CELCO y La Impunidad Ambiental

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram publicada en diario La Tercera el 20 de junio de 2007.


El expresidente Lagos tiene razón cuando declara que en Chile existe un antes y un después en materia ambiental, por efectos del caso de la contaminación de la planta de celulosa de CELCO-Valdivia en el río Cruces. Pero la nueva catástrofe de CELCO, ahora en el río Mataquito, demuestra que las lecciones aprendidas son muy distintas a las que él señalaba.

Cuando a una empresa no se le aplica el rigor de la ley, en un caso flagrante de contaminación y cuando un Presidente de la República recibe al dueño de la empresa privadamente, dándole todas las facilidades para continuar operando, la señal es muy clara. El caso CELCO-Valdivia constituye un antes y un después, pero para la impunidad ambiental.

¿Cuándo las señales de la autoridad son de este tipo, podemos culpar a CELCO por implementar su política corporativa de ‘contaminar hasta que me pillen’?. Total después, don Anacleto arregla las cosas.

Si bien, ha quedado comprobado que CELCO no es un ciudadano corporativo responsable, las verdaderas lecciones en relación con este caso, apuntan a la institucionalidad ambiental, y a las señales que una y otra vez envía el Gobierno con respecto al cumplimiento de la legislación.

Por recordar algunas frases célebres: ‘Nadie detendrá el desarrollo de este país’ del Presidente Freí, en relación al caso Ralco. ‘Hay que eliminar los lomos de toro’, Ministro Rodríguez Grossi, en relación al SEIA. ‘Son unos hippies trasnochados’ Ministro Ravinet, respecto a la ampliación de los límites urbanos de la RM. Y la que más me gusta, ‘Ustedes no entienden nada’ del expresidente Lagos, cuando las ONGs ambientales cuestionaron su idoneidad para el cargo como enviado especial para el cambio climático por Naciones Unidas.

La nueva catástrofe ambiental en el río Mataquito es consecuencia directa de la impunidad con que este Gobierno y los anteriores, han enfrentado el incumplimiento de la legislación ambiental vigente, de parte de las empresas privadas como las públicas.

Todos los gobiernos han caído en lo mismo. Actualmente, frente a la crisis energética, el Gobierno tiende a aprobar un proyecto de una planta de propano aire en Peñalolén, con muestras evidentes de incumplimiento de la legislación ambiental. Más grave aún el Gobierno persiste en la idea del fast track en inversiones, con el nombramiento de Carlos Mlanedic, que es nada menos que un funcionario público dedicado a examinar formas de bypasear la institucionalidad ambiental.

En relación con las empresas públicas, la ex ministra de la Segpres, Veloso, que entonces actuaba como Ministra de Medio Ambiente, impulsó un decreto especial que permitía que Codelco continuara contaminando la Laguna de Carén, y a ENAP se le perdona, su ‘pequeño accidente’ en la Bahía San Vicente, sin que gerente alguno, haya asumido aún responsabilidades públicas.

A todas luces, la institucionalidad ambiental es débil y hay que reformarla. Es necesario crear un Ministerio de Medio Ambiente con atribuciones reales. Es necesario elevar ostensiblemente la capacidad de fiscalización del Estado. También es urge diseñar nuevos instrumentos, como los de gestión territorial. Pero nada de esto sirve, si las autoridades persisten en enviar señales de permisividad y continuar con su política de “perdonazos”.

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