Seguimos Esperando la Reforma Ambiental

El 2006 ha estado marcado por hechos relevantes en materia ambiental. En primer lugar, continúa el caso Celco-Valdivia sin una solución evidente, la posibilidad de que la empresa vierta sus residuos en la bahía de Mehuín resulta políticamente inviable. Asimismo, junto a una confusa gestión en materia de política energética, surge el debate de la energía nuclear y de las hidroeléctricas de Aysén, un conflicto que solo escalará. Por otra parte, la sorpresa del año ha sido el fallo de la Corte de Apelaciones sobre los derechos de propiedad de las aguas entre regantes y la minera Los Pelambres, poniendo en entre dicho el permiso para la construcción de un embalse de desechos tóxicos, el tranque de relaves El Mauro.

Lo anterior sólo reafirma la precariedad de la institucionalidad y la poca claridad en la política ambiental. Al respecto, la Presidenta Bachelet comprometió tres reformas sustantivas en esta materia: un Ministerio del Medio Ambiente; una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, y un Servicio que gestione el Sistema de Áreas Protegidas.

Sin embargo, el gobierno decidió ‘implementar’ esta transformación institucional a través de una reforma intermedia, la que consiste en la creación del cargo de Presidente de la CONAMA, con rango de Ministro de Estado, quien sería un Ministro de Medio Ambiente sin cartera, proyecto que debería aprobarse este mes.

La creación de este cargo es un avance que permite elevar la prioridad política ambiental y ordenarlo al interior del gabinete, así mismo se define un interlocutor claro frente a la sociedad civil y los privados. Pero, la existencia de un Ministro no altera la estructura básica de la institucionalidad y, en consecuencia, como bien señala la editorial de La Tercera (2/01/07) ‘el cargo por sí solo no resolverá los complejos problemas que arrastra el sector’, pues las reformas institucionales no pueden sustituir una clara política de Estado.

En este sentido, a la espera de la conclusión del trámite legislativo del Proyecto de Ley, el Gobierno asumió que había cumplido su compromiso y se lavó las manos de la gestión ambiental. Este hecho significó no avanzar en la reforma mayor e inmovilizar la agenda ambiental.

En consecuencia, el único proyecto ambiental del gobierno (la creación del cargo de Ministro) es el principal responsable de la ausencia de una política ambiental consistente, pues a la espera del Ministro las autoridades no han tomado ninguna decisión trascendente en esta materia. Por lo mismo, ha reinado la confusión en la política ambiental y, consecuentemente, éste ha sido un año perdido para la gestión pública en esta materia.

Sin una reforma a la institucionalidad y claridad política, los conflictos ambientales se agudizarán, afectando la calidad de vida de las personas y la seguridad jurídica de la inversión. Esperemos que el nombramiento del Ministro, sea un instrumento para ordenar la agenda ambiental y se inicie, de una vez, la discusión sobre la reforma institucional, de otra manera, la creación de Ministro de Medio Ambiente habrá sido, irónicamente, la peor noticia para la política ambiental del país.