Ecologistas critican rigor de estudios ambientales de privados

Programa Chile Sustentable cuestionó demanda para adelantar obras antes de que estudios de impacto ambiental estén finalizados. La Segunda 11 de julio de 2007.


El Programa Chile Sustentable, mediante su directora Sara Larraín, criticó este miércoles la petición de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para que el gobierno conceda un seguro ambiental a los proyectos de inversión, a objeto de iniciar obras antes de que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) estén concluidos. “Como partidarios de mantener el Estado de Derecho, sabemos que sólo el cabal cumplimiento de la ley y su fiscalización en terreno garantizan la sustentabilidad ambiental de los proyectos, así como el sistema democrático. Por eso cabe pedir rigor a las empresas”, dijo la ambientalista.

La petición de los privados se funda en el supuesto retraso en la tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental, ante lo cual la CChC ha presentado una estadística sobre los proyectos que presentarían retrasos. Al respecto, la ambientalista dijo que “esos cálculos son parciales y pueden inducir a error a la ciudadanía”.

Estudios de mala calidad

Al respecto, Sara Larraín recordó que “la más reciente auditoría aplicada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) concluyó que de una muestra de 892 proyectos que buscaban ser aprobados por Declaración de Impacto Ambiental, 788 requirieron una adenda. Es decir, la autoridad entregó observaciones y estimó insuficientes, erróneos o parciales al 88% de ellos, y por eso demandó más antecedentes y estudio. Del total, la mitad fueron objetados por segunda vez y 115 hasta por tercera vez. Esto ayuda a demorar más de lo normal el proceso. Por eso, es sensato que el director de Conama, Alvaro Sapag, mencione que ‘hay estudios de mala calidad, que implican hasta tres adenda’”, dijo Larraín.

La representante del programa Chile Sustentable dijo que “la historia del SIEA está marcada por ejemplos vergonzosos de falseo de información, omisiones o adulteraciones aplicadas a informes científicos; falta de fiscalización estatal sobre datos entregados por la parte interesada; intentos de engañar a la autoridad, o bien, engaños consumados, además de complicidades políticas que atentan contra los fundamentos técnicos y fomentan la ineficiencia y la perdida de legitimidad del sistema”.

Respetar el Estado de Derecho

“Por eso, es cuestionable que la Cámara Chilena de la Construcción pida un seguro ambiental para adelantar obras antes del término de los estudios, y es inconveniente que el coordinador del plan Chile Invierte, Carlos Mladinic, insista en recomendar que la autoridad vele por un cumplimiento exclusivamente formal de la ley ambiental. Sólo la fiscalización en terreno pude dar garantías de sustentabilidad de los proyectos, para mitigar impactos socio-ambientales y sobre las economías locales”, concluyó Larraín.

Según la CChC, los trámites fuera de plazo referidos a proyectos que buscan ser aprobados por Declaración de Impacto Ambiental comprenderían inversiones por US$ 3.187 millones, pero la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) dice que el monto es de US$ 1.600 millones. En cuanto a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los privados hablan de US$ 6.818 millones, mientras la autoridad dice que se trata de US$ 2.500 millones, por lo que los retrasos sumarían US$ 4.100 millones y no los US$ 10.000 informados por la CChC.
 

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