Instan a dar carácter vinculante a informe técnico entregado a Coremas

En Estudios Ambientales. Socios del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, se refieren a la ley de medio ambiente y su aplicación. Estrategia, 08 de enero de 2008.


Un llamado a mejorar la institucionalidad ambiental, generando una mayor certeza en las reglas del juego para evitar desincentivar la inversión, realizaron los socios del estudio de abogados Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, Juan Paulo Bambach, encargado del área Recursos Naturales, y Juan José Eyzaguirre, del área Medio Ambiente.

Ambos juristas, junto con precisar que la legislación chilena ha avanzado mucho desde la dictación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en 1994, propusieron una serie de perfeccionamientos.

Eyzaguirre fundamentó esto señalando que hay que “mejorar lo institucional para eliminar subjetividad en la evaluación ambiental de proyectos” y que se requiere “la dictación de mayor cantidad de normas de emisión y calidad en una serie de componentes, que son los que fijan los límites máximos. Esto ayudará a rayar la cancha y reducir la subjetividad”.

Bambach comentó que “el gran éxito de la minería en Chile fue el marco jurídico que permitió invertir con certeza de reglas” y planteó replicar esto  en el área ambiental, a fin de “que no haya un trato desigual para situaciones similares”. Advirtió también que “podemos dictar miles de normas, pero si al final la autoridad las aplica en forma equivocada o si los temas se judicializan, y los tribunales resuelven materias ambientales sin tener el conocimiento técnico, puede generar un alto grado de incertidumbre en el inversionista”.

Modificaciones

Eyzaguirre comentó que las mayores falencias y debilidades se encuentran en el sistema de evaluación ambiental de proyectos. Bambach explicó que esto sucede porque “lo que originalmente nació como un instrumento de evaluación, con un gran componente técnico, ha ido dando paso a que primen razones políticas en forma bastante arbitraria y dando espacio a participaciones ciudadanas no contempladas en la legislación, lo cual va entrabando el proceso y alargando plazos de los proyectos mas allá de lo previsto en la ley”.

Por lo anterior, estos abogados plantean dar carácter vinculante al informe consolidado de evaluación que elaboran servicios especializados y técnicos, que analizan los proyectos de inversión, y que es entregado a las comisiones regionales de medio ambiente, Corema, para que estas resuelvan.

Eyzaguirre señaló que este documento “es vinculante en muchos países. Que en Chile eso no ocurra, ha significado múltiples problemas, en casos en que si decía que había que aprobar un proyecto, la Corema dijo que no, o viceversa”.

Precisó que otro cambio legal que debe ser estudiado por la autoridad, se refiere a la integración de las Corema, que “tienen a cuatro consejeros regionales que no poseen los conocimientos técnicos suficientes respecto a  temas ambientales, ahí esta la base del problema”.

Bambach agregó que en el área medioambiental “se fiscaliza más a las empresas grandes, que son las que proveen información a la autoridad. Las ahogan con requerimientos de antecedentes y monitoreos, en circunstancias que hay gran parte de la actividad al margen del cumplimiento de las normas ambientales”.

Estos abogados coinciden en que no se trata de “llenarnos de normas. Lo que necesitamos es que se transparente más la toma de decisiones siempre en base a factores técnicos”.

En materia institucional, destacaron como un paso positivo el que haya sido nombrada una ministra del Medio Ambiente y la próxima creación de la Superintendencia Medioambiental, dotada de mayor autonomía y menor dependencia del poder político.

 

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