Rol de la sociedad civil y políticas públicas

Hace algunos días fuimos testigos de una nueva polémica en torno al filántropo ecologista Douglas Tompkins, a raíz de las declaraciones de personeros de gobierno sobre su situación migratoria y financiera. Sin embargo, hay una arista del asunto que debe ser debatida y puesta en su justo lugar, ya que tanto funcionarios públicos, empresarios y medios de comunicación le han dado amplia cobertura, cuestionando la actuación de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de temáticas medioambientales y sembrando dudas en torno a sus fuentes de financiación. El Subsecretario del Interior, Felipe Harboe, llegó incluso a afirmar que el gobierno va a “aumentar los niveles de control a todas las organizaciones no gubernamentales”.

Esto, sin duda, constituye una velada amenaza al trabajo de las ONG’s -y en este caso hablamos no sólo de las ambientales-, y por lo tanto a la libertad de expresión de la sociedad civil en su conjunto. Lo que pasan por alto los diversos referentes, incluido el subsecretario, es que las ONG’s juegan un rol fundamental en todas las democracias modernas. Como sociedad civil organizada, las ONG’s representan intereses diversos y son una voz necesaria y alternativa frente al Estado y al poder económico privado.

Además de las organizaciones enfocadas en temáticas medioambientales, las ONG’s realizan valiosos aportes en áreas tan diversas como derechos humanos, infancia, derechos de la mujer, igualdad, acceso a la justicia, desarrollo comunitario, educación, etc. Entre las que trabajan en Medio Ambiente, en tanto, también existe una amplia variedad: aquellas que se dedican al análisis y propuestas de políticas públicas, las que trabajan en conservación, en protección de especies en peligro, educación ambiental, etc. Todas y cada una de ellas realizan un aporte valioso y necesario para el país.

Es importante señalar además que ninguna de estas organizaciones está al margen de la ley; su funcionamiento está sujeto a controles del Estado (a través del Ministerio de Justicia) y está enmarcado dentro del ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, no se entiende el anuncio de Harboe de incrementar el control sobre las ONG’s, si ya existen mecanismos legalmente establecidos. A menos que sus dichos constituyan, como se ha señalado, una amenaza velada.

Al contrario de lo que parece ocurrir en nuestro país, la mayoría de las sociedades modernas han comprendido el papel clave de las ONG’s para la democracia, y han actuado en consecuencia, estableciendo un sistema público de financiamiento a través de rebajas de impuestos u otros mecanismos. Esto permite, por una parte, transparentar su labor, y por otra, asegurar su subsistencia en el tiempo.

Sin embargo, al igual que en otros temas importantes para la democracia, Chile está muy atrasado, pues carece de mecanismos que faciliten la necesaria financiación de las ONG’s. Pese al invaluable rol jugado por estos organismos durante la dictadura y a su aporte a la recuperación de la democracia, los 18 años de gobiernos de la Concertación han sido estériles en materia de generación de políticas públicas en esta materia.

Poner en cuestión el trabajo de las ONG’s implica cuestionar la libertad de expresión de de los ciudadanos y ciudadanas del país, y reviste la mayor gravedad, especialmente si estos dichos provienen de funcionarios del Estado, que debieran, por el contrario, defender los derechos de todos los chilenos y chilenas.