Comunicado de Prensa, Fundación Terram, 01-04-05
Las políticas actuales que regulan al sector pesquero han permitido, según Pinto, la explotación desmedida de los recursos, lo que se evidencia en el colapso que hoy sufre la industria por la dramática disminución de la merluza. "Es necesario un reconocimiento del valor de los recursos naturales y el justo cobro por ellos".
“La disminución de la merluza es consecuencia de una legislación que permite la sobreexplotación”
El economista recalcó que "la disminución de la cuota de la merluza en un 49% es una muestra más del colapso que están sufriendo las pesquerías de nuestro país.
"Las autoridades y grupos industriales han señalado a la jibia como la causa principal de esta disminución. No obstante, mucho científicos han advertido disminuciones alarmante en la biomasa de muchas pesquerías producto de la sobreexplotación, agregó.
Al ser consultado sobre la política actual que regula el sector, Pinto enfatizó que "existen graves falencia en el marco jurídico, lo que queda de manifiesto en aplicación de la denominada "Ley Corta? de pesca y la discusión de la Ley Larga de pesca, que aún no es promulgada a pesar de las urgentes necesidades del sector. Sin embargo, en ambas leyes no se reconoce la propiedad pública sobre los recursos naturales, el Estado ha renunciado a ellos y los entrega de forma gratuita a los privados".
Para el economista de Terram "es fundamental para el desarrollo sustentable de esta actividad el que se reconozca el valor in situ que tienen los recursos naturales, concepto económico denominado renta. La renta es el valor intrínseco que tienen los recursos y su utilización debe ser percibida por su dueño así como la utilización de cada factor productivo?". Explicó además que "una manera de captar la renta del recurso es a través de un royalty. Según estimaciones de Fundación Terram, sólo la renta de recursos pelágicos alcanzaría a lo menos a US$1.000 millones".
El especialista agregó además que éste instrumento incorpora criterios de eficiencia a la industria, ya que el cobro del factor productivo permite sincerar los costos, habilitando a que sólo las inversiones realmente eficientes puedan operar, poniendo así un freno a la sobreinversión en el sector y, por consiguiente, a la sobreexplotación de los recursos. Además el Estado recibe el precio justo por el aporte de los recursos pesqueros a la industria aumentando sus ingresos fiscales".
Al finalizar, Francisco Pinto mencionó la falta de voluntad política actual en reconocer la necesidad de cobrar por un royalty a los recursos. "Constitucionalmente, los recursos naturales pertenecen al Estado y, por tanto, a toda la población y deben ser ellos los beneficiarios directos de este cobro justo y necesario".