Chile: Incumplimientos del Transantiago

La Contraloría General de la República se encuentra investigando al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), tras los informes presentados por los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila en que detallan graves incumplimientos del AFT. La Contraloría determinará las responsabilidades del AFT y de la empresa tecnológica Sonda S.A.

La Contraloría General de la República se encuentra investigando al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), tras los informes presentados por los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila en que detallan graves incumplimientos del AFT. La Contraloría determinará las responsabilidades del AFT y de la empresa tecnológica Sonda S.A.


Por Arnaldo Pérez Guerra
"Es esencial que Contraloría determine en forma precisa y clara cuáles son los límites de tolerancia a los graves incumplimientos del AFT, a la que le han otorgado reiteradas prórrogas para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las que a la fecha, fuera de todo plazo contractual, aún no se han cumplido", señalan los senadores. Solicitan determinar, además, "qué sucede con la legalidad de los seis mil millones de pesos apozados en las tarjetas Bip!, administrados por el AFT, cómo se tributa por los frutos civiles que dicho dinero produce, quién lo supervisa, a quiénes beneficia, y si hay alguna regulación de ello en las bases administrativas".

Contraloría investigará los contratos de Sonda y el AFT con las empresas TIMM y Siemens, a fin de examinar "la legalidad de las autorizaciones para utilizar la tecnología, el respeto de la propiedad intelectual e industrial de sus respectivas tecnologías ofrecidas en la licitación publica, además de las acreditaciones de conformidad a las bases de la licitación". De acuerdo a la Carta Gant de las Bases generales y técnicas del proyecto, las fechas contempladas en la licitación no fueron cumplidas por Sonda y el AFT. El inicio de la "Etapa de Régimen Total" a cargo del AFT, se implementaría a fines de agosto 2006, haciendo exigible, en esa fecha, toda la tecnología. Los hechos evidentemente indican otra cosa.

En su informe a Contraloría los senadores señalan que resulta pertinente que Contraloría investigue la legalidad de las reiteradas prórrogas otorgadas al AFT en la implementación de la tecnología adjudicada: "Dada la envergadura y repercusiones del incumplimiento del AFT tanto de su obligación contractual, como de las molestias causadas a los usuarios, es menester saber qué resguardos se han tomado a fin de garantizar el bien común, de las personas, la seguridad jurídica, y las garantías constitucionales vulneradas". Agregan que tras el notorio fracaso de la fallida tecnología de Siemens, corresponde a la Contraloría pronunciarse si podría ocuparse la otra empresa tecnológica de la adjudicación de la licitación pública: TIMM. "AFT en el Formulario 5.7 página 3, denominado ‘Antecedentes del Proveedor o Integrador Tecnológico’, señala que proveedores de la tecnología son Siemens y Transporte Inteligente Multimodal (TIMM), pudiendo ordenar instalar la otra tecnología que forma parte del contrato de licitación sin necesidad de modificarlo o declarar la caducidad por reiterados incumplimientos", reiteran.

