El Congreso y el informe sobre la salmonicultura

Columna de opinión de Francisco Pinto, Coordinador Programa de Recursos Naturales de Fundación Terram, publicada en La Nación el 27 de marzo de 2007.


Es importante destacar esta iniciativa como un primer esfuerzo del Legislativo por dimensionar el impacto de una de las actividades de mayor relevancia para nuestro país. No obstante, el documento no lo hace de modo correcto.

Hace poco, la Cámara de Diputados aprobó el informe sobre los impactos ambientales y laborales de la actividad salmonera en las regiones de los Lagos y de Aysén, análisis que fue confeccionado por la Comisión de Pesca debido a la inquietud creciente y demanda ciudadana de conocer el impacto real de la salmonicultura en la zona austral del país.

El informe, de 119 páginas, resume las exposiciones y los antecedentes expuestos por los representantes de los organismos convocados a la Comisión. Propone una serie de desafíos a la industria, todos ellos de carácter muy general, incluso en materias particulares. Pero no señala qué pasos debe seguir el Congreso respecto de las propuestas concretas de perfectibilidad de las normas actuales o de un diseño institucional ante el desafío del crecimiento sostenido.

El diagnóstico no resulta un aporte a lo que hasta ahora se conocía en lo laboral y ambiental. Se aprecia en las conclusiones que, en líneas generales, la visión y los testimonios empresariales se imponen con amplitud al juicio de los trabajadores, la sociedad civil e incluso a algunas instituciones fiscales (Dirección del Trabajo). En otras palabras, las conclusiones exiguas del texto no representan en absoluto la impresión de los ciudadanos y, en particular, de los trabajadores, que han sido los menos beneficiados (o los más perjudicados) por el producto estrella de la economía chilena.

Es importante destacar esta iniciativa como un primer esfuerzo del Legislativo por dimensionar el impactos de una de las actividades de mayor relevancia para el país. No obstante, no lo hace de modo correcto, en especial debido a las proyecciones que indican que en 2013 la producción habrá duplicado las cifras actuales (esto significa 1,2 millones de toneladas brutas de salmón). No se incluye el desafío de esta moderna y globalizada industria para una cultura tradicional o las secuelas que genera su crecimiento. Tampoco analiza la “brecha institucional y normativa” creciente del sector. Mientras la salmonicultura se ha desarrollado de modo sostenido, a una tasa de 20% anual los últimos 16 años, la institucionalidad reguladora y fiscalizadora se encuentran cada vez más incapacitada de cumplir su tarea.

En el tema laboral, se concluye que la información disponible es insuficiente y dispar, pese a que la Dirección del Trabajo afirma que la tasa de infraccionalidad es de 80,43%, y que la Asociación Chilena de Seguridad indica que la tasa de accidentabilidad es 10,43%, muy superior al promedio nacional, de 7,96%. Se señala que la subcontratación está entre 4% y 6%, aunque otras instituciones indicaban que superaría el 50%.

En lo específico se “generaliza” con obviedades como que resulta necesario intensificar la fiscalización, hacer cumplir las normas, impulsar la capacitación, reforzar la responsabilidad social. Pero en ningún caso se señala el cómo y cuánto es necesario para obtener una mejora sustancial. En lo medioambiental, los resultados son todavía más difusos. Como gran consenso se habla sobre la necesidad de generar una mayor información. En cuanto al impacto de la contaminación de los fondos, escapes de salmones, uso de antibióticos, alteración del valor paisajístico o de la alimentación de peces, se trata de temas minimizados, argumentando falta de información.

Se sugiere suscribir pronto un segundo acuerdo de producción limpia (APL) entre la industria y el Gobierno, lo que puede ser un aporte al sector. Pero preocupa el impulso que se le da a la autorregulación. Cabe recordar que un número importante de empresas suscritas al anterior APL aparecieron más tarde con infracciones ambientales debido a la sobreproducción, centros de cultivos ilegales y vertederos clandestinos. ¿Qué pasa con el insustituible rol fiscalizador del Estado? El documento no representa avance alguno para una salmonicultura sustentable. Mientras la producción y venta de este recurso sigue avanzando a la velocidad de un jet, la normativa e instituciones lo hacen como si fueran en bicicleta.

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