La blanda mano del Estado para sus empresas con chimenea

Mientras el dedo acusador de las autoridades apunta a las empresas privadas que contaminan o que no cumplen con las normas ambientales, las estatales tendrían “manga ancha” para botar sus desechos. El Diario 11 de junio de 2007.


Una vez más el “tratamiento diferenciado” en materia ambiental del gobierno quedó al descubierto la semana pasada, tras la muerte de varias especies de peces en el Río Mataquito en la Región del Maule, no sólo por la celeridad con que actuaron las autoridades ambientales (Corema), las que rápidamente apuntaron con su dedo acusador hacia la empresa Arauco y su planta de celulosa en Licancel como la causante del nuevo episodio.

No, también porque este último suceso se produjo justo a pocos días del derrame de petróleo que ocurrió en la Bahía de San Vicente, a raíz de una fisura en uno de los ductos submarinos de la estatal Enap, en donde el ritmo de las autoridades para atacar este problema y determinar responsabilidades, ha sido bastante más lento. De hecho, sólo el alcalde de Talcahuano, Abel Contreras, además de algunos parlamentarios, han levantado la voz para decir que la compañía debe hacerse responsable por los daños al patrimonio ambiental de la zona, mientras que el Consejo de Defensa del Estado se encuentra evaluando si presenta acciones en contra de la petrolera, y la intendenta de la Región ordenó un Estudio de Impacto Ambiental por el suceso.

A este caso se suman varios otros, como ocurre con los residuos industriales líquidos (riles) de algunas unidades de la minera Codelco. Según algunos parlamentarios y sectores ecologistas la firma es la que menos cumple con la norma de riles que empezó a regir desde septiembre pasado. Se trata del Decreto Supremo 90 (DS 90), cuyo incumplimiento por parte de la cuprífera aún no se ha traducido en ningún sumario sanitario por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), específicamente por verter desechos en el Río Coya en la Sexta Región, señala un parlamentario de la oposición. Este hecho habría sido denunciado, indica, y se está esperando una respuesta. Agregan que lo paradójico es que una serie de Pymes, de todos los rubros, han tenido problemas con sus riles y han sido multadas.

Pero el caso más evidente fue el de la aprobación de una normativa “a la medida” para la cuprífera, que le permite sobrepasar los límites de contaminación, como parte de un acuerdo entre el gobierno y la firma. Así, la compañía puede emitir más molibdeno y más sulfatos que cualquier otra empresa del país.

La normativa establece para el molibdeno un límite máximo de un miligramo por litro y el DS 80 le sube a 1,60 mg/l. En el caso de los sulfatos, se indica un tope de 1.000 mg/l, mientras que el DS 80 permite a Codelco el doble, es decir, 2.000 mg/l. Esta excepción fue aprobada por la contraloría sólo días antes de la partida del contralor Gustavo Sciolla, pese a que la misma Contraloría había rechazado el decreto dos veces anteriormente. Este hecho cobró relevancia desde el episodio de contaminación al Estero Carén a raíz del derrame de relave del embalse Carén de la División El Teniente, lo que afectó el cauce del citado curso de agua, según el SAG.

Los resultados de la investigación arrojaron que la muerte de varios vacunos de esa zona correspondieron a intoxicación semi aguda por cobre y níquel.
Asimismo, dicho derrame tuvo un impacto en cultivos y contaminó las norias de agua para riego y consumo humano y animal en la comuna de Alhué, Región Metropolitana.

A su vez, esta normativa especial para Codelco llamó la atención, porque a partir de septiembre del año pasado entró en vigor el citado DS 90 que incrementó las exigencias a las empresas para desechar sus riles, constatando la SISS un importante nivel de incumplimiento, mientras que Codelco quedó en estado de excepción.

No obstante, a nivel de gobierno no creen que exista un doble estándar en materia ambiental, y señalan que la ley no distingue entre públicos y privados, y que la conducta de las autoridades se orienta a cumplir con ese precepto, “Así ha sido siempre y así será”, señala la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.

