Mataquito
Columna de opinión de Pedro Serrano, Presidente Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 21 de junio de 2007.
En el río Mataquito murieron más de un millón de peces, con hemorragias atroces en la epidermis, los ojos y las branquias. Al paso que morían de convulsiones y dolor, también cientos de aves y hasta algunas vacas fallecieron sólo por beber agua cuando la mancha tóxica pasaba por ahí. Por fortuna era invierno y no había niños chapoteando.
Todo lo que estaba vivo en el tramo de 20 kilómetros que existe entre la planta de Celco-Licancel y la costa, sufrió de un “noxa de carácter altamente tóxico”, según el preinforme de la Universidad Austral de Chile. En chileno, esto significa que “murieron atrozmente envenenados”. La situación -quisiera entender- no constituye un crimen pequeño, sino un mega-bio-cidio, si se me admite la nueva palabra.
Aparte de exterminar la fauna del cauce, está por verse qué pasó con la flora, en especial la acuática. Además, hubo riesgo de muerte para la población humana y se constató el exterminio y la contaminación de recursos para la pesca en el río y su salida al mar. Todo esto, obviamente, llevó a detener las actividades productivas. Celco Licancel, días después de la tragedia, se ha dado el lujo (por descuido, dicen ellos) de lanzar 50 mil litros (según ellos) de tóxicos venenosos al río, pese a la gravedad del derrame anterior.
A esta altura, después de estas criminales acciones, uno se pregunta, ¿por qué aún no hay nadie en la cárcel, no se han decretado arraigos o se ha tomado alguna medida punitiva? Por lo menos ¿por qué la planta no ha sido cerrada de manera definitiva o por qué el Estado no ha cobrado el costo del clarísimo y “enorme daño al fisco y patrimonio nacional” que significa exterminar la vida de un recurso hídrico nacional propiedad de todos los chilenos? Por el lado B de la patria, a una anciana la pillan con dos plantitas de marihuana y empieza a pasarlo mal de inmediato. Es tratada como una criminal y sometida a la justicia ipso facto. Mientras, en el lado A, los mega-criminales del ambiente se pasean impunes y protegidos por sus redes de influencia y poder. Esto es demasiado evidente como para obviarlo o pasarlo por alto. No somos tontos y la rabia también existe.
A raíz de los hechos del caso Celco-Mataquito, esta semana la Presidenta Michelle Bachelet ha recalcado que es necesaria una actitud responsable de las empresas frente a la conservación y el cuidado del ambiente. Pero se debe entender que en el contexto de este tema, Celco ya pasó hace rato de castaño oscuro y que este llamado parece como pedirle a ciertos patos malos que se porten bien. La Conama, la Universidad Austral, hasta la misma empresa reconocen su culpabilidad en los hechos. ¿Tan poderosa es Celco, el grupo económico que lo maneja, que nadie se atreve a aplicar la Constitución, que asegura un ambiente sin contaminación?
En Chile, somos iguales pero algunos lo son más que otros… Nuestra institucionalidad ambiental permite que sin una fiscalización previa y adecuada, una empresa dañe biológicamente un río y luego se dé el lujo de repetirlo y, semanas más tarde, nadie es apuntado con el dedo. El dedo de Ricardo Lagos dejó pasar impune el desastre del río Cruces en Valdivia, donde ocurrió lo mismo, más encima en un humedal de interés para la Convención Internacional Ramsar ¿Será posible y esperable, ahora que tenemos ministra de Medio Ambiente, que ocurra lo correcto o lo “políticamente” correcto?
Mataquito es hoy, junto con el Cruces, emblema de malas prácticas industriales empresariales, permitidas por una incapacidad en la supervisión, por falta de institucionalidad, por permeabilidad política al lobby, por influencia económica… por nuestra aún insustentable República.