Ministerio de Medio Ambiente

Este fin de semana su diario dedicó una editorial a los anteproyectos de Ley que crean la Nueva Institucionalidad Ambiental en nuestro país, destacando que dichas iniciativas “ciernen la sombra de una mayor burocracia y de un regulacionismo creciente”. Sin embargo, su análisis se limita a centrar la política ambiental del país en el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Si bien no es mi intención hacer una férrea defensa de los anteproyectos, pues creo que éstos tienen serias deficiencias en algunas materias, como por ejemplo la participación ciudadana; como parte de una organización que ha impulsado la reforma a la institucionalidad ambiental vigente, destaco la lógica que hay detrás de este nuevo diseño institucional que separa las funciones de diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, incluidas las de protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables -en el Ministerio- de las funciones de evaluación ambiental de los proyectos -que radicará en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental- y concentra en un solo organismo, la Superintendencia Ambiental y la fiscalización.

En este nuevo diseño la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, que implica también la eliminación de las Coremas -factor político- como ente resolutor, lejos de hacer el sistema más burocrático, lo que se busca es “simplificar la permisología ambiental” actualmente existente, facilitando el camino a los privados en la tramitación de sus proyectos. Esperamos no un relajo de la normativa sino una buena evaluación de los proyectos.

La lógica detrás de este diseño es que finalmente el país deje de hacer política ambiental en la evaluación de cada proyecto y exista una autoridad y una institución claramente definida y distinta de la evaluación de proyecto, destinadas a dar las directrices de hacia dónde se debe avanzar en materia ambiental en Chile y cómo responder a los nuevos desafíos ambientales internacionales.