Incluso, frente a la existencia del DS 80, manifiestan que “es una norma que compete a un tramo específico del Estero Carén producto de una discusión -que desde el punto de vista de su legalidad y su constitucionalidad está absolutamente despejada con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional-, es decir, esa norma se ajustó a la Ley y a la Constitución, porque lo que señala la ley es que se pueden dictar normas de emisión para tramos específicos de ciertos cursos de agua”.

Otro caso corresponde a las emisiones de la fundición Caletones, que por muchos años afectó una extensión de 120.000 hectáreas en la comuna de Machalí en la Sexta Región, y a su población, que veía incrementados los casos de enfermedades respiratorias por contaminación de dióxido de azufre y material particulado.

Según indican en El Teniente, el plan de descontaminación de Caletones terminó exitosamente, luego de dar cumplimiento el año 2003 a las normas de calidad del aire en anhídrido sulfuroso (SO2). Desde dicha fecha y hasta el día de hoy se continúan cumpliendo las normas de calidad del aire aplicables, agregan.

Precisan que al día de hoy la autoridad ambiental está en proceso de eliminación de la clasificación de zona saturada al área circundante a la fundición de Caletones, para lo cual se están validando los resultados obtenidos en los últimos años respecto al cumplimiento de la calidad del aire. La eliminación de zona saturada se espera que se obtenga durante este año 2007.

A su vez, indican que la inversión realizada en el plan de descontaminación alcanzó los US$ 270 millones de dólares, en el período 1997 – 2003.

Sin embargo, el diputado UDI, Alejandro García Huidobro, dijo que la Corema de la VI Región está en proceso de declarar como zona saturada el Valle de Cachapoal. Gran responsabilidad en ello, a su juicio, corresponde a las emisiones de la fundición Caletones y el material particulado que levanta el viento desde los tranques de relave ya vacíos del la actividad minera de Codelco en la zona. Esto tiene un efecto nocivo con toda la cuenca, agrega, que es incluso más cerrada que la de Santiago.

Pasivos ambientales

Al episodio de Talcahuano, protagonizado por Enap, en tanto, se suman otros pasivos ambientales de la compañía, de más larga data, pues en la Región de Magallanes ha habido denuncias de ganaderos en contra de la petrolera estatal que señalan la existencia de cientos sitios contaminados, los que en su mayoría corresponden a fosas que construía la firma estatal con el objeto de depositar sus desechos de agua, sedimento y crudo provenientes de pozos explotados. Estos estarían en completo abandono, según fuentes que dicen conocer de cerca el problema, pese a que la empresa ha señalado que se aplica un plan de descontaminación progresivo, en donde habrían grados de avance sustantivos, que permitirían solucionar este tema en el mediano plazo. “Este es un pasivo histórico que tiene Enap”, desde mucho antes de la vigencia de la Ley Ambiental de 1997, indica una fuente.

Pero hay más. De acuerdo a fuentes del Congreso, en el Metro y EFE, algunos de los transformadores de electricidad antiguos en distintas estaciones funcionan con Askarel, un material perjudicial para la salud.

Esto, pese a que en 1982, la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles prohibió su uso.

A juicio de investigadores de la Universidad de Concepción, que presentaron un proyecto Fondef para la eliminación de este tipo de sustancias tóxicas cloradas, existe un mercado nacional de empresas que podrían usar métodos de eliminación de sustancias contaminantes, compuesto por empresas mineras que poseen bastantes cantidades de Askareles, las empresas eléctricas, EFE y Metro, entre otras.

Todo lo anterior, configura un complejo panorama. El país debe velar porque haya un adecuado equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, de forma tal de permitir el crecimiento del país pero dañando lo menos posible el entorno. Lo que no cabe duda es que las empresas públicas deben dar el ejemplo, y que el gobierno y las autoridades deben reaccionar de la misma forma frente a hechos indeseados sobre el medio ambiente.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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