El necesario fortalecimiento del sistema de áreas silvestres protegidas

La Ley Corta de Bosque Nativo, que debiera ser aprobada antes de fin de año en el Parlamento después de quince años de tramitación, permitirá valorizar una importante superficie de bosque nativo en Chile; cabe recordar que una parte importante de los 13 millones de hectáreas de bosque nativo del país están en manos de pequeños propietarios forestales, que debieran beneficiarse con las bonificaciones al manejo de bosque incluidas en la ley. Así, estos bosques pasarán de ser un recurso un tanto abandonado, a un patrimonio natural de relevancia.

Sin embargo, el Estado chileno otorga en la actualidad una escasa importancia a la conservación de sus áreas silvestres protegidas; claramente, este no es un tema prioritario en la agenda de gobierno, que ha relegado la protección del patrimonio natural de la nación a un segundo plano. En consecuencia, difícilmente está en condiciones de asumir los enormes desafíos en materia de conservación que son necesarios para el debido resguardo de nuestros ecosistemas.

En este contexto, cobra especial importancia la capacidad de los privados de generar y mantener áreas silvestres protegidas, las que han aumentado notablemente en los últimos años en cuanto a número y cantidad de hectáreas protegidas. A partir de este nuevo espacio surgen interesantes posibilidades de colaboración entre el sector público y el privado con miras a alcanzar un objetivo común, como es el resguardo del patrimonio natural de nuestro país.

Sin embargo, para que esta cooperación se plasme adecuadamente, se requiera de parte del Estado, como mínimo, establecer una clara posición frente al tema, que le permita constituirse en el ente que regule la forma en que se desarrollan e implementan estas áreas protegidas privadas. En este sentido, debe existir una normativa que equipare los objetivos y exigencias de los parques públicos a las áreas de manejo de propiedad privada, en términos del adecuado manejo y conservación de los ecosistemas.

Existen actualmente en Chile numerosas formas legales que se aplican para la protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos tanto públicos como privados, pero carecemos de un sistema de áreas silvestres protegidas que integre ambos tipos de iniciativas. Contar con una legislación que establezca un sistema de áreas silvestres protegidas del Estado sería un gran avance, pues permitiría gestionar de mejor forma los ecosistemas que están bajo protección oficial e incorporar adecuadamente nuevos ecosistemas relevantes, como los que se están priorizados en las estrategias regionales de biodiversidad de CONAMA.

Una legislación en esta materia debe incorporar sistemas más modernos de gestión de las áreas silvestres, dentro de un marco de respeto a los convenios internacionales suscritos por Chile en materia de conservación de la biodiversidad. Sólo de esta manera será posible despejar ciertas irregularidades que se dan hoy en día en esta materia.

Tampoco debe perderse de vista el panorama general, pues el fortalecimiento de la legislación en estas materias debe ir de la mano de la necesaria reforma a la institucionalidad del sector forestal en su globalidad. Hasta ahora, CONAF ha tenido un rol fundamental en el sector forestal, pero es necesario reformar este organismo, de manera de poder contar con un servicio público que refleje la importancia que tiene el sector en nuestro país, es decir, que tenga un mayor peso dentro de la institucionalidad del Estado. 

Para abordar la discusión acerca de la institucionalidad de CONAF, se debe iniciar un análisis y debate sobre el sector forestal en su conjunto. Sólo de esta manera se podrá generar un diseño en el que una CONAF de carácter público u otro organismo del Estado, asuma la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio nativo, promover el manejo forestal sustentable en el bosque nativo y en las plantaciones industriales, y que al mismo tiempo sea capaz de aplicar instrumentos de fomento y fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de la normativa para este sector. La importancia que tiene el sector forestal chileno en términos macroeconómicos debe quedar reflejada en una institucionalidad pública de mayor nivel, que sea capaz de dar cuenta de los nuevos desafíos que tendrá que enfrentar el país en materia forestal.