El “nuevo trato” salmonero

La agrupación plantea que es necesario en primer lugar un cambio en la institucionalidad, argumentando que dado el actual tamaño de la industria, con exportaciones que superan los US$ 2.000 anuales y con proyecciones que apuntan a duplicar la producción en pocos años más, se requeriría de una subsecretaría de Acuicultura, para poder ajustar la institucionalidad pública a la mayor dinámica del sector.

En efecto, la salmonicultura ha crecido a tal nivel, que es necesario ajustar las reglas y procesos acorde a las demandas presentes y futuras,  pero este ‘ajuste’ debe considerar no solo los aspectos regulatorios relativos al fomento productivo, es también necesario que el Estado se adecue a los nuevos requerimientos en materia de fiscalización e incentivos tanto en materias medioambientales como laborales. De acuerdo al informe elaborado por la Cámara de Diputados en el marco de la investigación realizada respecto a los impactos de la salmonicultura, la tasa de infraccionalidad en materia ambiental es del orden 13,2%, cifra que no considera que uno de cada cinco informes ambientales presentados por la industria no pueden ser evaluados porque no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos.

Asimismo, cabe destacar que mientras la salmonicultura ha crecido a una tasa promedio anual del 20% en los últimos 16 años, el número de fiscalizaciones y cantidad de personal necesario para realizar estas labores de control lo ha hecho a una tasa bastante menor. Situación similar se aprecia en materia laboral, la Dirección del Trabajo posee una capacidad de fiscalización de apenas un 12%, no es de extrañar entonces que en materia laboral la industria ostente una tasa de infraccionalidad superior al 80%.

En un segundo punto, la propuesta salmonera hace referencia a una petición de trato más igualitario de parte del Gobierno para con los diversos sectores de la economía en materia de recursos públicos, solicitando expresamente contar con un mayor volumen para afrontar las exigencias internacionales. Al respecto, consideramos que si bien la industria juega un rol clave para economía, no se justifica que el gasto del Estado en esta materia sea igualitario entre sectores, éste más bien debe orientarse a sectores más vulnerables de la economía, de tal forma que el país diversifique y fortalezca su canasta exportadora. La industria del salmón – en materia comercial al menos –  se encuentra en una etapa madura, con mercados consolidados y con una cantidad importante de recursos, que les permite gestionar sus intereses particulares a través de una asociación gremial – SalmonChile, que agrupa a más del 80% de la producción-  y un Instituto Tecnológico – Intesal – que les reporta constantemente información relevante, aunque inaccesible para el resto de ciudadanía, porque que es de ‘carácter privado’.

En tercer lugar, la industria señala que el Gobierno debe incrementar el gasto social y de infraestructura en las zonas donde hay presencia salmonera, particularmente en Quellón y Puerto Montt, donde el crecimiento de la población ha más que duplicado el promedio nacional en la última década.

La propuesta salmonera apunta a un mecanismo en el cual el aporte de las empresas a proyectos de mejora sean descontados de los impuestos de primera categoría o global complementario, según corresponda.

No obstante, el ‘subsidio’ al que aspiran los salmoneros sería ineficiente en términos económicos e injusto desde una perspectiva social. Subsidiar a la industria significa que el Estado disminuye sus ingresos y por tanto dispone de menos recursos -por ejemplo para mayor gasto social-. Asimismo, no es posible que el gasto social quede al arbitrio o sea focalizado por privados – que tienen por máxima, velar por sus propios intereses- , es precisamente labor del Estado velar por el bienestar de la ciudadanía en su conjunto.

En este sentido, si la industria – y en esto coincidimos – cree que debe haber un mayor nivel de gasto en las zonas salmoneras, puede pensarse en otro tipo de soluciones. Por ejemplo, que paguen por el uso del recurso natural agua y borde costero que utilizan en el proceso productivo. Actualmente, estos recursos les son cedidos en gratuidad por parte del Estado y solo pagan una patente anual por hectárea que apenas sobrepasa los $70.000. A esto se le debería agregar un impuesto por la contaminación de las aguas y fondos marinos que causa el exceso de nutrientes que vierten, así como la pérdida de la fauna nativa que es depredada por los millones de especimenes que escapan anualmente desde los centros de cultivo. De esta forma, se acotan los impactos ambientales al colocar claros incentivos económicos a la eficiencia, se incorpora un criterio de justicia, al cobrarle a la industria por un recurso que le pertenece al Estado y el Gobierno puede disponer de mayores recursos para invertir en las zonas vulnerables e invertir en mejoras estructurales de puertos y caminos para que la industria pueda mejorar su desempeño. En consecuencia, ganamos todos.

Finalmente, la propuesta contempla la creación de una institucionalidad dependiente del mismo gremio, para que cumpla labores de revisión y sanción en caso de incumplimiento, de tal manera que se minimicen los daños de imagen que puedan ser causados por las malas prácticas sanitarias de algunas empresas. Sin embargo, si la industria quiere impulsar mecanismos autorregulatorios deberá mejorar considerablemente su credibilidad pública y dejar de encubrir a aquellas compañías que acostumbran tener lamentables prácticas ambientales y laborales. El gremio debe entender que si funciona en bloque será evaluado también como tal, en consecuencia la industria en su conjunto será juzgada no por el mejor, sino por el peor de sus representantes.