Estado y protección del entorno

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, parece el marco adecuado para revisar la institucionalidad destinada a proteger el patrimonio ambiental del país. La institucionalidad del Estado chileno es antigua y fue diseñada mucho antes de que surgiera la preocupación y la necesidad de establecer mecanismos regulatorios y de protección ambiental. En esta institucionalidad existen regulaciones sectoriales sobre temas ambientales, pero la estructura del Estado no refleja la importancia de los temas ligados al medio ambiente y a los recursos naturales. Pese a que con el tiempo se han efectuado modificaciones parciales, hasta hoy se conserva una estructura poco adecuada.

La institucionalidad estatal chilena está estructurada de manera sectorial, mezclando en una instancia funciones de fomento de actividades productivas, conservación y protección de ecosistemas naturales y fiscalización. En muchos casos no existe una política específica sobre ciertos temas o, cuando la hay, no tiene relación con la normativa y las acciones que desarrollan los organismos del Estado.

Es impresentable que una misma institución esté a cargo de todas estas funciones, porque en la práctica muchas veces han demostrado ser incompatibles. No es posible, por ejemplo, que existan dos entidades públicas (Subpesca y Sernapesca), que funcionan bajo el alero del Ministerio de Economía, que sean las encargadas de generar la política, ordenar y a la vez fiscalizar toda la actividad pesquera y acuícola en el país, y además ejercer la tuición sobre parques y reservas marinas. Prueba de ello es que durante el auge de la salmonicultura no han logrado regular de manera adecuada a la industria y menos fiscalizarla, lo que nos ha llevado a la actual situación de crisis sanitaria con severas consecuencias sociales y ambientales.

En el caso forestal, la situación es también crítica. El organismo encargado del sector, Conaf, se ha mostrado absolutamente insuficiente para responder a los desafíos que presenta una labor que ha crecido de manera vertiginosa en las últimas décadas hasta convertirse en una de las actividades productivas nacionales más importantes. Es inconcebible que Conaf esté a cargo de velar por la protección del patrimonio silvestre y a la vez sea responsable de aplicar instrumentos de fomento a las plantaciones forestales y fiscalice los planes de manejo.

Resulta igualmente grave la falta de un Ministerio de Energía, repartición que hoy tiene rango de comisión, considerando la relevancia del sector para el futuro del país. Esta inadecuada priorización refleja el escaso interés que desde el Estado se ha otorgado al desarrollo de una política energética, al igual que a otros temas vinculados con el medio ambiente.

Corregir este esquema anacrónico requiere cambios sustanciales en la estructura institucional del Estado. Esta gran reforma debe ir encaminada a separar las diversas tareas vinculadas a la generación de políticas y de normativas efectivas y eficientes para la protección medioambiental. Por un lado es necesario establecer instancias sectoriales específicas, encargadas del fomento a la actividad productiva vinculada a los recursos naturales (pesca, forestal, minería, energía). Por otro, como organismos separados y dotados de todas las facultades necesarias, debe crearse una institucionalidad que fomente la protección y conservación de los ecosistemas naturales marinos y terrestres, tanto en manos públicas como privadas. Finalmente, pero no menos importante, es necesario generar instancias eficaces, autónomas e independientes para fiscalizar las actividades de los privados en los distintos sectores productivos.

La manera en que el Gobierno y el país encaren estos desafíos serán cruciales para el desarrollo futuro del país y para la protección de nuestro medio ambiente, patrimonio de todos los chilenos.