Contraloría establece desorden y falta de prolijidad en la Conama

No había seguimiento a pago de multas. En el documento que fue dado a conocer esta semana, se detallan situaciones que si bien no constituyen hechos de corrupción, revelan hasta qué punto la ley del medio ambiente es letra muerta debido a que el aparato estatal no está preparado para cumplir los plazos establecidos en la misma. En los procesos que debe sancionar la entidad no había folios, y se dictan resoluciones aprobando iniciativas sin fundamentos. El Mostrador, 27 de enero de 2008.


Desorden, incumplimiento de los plazos que establece la ley para algunos procedimientos ambientales, entre otros, fue lo que halló la Contraloría General de la República (CGR) en la Conama de la Región Metropolitana.

En un informe que fue dado a conocer este viernes, los auditores del organismo entregan una visión de hechos que carecen de la figura de la corrupción, ciertamente, pero que contienen otros como "dilatación de procedimientos", que los órganos encargados para evacuar informes a la Conama se demoran por falta de personal, por ejemplo.

Y la advertencia fue clara al actual director de la entidad, Álvaro Sapag Rajevic: Corresponde que la autoridad resuelva a la brevedad las medidas respectivas para salvar las observaciones formuladas, cuya efectividad esta Contraloría General comprobará en futuras fiscalizaciones".

Básicamente, la investigación versó sobre la aplicación de la ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su respectivo reglamento y las evaluaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y la fiscalización de los mismos entre enero de 2006 a septiembre del año pasado.

Para llevar adelante la revisión, la CGR auditó, por ejemplo el control interno. En este aspecto, faltaba documentación en algunos archivos de las DIA, porque estaban guardados en una empresa externa. La Conama se defendió señalando que, en algunos casos, hay organismos del Estado que carecen de firma electrónica para hacer más expedita esta función.

Otro acápite del informe apunta a los plazos de evaluación que demoraron desde los 60 días que señala la ley a 200.

La CGR también estableció que las acreditaciones de "personería jurídica" también fallan en la Conama. Según establece el informe, este tipo de documentos deben ser ingresados por el representante legal. Pero la Contraloría no encontró ninguno de ellos en los expedientes seleccionados para la revisión.

En las revisiones de proyectos ambientales en terreno, la CGR también halló anomalías: expedientes mal foliados, falta de documentos a los otros organismos del Estado, seguimientos deficientes del Comité Operativo de Fiscalización, entre otros aspectos.

Por último, los auditores establecieron que la Conama no hacía un seguimiento a las sanciones en dinero que se le formulaban a distintas empresas y que son tramitados por la Tesorería. De hecho, sólo se realizó este procedimiento a petición de la Contraloría.

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