El Día del Medioambiente y la industria acuícola

Si algo positivo podemos sacar de la severa crisis ambiental y sanitaria por la cual atraviesa la industria salmonera, es que finalmente el cuestionamiento sobre cómo se ha desarrollado la actividad, se ha generalizado en la discusión pública. Además de las organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y Poder Ejecutivo, han mostrado alta preocupación por el tema y se aprecia cierta voluntad política para avanzar hacia una salmonicultura más amigable con su entorno.

Esta ventana de oportunidad incluye la discusión sobre los instrumentos que regulan la actividad. Ciertamente la acuicultura, impulsada principalmente por el cultivo de salmónidos, ha dejado obsoleto el actual marco regulatorio y la capacidad fiscalizadora del Estado, más aún, este último ha propiciado y acelerado el veloz crecimiento del sector, sin considerar oportunamente los impactos ambientales y sanitarios de este tipo de políticas.

Así, durante las últimas semanas se ha posicionado en los medios de prensa, la aplicación de un royalty a la salmonicultura. Al respecto, algunos actores que rechazan este instrumento han manifestado que no corresponde cobrar royalty porque se trata de un impuesto sobre un recurso renovable, mientras que los que están a favor señalan que es justo que se compense a la comunidad por todo el daño ambiental que provoca.

Lo cierto es que, ni lo uno ni lo otro es correcto. Para ordenar un poco esta discusión cabe señalar, que el royalty es un instrumento económico que se aplica con el objeto de cobrar la renta económica de los recursos naturales, es decir el valor del uso. No es un impuesto, sino es el precio de escasez relativa del recurso y en consecuencia, no tiene relación en que éste sea renovable o no.

Por otra parte, si lo que se quiere es disminuir o mitigar el impacto ambiental que genera la actividad, lo que tendría que hacer la autoridad es aplicar un impuesto ambiental (o pigouviano como se conoce en la literatura). En su mayoría, los impuestos distorsionan los incentivos y alejan la asignación de recursos del óptimo social. A diferencia de esto, un impuesto pigouviano tiene la propiedad de corregir los incentivos, para que se tengan en cuenta las externalidades negativas y por lo tanto, se acerque más a la asignación óptima de los recursos.

Ambos instrumentos, royalty e impuestos, no son excluyentes, más aún, la aplicación de ambos orientaría a la industria acuícola y, particularmente, la salmonera, hacia un estado de mayor equidad social y respeto por el medioambiente, dos aspectos que sin duda debieran ser altamente valorados por una sociedad moderna que se precie de tal.

Recordando que hoy celebramos el Día Mundial del Medioambiente, el llamado a una mayor conciencia ambiental es para toda la ciudadanía y en forma especial a las autoridades y parlamentarios, para que incorporen estos criterios e instrumentos en sus decisiones y optemos por una sociedad más justa y respetuosa por su medioambiente.