Las multas por infracción ambiental irán de $430 mil a $4.300 millones

Propuesta en proyecto de ley de nueva institucionalidad. Ministra Uriarte destacó que nueva normativa será rigurosa para preservar el medio natural y aplicar fuertes sanciones en virtud del daño cometido por el infractor. El Mercurio, 27 de junio de 2008.


"Estamos innovando en el sentido de que la realidad ambiental actual obliga a tener una institucionalidad moderna que pueda responder ante la operación de grandes empresas con grandes capitales y que en su desempeño deben respetar el medio ambiente, que, de no suceder, implicará la sanción debida".

Así lo expresa la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, al informar del proyecto de ley, ya enviado al Congreso, que crea la nueva institucionalidad ambiental; es decir, un Ministerio del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia.

Es por ello que indicó que una multa de un millón de pesos a una empresa transnacional por un perjuicio ocasionado al hábitat puede no condecirse con el daño causado, situación que la nueva legislación debe atender.

Es por ello que explicó que el proceso sancionador propuesto en el texto legal apunta a tres fases escalonadas (ver infografía).

"Esta es una señal a los titulares de los proyectos (empresas), tanto públicos como privados para tener extremo cuidado con el medio ambiente", dijo.

Agregó que el ámbito de las sanciones caerá bajo la función de la nueva Superintendencia de Medio Ambiente, un organismo autónomo, cuyo máximo cargo quedará bajo la designación del Presidente de la República mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

"La Superintendencia tendrá por objetivo administrar un sistema integrado de fiscalización ambiental destinado a garantizar el debido cumplimiento de las regulaciones del sector", acota la secretaria de Estado, que la próxima semana debe defender la iniciativa en el Congreso.

Las competencias de este nuevo órgano fiscalizador serán el ámbito de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que les permite a las empresas operar así como hacer cumplir las normas de calidad y de emisión cuando corresponda a los Residuos Industriales Líquidos, denominados riles.

Esto último lo fiscaliza por ahora la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

También será competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente hacer cumplir las medidas establecidas en los planes de prevención de la descontaminación que se aplica actualmente en Santiago, por ejemplo, así, como los planes de manejo de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

La ministra Uriarte recalcó que la iniciativa es integrada, de forma que la Superintendencia irá acompañada de un Ministerio del ramo, que definirá las políticas del sector así como hacer las regulaciones del caso, junto con asumir la responsabilidad política en esta materia ante el país.

El Servicio de Evaluación Ambiental se encargará de la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Incentivos

La nueva institucionalidad consagra incentivos como la autodenuncia, que le permite al infractor informar de su falencia ambiental que le hace acreedor a una reducción de la sanción hasta en un 50%. También establece la denuncia ciudadana que le posibilita a un particular identificado denunciar y hacerse parte del proceso y exigir una respuesta de la falla ambiental acaecida. La iniciativa fijará un Registro de Sanciones, en el que se incorpora a los sancionados y a sus representantes, de forma de dar más transparencia.

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