Lecciones del río Mataquito
Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en diario La Nación 17 de junio de 2007.
Sin una nueva institucionalidad, una decidida capacidad de fiscalización y sanción, e instrumentos de gestión territorial, no será posible enfrentar esta crisis y los nuevos desastres ambientales, como Mataquito o bahía de San Vicente, entre otros.
La catástrofe ambiental en el río Mataquito, donde la planta de celulosa de Celco-Licancel habría vertido desechos tóxicos al río y diezmado el ecosistema, afectando la vida de la comunidad y el sustento de los pescadores, ha dejado varias lecciones, y no todas apuntan exclusivamente a la empresa en cuestión.
Primero, con el antecedente de Celco-Valdivia, parece evidente que la empresa Celco –y no una o dos plantas específicas– tiene como política corporativa el incumplimiento ambiental. En consecuencia, el despido de los gerentes de la planta Licancel es insuficiente. La empresa debe reconocer responsabilidades a nivel corporativo; por lo tanto, quienes deben asumir su responsabilidad son Matías Domeyko, el gerente general, y Andrés Camaño, el gerente corporativo de medio ambiente, con sus respectivas renuncias.
Segundo, el eje de la fiscalización en Chile son sistemas de autorregulación y autofiscalización. Por ello, cuando una compañía comete deliberadas acciones ilegales, debe caerle todo el peso de la ley. El Estado no sólo debe sancionar a la planta en forma ejemplificadora, sino también fiscalizar todas las operaciones de la empresa y revisar el cumplimiento legal en todos los ámbitos, desde lo ambiental hasta lo tributario. Esta compañía debe perder la confianza del Estado como un ciudadano corporativo responsable, de otra manera la autofiscalización simplemente no funciona.
Tercero, el caso del río Mataquito es sólo la última expresión de una evidente crisis ambiental, a la cual se suma la contaminación atmosférica de Santiago, Temuco y Chillán, entre otras ciudades más. Esta debe ser una señal de alerta para las autoridades para avanzar en la reforma ambiental. Sin una nueva institucionalidad, una decidida capacidad de fiscalización y sanción, e instrumentos de gestión territorial, no será posible enfrentar esta crisis y los nuevos desastres ambientales, como Mataquito o bahía de San Vicente, entre otros. A raíz de lo aquí expuesto, urge avanzar en una nueva institucionalidad ambiental.