Piden subsidios para desarrollar geotermia

Garantías tarifarias que hagan rentables los proyectos. Ése es el piso que demandan los especialistas para que esta tecnología limpia y menos contaminante -con un potencial de 16 mil MW- se desarrolle en el país. La Nación, 16 de octubre de 2007.

En medio del debate entre la energía nuclear o las centrales hidroeléctricas de Aysén para superar la crisis energética, la Empresa Nacional de Geotermia (ENG) tiene otra idea en mente. Hace unas semanas presentó un proyecto de exploración profunda en la zona de la Quebrada del Zoquete (en la imagen) -ubicada a 90 kilómetros de Calama- que tiene como objetivo la construcción de dos plantas geotérmicas de 40 MW cada una -con un costo de entre 160 y 200 millones de dólares- y cuyo Estudio de Impacto Ambiental ingresó en agosto pasado en la Corema de la II Región.

El gerente general de ENG, Óscar Valenzuela comenta que, de salir todo bien, la primera planta podría generar electricidad el año 2012. Explica que Chile presenta las condiciones geográficas adecuadas para desarrollar la geotermia. Agrega que, además de éste, ENG tiene un segundo proyecto y más avanzado aún en Chillán con una inversión inicial de 7 millones de dólares y existe un tercero en la VII Región. También destaca que la empresa -formada por ENAP (49%) y la italiana ENEL (51%)- tiene un programa de largo plazo para seguir invirtiendo. Pero pone el freno al hablar de las proyecciones de esta tecnología en el país.

"Donde existe geotermia en el mundo es porque hay algún grado de subsidio o tarifas preferenciales. Por eso es muy difícil hacerla acá. Sin ayuda, va a ser muy difícil que progrese", cuenta. Valenzuela explica que el contexto actual de la crisis del gas argentino es un atractivo para materializar planes geotérmicos. "Sin embargo, estamos en una situación bastante crítica respecto de la rentabilidad del proyecto y necesitamos incentivos. Y la forma más fácil de tenerlos es a través de tarifas y en la medida que podamos vender energía eléctrica a un mejor precio".

El académico Alfredo Lahsen, diplomado en International Institute of Geothermal Research, Pisa, Italia, va por la misma línea. Explica que el país debe tratar de utilizar todos sus recursos energéticos que dispone y, para eso, debiese haber algún tipo de subvención, como ocurre para otras áreas de interés nacional. Subvención, por ejemplo, que dio el Gobierno a la energía nuclear al encargar el informe Zanelli y con los estudios que encargará posteriormente.

Los análisis de Lahsen concluyen que Chile tiene la posibilidad de generar 16 mil MW mediante el uso de la energía geotérmica y, según Sernageomin, existen 115 áreas potencialmente aprovechables. "Para alcanzar el desarrollo de un potencial de esa magnitud se requiere un programa de inversiones bastante grande", concluye. LN

¿Y los géiseres?
 
El proyecto Quebrada del Zoquete se ubica a cuatro kilómetros de los géiseres del Tatio. “No hay ningún riesgo de que se vayan a afectar los géiseres y tampoco vamos a tocar el agua que hoy utilizan las comunidades”, advierte Valenzuela. “Los reservorios que vamos a utilizar se ubican entre 2 mil y 2.500 metros de profundidad y no tienen contacto con las napas superficiales. Usaremos nada más que el vapor para generar electricidad y después reinyectar el agua”.

La explicación no deja tranquila a la comunidad. Representantes de Toconao y del Consejo de Pueblos Atacameños presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y Sandra Berna, alcaldesa de San Pedro de Atacama, presentó observaciones a la Corema rechazando el proyecto. Argumenta que pone en riesgo las aguas que hacen posible la vida en el desierto y el desarrollo de la empresa turística de las comunidades indígenas atacameñas. “Con la alcaldesa y las comunidades locales hemos trabajado desde hace más de un año”, responde Valenzuela, y agrega que puede obtener agua a menor temperatura que puede tener uso industrial o agrícola.

La empresa, además, negó haber realizado trabajos en sus áreas de concesión mientras la Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) o el Estudio de Impacto Ambiental no se resuelvan.