Lineamientos para la Reforma a la Institucionalidad Ambiental

Columnas de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en Portal Ciudadano, el 17 de julio de 2008.


Por estos días se ha dado inicio, en el Parlamento, a la discusión del proyecto de Ley que modifica nuestra institucionalidad ambiental. La apuesta del Gobierno ha sido la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental. En este contexto y sin ánimo ni propósito de desarrollar una propuesta sistémica sobre la nueva institucionalidad ambiental para Chile, sino más bien, con la idea de proponer lineamientos generales que, esperamos, contextualicen las discusiones en el Congreso del Proyecto de Ley, pensamos que la Reforma debe considerar los siguientes puntos:

Primero, toda actividad humana genera algún impacto ambiental y, en consecuencia, la decisión de aprobar, rechazar o mitigar actividades que generan algún impacto ambiental, necesariamente debe ser una decisión democrática -dentro de ciertos parámetros científicos generales-, involucrando a aquellos actores directamente afectados, tanto por el impacto ambiental, como por los beneficios de la actividad económica. Corresponde a las autoridades ambientales representar claramente la naturaleza de la decisión, sus costos y beneficios y a los actores políticos tomarlas, asumiendo frente a los ciudadanos esa decisión con todos los costos políticos si se equivocan.

En este sentido, la principal decisión de la ciudadanía y otros agentes económicos, se refiere a cómo se desarrolla su territorio, por eso una verdadera democratización de las decisiones sobre el impacto ambiental son sobre el uso del territorio. Por ello, introducir instrumentos de ordenamiento territorial con participación ciudadana es crucial para la gobernabilidad ambiental.

Segundo, si bien la transversalidad de la temática ambiental exige mecanismos de coordinación -incluso como aquellos diseñados por el sistema de CONAMA- no se puede coordinar instituciones cuyos incentivos principales se encuentran alejados de los objetivos de la política ambiental. La reforma a la institucionalidad debe partir con los principales Ministerios y servicios sectoriales separando nítidamente las funciones de fomento, con las de conservación ambiental. Por ello, la creación de un Ministerio de Medio Ambiente debe ser la oportunidad para incorporar a este nuevo Ministerio, las actuales atribuciones con que cuenta el Ministerio de Vivienda y el SAG, en la regulación del uso del suelo, las atribuciones de la Subsecretaría de Pesca en biodiversidad marina y control de biomasas pesqueras; de la CONAF en biodiversidad terrestre y parques nacionales; del Ministerio de Obras Públicas en relación al agua, y del Ministerio de Salud en relación al aire, entre otros.

Tercero, la captura de agencia es un problema incipiente en Chile pero real. Es crucial crear una Agencia que mantenga una opinión técnica independiente sobre los estudios ambientales y los eventuales impactos ambientales de proyectos. Asimismo, es fundamental avanzar hacia una Superintendencia de Fiscalización altamente autónoma, con carrera funcionaria, que no tenga temor a fiscalizar fuertemente a las empresas, y con atribuciones para cerrar empresas cuando no cumplan con la legislación vigente, sin intervención política.

Cuarto, debido a la naturaleza política de la decisión ambiental, no es posible concebir instituciones dedicadas a la implementación de la política ambiental independientes, aunque exista el problema de consistencia en el tiempo, pero es fundamental separar la cabeza de la política ambiental del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a nivel nacional, y de la Intendencia a nivel regional. En este sentido, el poder contar hoy con un Ministro(a) de Medio Ambiente es un avance, pero se requiere introducir elementos de autonomía, de manera de acotar el problema de la consistencia en el tiempo de las decisiones ambientales. Esta es la segunda razón por la cual la Superintendencia de Fiscalización debe tener altos grados de autonomía, así como también, lo debe tener la Agencia técnica encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión. Ambas instituciones generarían costos políticos al eventual Ministro de Medio Ambiente, si decide no cumplir con sus objetivos medio ambientales.

Quinto, es necesario mantener elementos de coordinación en la política ambiental. Por ello, la función de coordinación de la actual CONAMA debe mantenerse, presidida por el Ministro(a) de Medio Ambiente; sin embargo, se requiere un instrumento que obligue a los servicios a coordinarse. Por ejemplo, así como el Ministerio de Planificación entrega una resolución, en base a una evaluación técnico-económico-social, a los proyectos de inversión de todo el Estado, el Ministerio de Medio Ambiente podría entregar una calificación ambiental para las políticas, proyectos y programas sectoriales de los distintos Ministerios.

Es fundamental avanzar hacia instrumentos de gestión territorial. Esto es de suma importancia como mecanismo de democratización de las decisiones sobre el uso del territorio, pero también es relevante desde el punto de vista de la gestión ambiental. Chile actualmente enfrenta problemas ambientales que simplemente no podrá abordar sin instrumentos de gestión territorial: el agua, la biodiversidad, la energía, el calentamiento global, la ciudad y el borde costero, son posiblemente los desafíos más relevantes.

En suma, un sistema institucional con un Ministerio de Medio Ambiente que tenga atribuciones sobre los recursos genéricos, aire, agua y suelo; una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, relativamente autónoma; una Agencia técnica de información y estudios ambientales; un Servicio Nacional de Parques; son algunas de las innovaciones desde el punto de vista institucional, de manera de acotar los incentivos perversos que se encuentran en el actual sistema institucional. En lo que corresponde a instrumentos, es fundamental el desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial y evaluación estratégica ambiental. Finalmente, a nivel de la coordinación interministerial, es necesario crear una resolución de calificación ambiental para políticas, programas y proyectos del Estado, entregada por el eventual Ministerio de Medio Ambiente. Estos deberían ser los lineamientos que contextualicen la discusión de la reforma a la institucionalidad ambiental.

 

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