Informes contradictorios complican la decisión final por planta de Quilicura

Materia en manos del director ejecutivo de la Conama, Álvaro Sapag, quien dijo desconocer presiones "políticas" de ex intendente. El Mercurio, 20 de diciembre de 2007.


El director ejecutivo de la Conama, Álvaro Sapag, sostuvo que la decisión final que él debe adoptar sobre la aprobación o rechazo de una planta de transferencia de basura en Quilicura está resultando bastante difícil, debido a que existen resoluciones contradictorias de los seremis metropolitanos involucrados en la evaluación del plan.

Ello porque los informes técnicos de los seremis de Salud, de Transportes, Obras Públicas y de Vivienda fueron a favor del proyecto, pero luego cuando sus personeros concurrieron a la sesión de la Corema Metropolitana, en noviembre de 2006, sorpresivamente lo reprobaron.

Sapag indicó que debió pedir nuevos informes días atrás a los seremis para conocer por qué el voto de rechazo.

Consultado si hubo presiones "políticas" del ex intendente Víctor Barrueto en dicha reunión de noviembre, el personero respondió que ello deben contestarlo los miembros de la Corema, en la que participó el ex intendente.

"No tengo ninguna señal en el expediente de ello. Yo no participé en dicha sesión. No tengo cómo confirmar o negar ello", dijo Sapag.

El personero de gobierno sostuvo que actualmente está operando estrictamente apegado a la Ley 19.300 sobre medio ambiente, la cual fija atender tanto los reclamos presentados en su momento por la empresa Gersa, titular del proyecto de la planta de transferencia, como la reclamación posterior de la alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo, que rechaza tal estación de paso de basura.

Álvaro Sapag indicó que está estudiando meticulosamente todos los antecedentes para resolver en mérito de los antecedentes y está muy consciente de los intereses de las partes en litigio. Consultado cuándo adoptará la decisión, contestó que no hay plazo para resolver.

La ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, recordó que hay un instructivo vinculante desde marzo pasado que obliga a los seremis a justificar decisiones contradictoras a la hora de aprobar proyectos

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