Ministra Uriarte estudia ampliar la participación ciudadana

Comunidades afectadas podrían tener voz en las Declaraciones de Impacto Ambiental. La Nación, 10 de diciembre de 2007.


En Quilicura lo saben bien: cuando una comunidad se siente afectada por un proyecto, quiere ser escuchada por la autoridad que toma la decisión. No ocurrió en su caso y se trata casi de una generalidad: 80% de las iniciativas que ingresan al sistema de evaluación no deja espacio a la réplica. La nueva institucionalidad podría cambiar ese mudo escenario.

Si hay algo que tiene molestos a los vecinos de Quilicura, es que el proyecto de la planta de transferencia de residuos que la empresa Gersa pretende instalar en esa comuna fue aprobado por la autoridad medioambiental sin la posibilidad involucrarse el proceso de decisión. "Nuestra opinión no contó para Conama, a pesar de que es un proyecto que nos afecta directamente. Era justo tener un espacio para dar nuestra opinión", comenta Verónica Zamorano, dirigente de la junta de vecinos de Parque Central, el barrio más próximo al lugar donde se ubicaría la planta.

La voz de Verónica y de los vecinos que se sintieron afectados negativamente con el proyecto quedó relegada. La participación ciudadana en la tramitación de proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sólo está asegurada para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la planta de trasferencia fue aprobada vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Un dato: el 80% de los proyectos que ingresa al SEIA se aprueba mediante una simple DIA. Es decir, la posibilidad de una participación ciudadana en el proceso de evaluación de proyectos se reduce al 20%.

La escasa posibilidad de hacerse escuchar por parte de las comunidades que se consideran afectadas por proyectos podría revertirse. Ampliar la participación ciudadana a todas las etapas del SEIA es una de las conclusiones que se sacaron en limpio de los talleres y seminarios convocados por la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, en el que participaron más de mil 400 personas, entre representantes de la comunidad, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones empresariales, funcionarios y otros. Estos encuentros se efectuaron en todo el país durante cuatro meses para buscar opiniones respecto del rediseño de la institucionalidad que finalizará con la presentación de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia.

"La ciudadanía percibe que muchos proyectos que ingresan vía Declaración de Impacto Ambiental los afectan muy significativamente", explicó la ministra Uriarte, invitada a un seminario de ONGs ambientales organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez. "Necesitamos dar una mirada como país respecto a si va a ser ese el porcentaje que se va a mantener y en esas condiciones, o bien, lo ajustamos de manera de dar una satisfactoria respuesta en torno a la legitimidad y a la tranquilidad de las decisiones que al autoridad toma", agregó. La autoridad se inclina por la segunda vía.

Uriarte, quien anoche se embarcaba a Bali para participar en la XIII Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, explicó que queda en evidencia que la participación ciudadana, tal como está concebida en la actual dinámica de gestión ambiental, no da respuesta al requerimiento ciudadano para dar una voz a la hora de evaluar proyectos que van a tener impactos en la calidad de vida de las personas o medioambientales. Por eso, aseguró, le parece que un cambio se hace muy necesario y este punto será parte del análisis del resideño institucional que culminará con la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

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