Pascua Lama logra un nuevo triunfo judicial en la Corte Suprema

Máximo tribunal ratificó decisión de anular juicio que cuestionó el proyecto. El Mercurio, 31 de octubre de 2007.


La empresa Barrick Gold, dueña del millonario proyecto aurífero Pascua Lama, obtuvo un nuevo triunfo judicial.

La Corte Suprema ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de hace aproximadamente un mes, que había dejado sin efecto una sentencia de primera instancia -de junio de 2006- que cuestionaba la legalidad del proceso, mediante el cual Barrick compró los terrenos en la cordillera de la Región de Atacama.

Ahora el caso regresará a primera instancia, donde será visto por un nuevo juzgado.

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Frente a esto, el director de asuntos corporativos de Barrick Sudamérica, Rodrigo Jiménez, aseguró que "estamos conformes con la decisión unánime de la Primera Sala de la Corte Suprema que rechazó el recurso que buscaba dejar sin efecto el reciente fallo de la Corte de Apelaciones. De esta manera se confirma la nulidad de la sentencia dictada en contra de Barrick por el 14º Juzgado Civil de Santiago y las irregularidades que rodearon esta decisión, tal como fue corroborado por la Corte de Apelaciones en el reciente recurso de casación".

"En Barrick siempre hemos tenido plena confianza en los Tribunales de Justicia chilenos y en la aplicación adecuada de la ley", concluyó la empresa.

Barrick está hoy ultimando los detalles para iniciar la construcción de su proyecto aurífero Pascua Lama, ubicado en la cordillera de la III Región, en zona limítrofe con Argentina y que costará hasta US$ 2.400 millones.

El 19 de junio de 2006, la jueza suplente del 14° Juzgado Civil de Santiago, María Isabel Reyes Kokisch, acogió una demanda presentada en contra del proyecto minero Pascua Lama por el ingeniero Rodolfo Villar, quien cuestionó la legalidad en el trámite de traspaso de terrenos.

La Corte de Apelaciones dejó sin efecto ese fallo por asuntos de forma, dado que la jueza Reyes omitió el trámite de "citación a oír sentencia" antes de emitir su fallo de 2006 y que, además, la resolución no contó con la certificación del secretario del tribunal ordinario.

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