Año 2008 sería decisivo para la creación de la nueva institucionalidad del Medio Ambiente

Así lo afirmó el senador Alejandro Navarro, presidente de la instancia, quien explicó que existe el compromiso de la Ministra Presidenta de Conama, Ana Lya Uriarte, para que a partir de marzo, el gobierno ingrese al Parlamento una reforma profunda a la Ley de Bases del Medio Ambiente. Senado.cl, 31 de enero de 2008.


Un cambio “profundo” a la actual institucionalidad del Medio Ambiente y a la Ley de Bases vigente desde 1997, abordará la Comisión especializada de acuerdo al compromiso contraído por la Ministra Presidenta de la CONAMA, Ana Lya Uriarte.

El senador Alejandro Navarro, presidente de la instancia, explicó que “existen en trámite un número considerable de iniciativas parlamentarias que modifican diversos aspectos de la Ley de Bases de Medio Ambiente, en especial en lo relativo al fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación ciudadana”.

Sin embargo, aseguró que “estas iniciativas están a la espera de la reforma que enviará el Ejecutivo, a partir de marzo, y que recogerá gran parte de estos proyectos para generar un nuevo marco legal que mejore los actuales mecanismos de fiscalización y de participación ciudadana”.

Indicó que “se trata de modificar la Ley de Bases de Medio Ambiente con el fin de adaptarla a los cambios y nuevos procesos que ha experimentado la institucionalidad ambiental desde 1997 a la fecha, ya que sus principales deficiencias están claras: la ausencia de mecanismos de participación ciudadana”.

Por ello, el senador Naranjo precisó que “la ministra Uriarte tiene la doble tarea de generar una institucionalidad y fortalecer la acción del Estado en todos los Ministerios para promover el respeto del medio ambiente porque hoy este tema está ausente en la Ley de Bases”.

Otro desafío importante será “generar un marco legal para la investigación científica y tecnológica, para que sea capaz de ser garante frente a los proyectos que hoy día, son de pago y orden del mandante, ya que esto significa un debilitamiento de la credibilidad de los mismos”.

“Esperamos que se garantice que las universidades puedan generar sólo una evaluación de impacto ambiental o prestar asesoría de apoyo técnico científico al Estado, de tal manera de salvaguardar que una misma institución no cumpla las dos funciones, porque eso genera desconfianzas en el sistema” sostuvo el legislador.

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