Observación a convenio de OIT levanta polémica

Organizaciones indígenas y de derechos humanos rechazaron la "declaración interpretativa" del artículo 35, del Convenio 169 de la OIT, que la comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó en el contexto de ratificación de ese instrumento internacional. IPS, 10 de enero de 2008.


La aceptación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 por la Conferencia Internacional del Trabajo, ha sido una promesa de los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, desde la recuperación de la democracia en 1990.

Ingresó al parlamento en 1991 y sólo en 2000 fue sancionado favorablemente por la Cámara de Diputados. Finalmente el martes fue aprobado por unanimidad en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con lo cual quedó en condiciones de ser votada en sesión plenaria a partir de la próxima semana, su último trámite.

Pero los cinco senadores que componen esa comisión, tres de la Concertación y dos de la Alianza opositora de derecha, decidieron zanjar sus reparos al Convenio, de 44 puntos, haciendo una "declaración interpretativa" del artículo 35.

La Concertación está integrada por los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Social Demócrata (PRSD), mientras que las colectividades de derecha son Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI).

El artículo 35 señala que "la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales".

"El gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35, del referido instrumento internacional, en el sentido que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes", dice la enmienda en discordia.

El senador Roberto Muñoz Barra, del PPD, explicó que esta declaración "no modifica ni una letra del Convenio 169 de la OIT", pero sí la desvincula de la, "bastante amplia", Declaración sobre los Derechos Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2007, con el voto de Chile.

El objetivo de los legisladores era evitar "confundir" ambos instrumentos.

"Esto significa que no queremos que declaraciones o recomendaciones que pudiesen surgir de otros organismos de la comunidad internacional puedan ser unilateralmente obligatorios para Chile y así (con la aclaración) se despejaron todas las dudas", acotó el senador Juan Pablo Letelier (PS), hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en 1976 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Washington.

Ya se han manifestado en contra de la "aclaración" el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, el partido mapuche Wallmapuwen, la Asamblea Mapuche de Izquierda y la Identidad Territorial Lafkenche.

"Con esta aprobación ‘a la chilena’, el Estado en su conjunto protagonizará un triste espectáculo ante la comunidad internacional", dijo al periódico mapuche Azkintuwe, el presidente de Wallmapuwen, Gustavo Quilaqueo.

"Se nos habla de democracia, pero cada día se nos cierran los espacios para avanzar en el abordaje de nuestras reivindicaciones, que no son otras que recuperar parte de la soberanía política, territorial y administrativa que por la fuerza los abuelos de esta clase política chilena arrebataron a los nuestros", dijo.

Este jueves, un grupo de dirigentes indígenas protestaron frente al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, y le dejaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet en la cual le manifiestan su oposición.

"La OIT no acepta declaraciones ni reservas. Los tratados y convenios sólo se aprueban o rechazan", aseguró a IPS el senador oficialista Alejando Navarro (PS), quien acompañó a los dirigentes a la Moneda.

"La ratificación del Convenio requiere quórum calificado (de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio), es decir, el voto favorable de 22 de sus miembros. La Concertación tiene 20 legisladores en este cuerpo, por lo cual se necesitan dos votos de la derecha", que se ha opuesto durante 17 años a su aprobación, explicó el congresista.

Para conseguir los votos faltantes, el gobierno negoció con la Alianza opositora la declaración interpretativa, aseguró Navarro. En una conferencia de prensa realizada en la tarde de la víspera, un grupo de consejeros indígenas de la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), repudiaron la actitud de los senadores.

La Conadi está dirigida por un Consejo Nacional compuesto por ocho representantes de los pueblos indígenas designados por el presidente de Chile y nueve funcionarios de gobierno, entre ellos, el director nacional.

Los consejeros indígenas prefieren "perder" el Convenio a que se apruebe con la mentada enmienda, cuya función sería evitar que se apliquen en Chile tratados y declaraciones más modernas en materia de derecho indígena.

Anunciaron que recurrirán a la OIT para saber si la declaración interpretativa tiene algún efecto jurídico real y si ese organismo aceptará la ratificación del Convenio de ese modo.

Mientras no tengan esa respuesta, exigen al Senado corregir la situación o postergar la votación. "Si tenemos alguna señal de que se va realizar la votación, vamos a generar una movilización nacional", dijo Xenón Alarcón, consejero indígena de las norteñas regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.

"Lamentamos profundamente que el gobierno haya estado más preocupado por dejar satisfecha a la derecha, que dejar satisfecha a la comunidad (indígena). Este no fue el compromiso político que hizo la presidenta Bachelet con nosotros", dijo Hilario Huirilef, consejero mapuche por la región de la Araucanía.

Según Huirilef, los consejeros conversaron sobre el tema con el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien les señaló que la observación "no tendrá ninguna consecuencia negativa". Pero sus asesores les indican lo contrario, dijo.

El hecho se produce justo cuando el pueblo mapuche, la principal etnia del país, está de luto por la muerte del joven universitario Matías Catrileo, quien fue baleado con una subametralladora UZI por un efectivo de Carabineros (policía uniformada), mientras participaba junto a un grupo de comuneros en la toma de un predio privado.

La tragedia generó una ola de manifestaciones de organizaciones indígenas y de defensa de los derechos humanos. El miércoles, una decena de personas fueron detenidas en Temuco, capital de la región de la Araucanía, mientras realizaban una marcha no autorizada, entre ellas la madre y la hermana de Catrileo.

En el portal de videos YouTube el miércoles fue subida una grabación donde aparece Catrileo arengando a sus hermanos mapuches unos meses antes de morir.

"Nosotros no podemos concebirnos como mapuches sin tener tierras, sin tener territorios, y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación", dice Catrileo en el video de tres minutos y 13 segundos.

"Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches, somos aparte, somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y que va a morir aquí, va a morir peleando, aunque sea peleando", concluye.

A esto se suma la indiferencia mostrada por el gobierno ante la huelga de hambre de la activista de la causa mapuche, Patricia Troncoso, de 37 años, que ya suma casi 90 días.

"Esta es la peor crisis que ha tenido un gobierno de la Concertación en materia indígena. La muerte de Catrileo y la huelga de hambre de Troncoso generan un ambiente complejo para aprobar el Convenio con esa observación. Más bien, creo que es un acto de provocación", dijo el senador Navarro.

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