Royalty a la Salmonicultura

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en diario la Tercera el 02 de abril de 2007.


El Senador Escalona, presentó un Proyecto de Ley para introducir un royalty a la salmonicultura. Si bien el proyecto no tiene destino, pues cualquier iniciativa de esta índole requiere el patrocinio del Ejecutivo, es necesario celebrar la propuesta socialista, pues por fin se inicia una necesaria discusión sobre este tema.

El argumento atrás del proyecto, apunta al enorme beneficio económico que estaría generando la industria y a los magros aportes que estaría haciendo a la economía local y calidad de vida de las personas, así como las externalidades que produce la actividad. A su vez, los empresarios replican que generan enormes beneficios a la región, que ya pagan muchos impuestos y que si se les cobra impuestos adicionales, no podrán sobrevivir.

Sin embargo, esta discusión está mal enfocada. No se trata de los ingresos que genera el sector, la justificación de un royalty no está asociada a los beneficios específicos que genera la actividad, ni tampoco externalidades (en este caso corresponde impuesto pigouviano) sino depende de la existencia de ‘rentas’ y a quién le pertenecen. El concepto de ‘rentas’ es un concepto económico que formuló David Ricardo en el siglo 19. La renta es el valor del recurso propiamente tal, y el royalty o la regalía es el pago al dueño del recurso por ese valor.

Los recursos naturales, tienen asociado rentas independientemente de si son renovables o no. Lo fundamental es si hay escasez. Éste es un concepto relativo y depende de la existencia de un recurso limitado (una oferta fija) y los deseos para consumirlo (la demanda).
En el caso del sector salmonero, las rentas están asociadas al uso del borde costero. Esto queda en evidencia por el alto precio que adquiere la reventa de concesiones. Ahí se manifiesta la existencia de ‘rentas’ y se valoran a precios de mercado.

Ahora bien, la renta se le debe pagar al dueño del recurso. En el caso del agua y del borde costero, son recursos que pertenecen a todos los ciudadanos de Chile, o más específicamente a los ciudadanos de la región. En consecuencia debe existir un pago -un royalty- al Estado o la región por el uso de este recurso, de otra manera aquel que extrae el recurso se apropia de la renta ilegítimamente.

Esto no sólo es injusto, sino además genera una serie de distorsiones en la economía haciéndola ineficiente. Además, fomenta una clase empresarial ‘rentista’ o lo que se denomina en la literatura como ‘rent-seeker’, vale decir, el empresario en vez de innovar y crear riqueza, está preocupado de apropiarse de la riqueza a través de la búsqueda de la renta.

Por ello, el royalty no es un cobro sobre las utilidades, sino sobre el uso del recurso, en consecuencia es más equitativo y más eficiente, desde el punto de vista de económico, una tasa sobre las concesiones otorgadas o las ventas que las utilidades como han propuesto los parlamentarios. En cualquier caso, el debate que Escalona ha abierto no sólo es pertinente, sino fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, de manera que éste sea no sólo eficiente, sino además más justo.

 

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