Sonda hace lo que quiere

Hace algunas semanas, la Consultora Feller Rate aseguró a la prensa que la clasificación de las acciones de Sonda, de propiedad del empresario Andrés Navarro Haeussler, no se verá afectada por los incumplimientos del AFT, el retraso en el cobro de tarifas y el que el gobierno haya hecho efectivas boletas de garantía por 5,1 millones de dólares. Sonda, anunció que efectuará inversiones por 70 millones de dólares en el Transantiago. Recientemente, el AFT modificó el contrato vigente con Sonda, incluyendo entre los servicios tecnológicos, "la realización de pruebas en los sistemas". "Feller Rate considera que este último cambio representará mayores ingresos para Sonda", anunció El Mercurio. "Sonda no ha entregado boletas de garantía u otros instrumentos similares al AFT y su responsabilidad está determinada por las especificaciones de los servicios comprometidos en el contrato de prestación", agregó el periódico. Tras el cambio de contrato, Sonda elevó en un 9,5 por ciento su tarifa por el "servicio que implementó para Transantiago". "Las modificaciones a este contrato incluyeron un reajuste de un 9,5 por ciento de las tarifas del servicio tecnológico provisto por Sonda, lo que se traducirá en un mayor ingreso del proyecto durante el período de vigencia del contrato", notificó la propia empresa de Andrés Navarro, en una nota, a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Para el senador Alejandro Navarro, mientras Contraloría investiga el rol del AFT, el gobierno debiera caducar el contrato a Sonda: "La crisis desatada por Transantiago no se resolverá en mayo ni en agosto, durará meses", dice. Reprocha al gobierno la "extrema precariedad de la información que se entregó a los operadores", y advierte que "la gratuidad otorgada en los pasajes en un primer momento fue un grave síntoma de que la crisis era mucho más profunda de lo que el ministerio de Transportes y Sonda confesaron. Los encargados de Transantiago no tienen experiencia alguna en sistemas de transportes modernos y eficientes". El senador Navarro también critica a Blas Tomic, presidente del Metro, por "privilegiar el ahorro de recursos en desmedro del bienestar de los usuarios. Ni Sonda, ni Navarrete ni los bancos, incluyendo BancoEstado, saben de este negocio. Ya los resultados están a la vista. La pregunta es en qué país desarrollado a los que Chile busca parecerse, existe el sistema que se pretende instalar en Santiago. La respuesta es en ninguno. En todos ellos el transporte público está en manos del Estado y existe un sólo operador. Acá se pretende hacer que los bancos administren lo que en París, Roma, Estocolmo, Ottawa, Madrid y las principales capitales del mundo, hace el Estado. Sonda debiera salir de Transantiago si persisten las fallas. No resulta lógico ni coherente que continúen al frente del Transantiago quienes han mostrado severa incapacidad de operar el sistema, el que debía estar operativo desde marzo de 2006. Todos los aplazamientos han ido modificando los contratos, pero todo tiene un límite; si no, que sigan hasta el 2010 probando y probando, hasta que les resulte", advierte con ironía.

"Sonda ha convertido a los santiaguinos en conejillos de indias, por la creación de un sistesectores populares tras la caótica implementación del Transantiago, aunque recalcó que "el cambio ya se está notando, con menos contaminación, congestión y ruido en una ciudad más ordenada". Dice confiar en el éxito del plan: "Santiago ya no toleraba el mediocre sistema de transporte que tenía. Hemos dado el paso más difícil. Sabemos que hay deficiencias y debilidades y nosotros como gobierno nunca hemos ocultado la cabeza frente a los problemas. Podemos ser optimistas, Transantiago va a funcionar bien. Transantiago debe responder mucho mejor".

Se siguen anunciando medidas de parche: prolongar la labor de monitores, modificar recorridos, fiscalizar el cumplimiento de la cantidad de buses comprometidos por contrato, mejorar frecuencias en la periferia, un plan de seguridad nocturna y de madrugada. Transantiago sigue preocupando al gobierno. Se han realizado Consejos de Gabinete, sesiones en el Congreso y reuniones extraordinarias de los ministros. Sin embargo, el sentir de la mayoría de la población del Gran Santiago es otro. Decenas de manifestaciones de pobladores y usuarios, cortes de calle, marchas y violentas protestas han ocurrido en la periferia y zonas perjudicadas por el plan: Maipú, San Bernardo, El Bosque, Lo Prado, Quinta Normal, Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Cerro Navia, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Huechuraba, San Joaquín, Lo Barnechea, Puente Alto y Peñalolén, entre otras. Jubilados, discapacitados y personas afectadas han presentado recursos judiciales contra Transantiago al sentirse completamente discriminados en el nuevo sistema.

La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (Conatrach) y otras organizaciones sindicales y sociales han anunciado protestas si las medidas anunciadas por el gobierno no solucionan la crisis y el caos que vive Santiago. Para el gobierno, más de un 65 por ciento del sistema funciona "en forma óptima". La presidenta Bachelet sigue respaldando completamente la gestión de las autoridades de Transportes, incluido el ministro Espejo, a quien la oposición derechista y personeros de la propia Concertación, han exigido su renuncia. Las estadísticas confirman que en horario punta y en la noche las frecuencias de recorridos de buses son completamente insuficientes e inexistentes, lo que genera atochamiento, enormes retrasos y un cada vez más creciente descontento. Sobre un 60 por ciento de los trabajadores registran atrasos en la llegada a sus trabajos, en este mes y medio de implementación, por culpa del plan Transantiago, según la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (ASEXMA).

