Comunidades exigen participación ciudadana vinculante en materia ambiental
Comunicado de prensa Fundación Terram, 19 de octubre de 2007.
Diálogos ambientales, desarrollados en forma conjunta por las ONGs Ecosistemas, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Acción por los Cisnes y Fundación Terram, generaron un espacio de debate y críticas frente al funcionamiento y a las instancias de participación ciudadana en el país.
Talleres celebrados en Caimanes, Valparaíso, Valdivia y Aysén, en los que estuvieron presentes colectivos que han participado en los conflictos ambientales de más alto impacto en el último tiempo, fueron el precedente del Diálogo Nacional realizado ayer en dependencias de la sede CEPAL en Santiago. El encuentro que se realizó entre las 9:00 y 17:30 horas dio el cierre al proyecto dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuyas conclusiones centrales apuntan a la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, actualmente ignorada por las instancias oficiales, frente a un conflicto ambiental.
Durante la tarde, se ejecutó trabajo grupal entre los asistentes al encuentro, en el cual se consensuaron las principales propuestas a incluir en el tema de participación ciudadana para la reforma ambiental. Algunas de las temáticas fueron: la urgencia de reformular el concepto de PAC, desde un proceso informativo a uno vinculante; se plateó la necesidad de modificar los plazos de PAC y que sean al inicio de los proyectos; el apoyo técnico financiando por el Estado a las comunidades; todos los proyectos ingresen con un EIA; modificaciones en las Coremas y CONAMA, entre otros temas que serán sistematizados y entregados en un documento a la Ministra Uriarte.
Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Terram, en representación de las instituciones organizadoras señaló “estos Diálogos son un punto de partida, un insumo importante que deberá tomarse en cuenta a la hora de debatir y decidir sobre las necesarias reformas institucionales y legislación ambiental, tema frente al cual queda un importante camino por delante”.
Desde una perspectiva global, Guillermo Acuña, representando a CEPAL, reseñó los avances y las graves deficiencias en participación ciudadana y derecho a la información en materia medioambiental a nivel latinoamericano. En los últimos 15 años impulsado, al menos en parte, por procesos multilaterales, los distintos gobiernos del continente han comenzado a diseñar e implementar legislaciones que contemplan instancias de participación, aunque aún subsisten importantes limitaciones.
En palabras del dirigente Omar Rosales, de Pudahuel, quién participó en el Diálogo de la zona central, "hay muchos casos en que se demuestra que la participación ciudadana es formal, es una instancia en la que se expone técnicamente desde la empresa un proyecto, pero que a la larga todo esto no impide la injusticia ambiental que se comete". Agregó además que, de acuerdo a su experiencia, la mayoría de los proyectos más conflictivos se instalan en zonas pobres, donde la población tiene menos capacidad de responder y defenderse, reforzando aún más la injusticia ambiental.
José Araya y Francisco Vásquez, expositores del Diálogo celebrado en Valdivia, una región fuertemente marcada en los últimos años por los problemas derivados de la contaminación de la industria forestal destacaron la necesidad de establecer regulaciones más fuertes y claras hacia las empresas, que muchas veces actúan de manera poco transparente frente a la comunidad. Señalando que es indispensable “que los ciudadanos tengan una tribuna y posibilidades de presentar estudios de igual a igual con la empresa”.
Francisco Vásquez, en tanto, apuntó al sentimiento generalizado en relación a que en el actual sistema “la participación ciudadana no tiene ninguna incidencia en las decisiones de la CONAMA o de las COREMAs. Para que la discusión sea seria es necesario que la participación ciudadana sea vinculante”. Otra opinión reiterada durante la jornada apunta a la responsabilidad que le cabe a las autoridades frente al daño ambiental. “Los funcionarios muchas veces defienden a la empresa”, sostuvo
Hipólito Medina, participante del Diálogo Ambiental de Aysén, señaló que en esa región se siente con fuerza la necesidad que “sean tomadas en cuenta las propuestas ciudadanas en temas cruciales, como es la búsqueda de un crecimiento con sostenibilidad para el país. En cambio, actualmente la participación ciudadana es un ejercicio no válido”. Severino Aguilar, de Puerto Cisnes, señaló que en Aysén existe un conflicto entre “el gran poder de las empresas salmoneras y pesqueras, que dan trabajo a mucha gente, a la cual después es difícil explicarle que esta misma industria contamina y que está destruyendo el medio ambiente, y que esto es una negligencia hacia nuestro futuro; hay una gran contradicción. Por eso, los ciudadanos tenemos que ser tan poderosos como las empresas, que no están exportando salmones sino que la pureza de nuestros ríos”, puntualizó.
Desde Caimanes, Estela Bañados explicó la larga lucha que han debido enfrentar para intentar defenderse de la minera Pelambres por la construcción de un tranque de relaves que amenaza seriamente las fuentes de agua potable y riego de la región. “Lo que hemos pasado nosotros en estos últimos ocho años no puede seguir sucediendo. Hemos acudido a todas las instancias, pero perdimos la confianza en las autoridades; no se tomó en cuenta nada de lo que dijimos durante la participación ciudadana. Finalmente, tuvimos que recurrir a la justicia”. Al respecto, Mireya Rivas relató su reciente paso por México, donde presentó el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, una instancia no vinculante en la que participan personalidades del ámbito judicial de nivel mundial. Allí, las organizaciones ciudadanas de Caimanes lograron un reconocimiento a su labor y una condena a la empresa por daño ambiental, así como a las autoridades de gobierno por su falta de compromiso con la comunidad. “Ojalá que esto sirva para apoyar nuestra posición en Chile, donde aún está pendiente una decisión de la Corte Suprema. Es vergonzoso que tengamos que recurrir al extranjero en busca de justicia”.
Claudia Sepúlveda, de Acción por los Cisnes, apuntó su crítica a la escasa capacidad de autocrítica del Estado. “La Ley de Bases del Medio Ambiente fue vanguardista en su diseño, pero desde su promulgación no ha habido una evaluación de su funcionamiento. Sólo se piensa un hacer una nueva institucionalidad, un nuevo ministerio, sin evaluar cómo ha funcionado lo que existe hasta ahora. No hay una reflexión desde el estado en cuanto a la débil posibilidad de participación ciudadana”.
Los expositores en el Diálogo Nacional de cierre fueron Rodolfo Sapiains, psicólogo comunitario de la Universidad de Chile, quién expuso sobre los impactos psicoambientales que afectan a las comunidades en conflictos ambientales. La presentación se basó en dos investigaciones realizadas en la región metropolitana y en la V región. Claudia Sepúlveda, socióloga ambiental, hizo un análisis sobre la legislación vigente y los conflictos ambientales en Chile. Por su parte, Guillermo Acuña de CEPAL, revisó el tema de la Participación Ciudadana en América Latina. Finalmente, Paola Vasconi Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, expuso a los asistentes el informe preliminar con las principales conclusiones del proyecto.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron, Luis Cordero (asesor de la Ministra de Medio Ambiente), Juan Fernández (PAC CONAMA Nacional), Constanza Pantaleón (asesora de la Ministra Uriarte), líderes ecologistas y representantes de ongs de todo el país.