciativa por el temor a que luego vaya a ser corregida por el nuevo encargado. Esto conduce a que no existan avances en los temas ambientales. Es más, se inician los primeros lineamientos de los servicios para el presupuesto 2007 y esta área carece de interlocutor político, proyectos concretos o una estrategia, por lo cual será muy difícil -con justa razón- convencer al Ministerio de Hacienda de destinar recursos a la implementación de la reforma.

Más grave: tampoco se está realizando una gestión adecuada. La Conama se encuentra ausente de los asuntos coyunturales. No hay seguimiento ni evaluación prospectiva de los conflictos ambientales ad portas, como las plantas de celulosa, la contaminación atmosférica o la expansión de la salmonicultura. Quizá lo más grave sea el eventual impacto en el entorno de la crisis energética en el corto plazo. ¿Cómo enfrentará la Conama los conflictos debido a las centrales hidroeléctricas en Aysén? ¿Espera que el programa de la ministra de Energía de apagar la luz más temprano tenga éxito? ¿Dónde está la anticipación y la participación ciudadana a la cual aludió la Presidenta en su decálogo?

Urge que el Gobierno retome el control de la agenda ambiental, independiente del nombramiento del nuevo ministro. Se debe identificar un interlocutor político, que priorice la guía, anticipe conflictos y dé comienzo al debate en torno a la institucionalidad. Sin un programa de reforma serio y una anticipación adecuada a los conflictos, los problemas ambientales explotarán nuevamente con todos los costos políticos y sociales que esto significa.