Las multas cursadas a los operadores superan el millón de dólares. El gobierno dio plazo de quince días a las empresas para solucionar graves incumplimientos laborales: violaciones de contratos de trabajo -algunos firmados en blanco-, deficientes normas de higiene y seguridad, jornadas de trabajo, descansos irregulares, remuneraciones cuestionadas, nulas condiciones sanitarias y ambientales en lugares de trabajo, inexistencia de libros de asistencias, entre otras. Pero el plazo no se cumplió. La propia Dirección del Trabajo ha reconocido la necesidad de una urgente corrección de las condiciones laborales de cientos de choferes de las operadoras del Transantiago. El gobierno ha sabido sortear hasta ahora dos paros de trabajadores, pero podrían venir otros.

Transantiago sólo ha significado para los usuarios más hacinamiento, aumento de horas de viaje, atochamiento en paraderos y entradas del Metro, incomodidad, disminución de horas de sueño, aumento de trasbordos, periferia sin buses y bajas frecuencias, discriminación y muertes, deteriorando gravemente las condiciones de vida de millones de santiaguinos. ma operativo que debió estar probado y funcionando completamente al momento de su puesta en marcha. El Estado contrató un sistema integral, no sólo cobradores. Pretender decir que hay Transantiago porque los validadores están funcionando en un 98 por ciento, es una verdad muy inexacta, es una mentira piadosa con Sonda y agraviante para los que hacen uso del sistema, es decir, el 71 por ciento de los santiaguinos. Apostamos al éxito de este plan, por eso presentamos en Contraloría una solicitud de investigación, para establecer la legalidad de las modificaciones del contrato entre el Estado y el AFT, dado que el mayor plazo otorgado genera costos económicos y políticos al gobierno y a la ciudadanía. Queremos conocer quién tuvo acceso al informe de la Fundación Chile que en marzo del 2006 señalaba severas dificultades de implementación del sistema, que lo hacían inviable. Esas evaluaciones fueron subestimadas por la autoridad y se permitió a Sonda continuar adelante. En los hechos, esto es la crónica de un fracaso anunciado", advierte el senador.

Muchos piensan que el informe de la Fundación Chile debiera hacerse público. El documento se mantiene en secreto o reserva por el Ministerio de Transportes. "A la luz de los fracasos debe conocerse, así como también hacerse pública la evaluación técnica que le permitió a Sonda continuar adelante con su propuesta. Contraloría debe determinar si se cumple a cabalidad el sistema de Control de flota, el que incorpora ocho elementos tecnológicos en cada bus, entre ellos: sistema de localización (GPS), contador de pasajeros, control de puertas, sistema de intercambio en línea del conductor y la central de operaciones; botón de pánico, pantalla informativa a los pasajeros, etcétera. Lo más grave es que ya es evidente que la tecnología que se contrató en la licitación y que fue la comprometida, no es la que se está aplicando, no es la que se presentó en las bases de licitación. Se le dijo al Ministerio de Transportes que se instalaría el sistema con un soporte informático ya probado en el mundo, y no se cumplió, no se instaló la tecnología de TIMM. Se intenta implementar un sistema que no tiene correlato en ningún país", agrega el senador Navarro.

"El gobierno ha sido muy complaciente con Sonda ya que el software prometido ‘está en construcción’… El software no existe, recién se están buscando fórmulas para crearlo, por lo tanto, Contraloría debe investigar si es ilegal que se esté utilizando tecnología cuando no es la pactada en las Bases. En esto el gobierno ha sido voluntarista, la gente no puede esperar que en marzo todo funcione cuando no va a ser así. Quiero saber por qué Sonda implementó una tecnología que no es la comprometida en las bases de la licitación. Es una grave ilegalidad. Los contratos exigen que se cumplan elementos tecnológicos, los que deben estar montados en los buses, elementos que se licitaron y no han sido instalados", concluye el senador Alejandro Navarro.

Plazos que no se cumplen

La presidenta Michelle Bachelet ha reconocido las dificultades sufridas por los

 

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