Represas que provoquen inundaciones serán multadas

A dos años de la crecida más grande que han experimentado en 150 años los ríos de la Octava Región, donde se midieron caudales de hasta 5.900 metros cúbicos por segundo en el río Biobío y que ocasionaron la muerte de catorce personas y cuantiosos daños a infraestructura y viviendas en julio del año 2006, el Parlamento se alista a aprobar un proyecto de ley destinado a evitar un hecho similar ante un frente de lluvias torrenciales. En ese entonces, el Estado no tenía -y en rigor aún no- facultades para abrir las compuertas de las centrales antes de que colapsaran y así contar con un recipiente gigante que pudiera evitar o menguar los daños aguas abajo.

Por eso, a poco más de un año que ingresara el proyecto de Ley de Operación de Embalses frente a Alertas y Emergencias de Crecidas, el documento que faculta a las autoridades respectivas a actuar previo a una inundación está a punto de ser aprobado. Así, una vez decretado un estado de alerta de crecida desde la Onemi, los operadores de embalses deberán seguir las indicaciones de un manual. "El objetivo principal es que las empresas frente a una alerta de crecida tengan que evacuar agua antes para que el embalse sirva como un colchón que la reduzca y aminore los daños", dice el director general de Aguas, Rodrigo Weisner.

"Hoy día hay cierta capacidad para predecir un fenómeno de lluvia torrencial y más o menos de predecir cuantos mililitros van a llover en horas. Entonces, con este instrumento, ahora eres capaz de decir que el volumen de agua que va a transcurrir por la cuenca va a ser de tal dimensión que corre el riesgo de que en 24 horas más se inunde tal población", dice Saldivia.

Después de haber sido anunciado en 2007 por la Presidenta Bachelet en la cuenta anual del 21 de mayo, el documento recibió el apoyo unánime en la cámara baja y de la mayoría en el Senado -hubo dos votos en contra-, pero no alcanzó acuerdo en un punto fundamental: el monto de las multas y posibles indemnizaciones en el caso de que el operador del embalse tenga alguna responsabilidad en una inundación.

Las multas podrían ir desde 50 hasta 1.000 UTM por incumplimiento de monitoreo y desde 30 hasta 300 unidades tributarias anuales por no presentar un manual ante la DGA. En el caso de que un posible evento perjudicara a terceros, el operador deberá indemnizar previo informe emitido por la DGA. Ese punto, que pasó a revisión de una comisión mixta, se zanjará hoy en la sesión de la cámara de diputados a las 15:00 hrs.

Instrumento valioso

El documento indica que ante un estado de alerta o emergencia de crecidas, emanado desde la Oficina Nacional de Emergencias, se coordinarían los pasos a seguir según la Onemi, la Intendencia y la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), y se procedería a vaciar el agua acumulada en los embalses. Para ello, todos los embalses y sus operadores respectivos deben registrarse en la DGA y presentar planes de contingencia, instalar y mantener sistemas de monitoreo y contar con manuales de operación frente a estos eventos. "Este instrumento a nosotros nos parece que es extremadamente valioso porque de esa manera puede prevenir riesgos de aluviones, torrentes, caminos cortados aguas abajo", dice el subsecretario del MOP, Juan Eduardo Saldivia.

INFORME RÍO TENO
 
No es la primera vez que las centrales están en el ojo del huracán por una inundación o aumento de caudal. De hecho un informe de la Dirección General de Aguas definirá si Endesa tuvo o no responsabilidad en el manejo de una bocatoma -en mayo pasado-, la cual se habría desbordado haciendo colapsar el puente del río Teno, terminando por cortando el normal desplazamiento de la Carretera 5 Sur.