Salmones sí, trabajadores no

Columna de opinión de Francisco Pinto, Coordinador Programa de Recursos Naturales de Fundación Terram, publicada en El Insular, en la edición correspodiente del 30 de julio al 01 de agosto de 2008.


La crisis sanitaria que vive la industria del salmón y que comenzó hace más de un año con el brote epidémico del virus ISA en la región de Los Lagos, ha dejado miles de víctimas durante este período. Por supuesto, cuando hablamos de víctimas, inmediatamente tendemos a pensar en una solución para socorrerlos.

La mayor mortalidad y consecuente disminución en la cantidad de salmones cosechados ha generado pérdidas millonarias para las empresa; algunas estimaciones señalan que éstas serían del orden de los US$23 millones. De igual manera, las compañías salmoneras que transan en la bolsa registraron durante el mes de junio una caída de hasta un 15%.

La situación alertó a las autoridades y el gobierno ordenó la creación de una comisión interinstitucional para enfrentar el problema, liderada por el ex Sub Secretario de Pesca, Felipe Sandoval. Precisamente a partir de esta instancia, han surgido las primeras medidas correctivas, orientadas a una mayor fiscalización a la importación de ovas y zonificación del borde costero para reforzar las barreras sanitarias en las zonas libres de la enfermedad. Asimismo, se anunció una mayor dotación de recursos para el Servicio Nacional de Pesca, que bordearía los $600 millones.

A nuestro juicio, estas medidas se orientan en la dirección correcta, pero dejan fuera a los principales afectados por esta crisis, precisamente a quienes son los más vulnerables a los vaivenes de la economía: los trabajadores y trabajadoras.

En efecto, la crisis ha provocado que algunas compañías cierren centros de cultivo y plantas de proceso, con lo que en total suman hasta la fecha más de 2.500 despidos; el número total de personas afectadas podrían llegar a las 10.000. Algunas empresas han anunciado traslados de trabajadores/as a otras zonas donde no existe la presencia del virus, pero no existen garantías de condiciones (salario y posición) ni cobertura (porcentaje de empleados que podrán ser recontratados).

Es lamentable que este tema esté completamente ausente de las prioridades del gobierno. La comisión Sandoval no considera los impactos sociales de la crisis y no existe plan de contingencia alguno para absorber a los miles de desempleados. Al parecer (al menos esa lectura se puede sacar de las voluntades expresadas por el gobierno), más preocupado por la salud de los salmones que la situación laboral de las personas que perdieron su empleo.

Aunque se reconoce la relevancia de actuar de forma seria y mejorar las prácticas sanitarias en la actividad salmonera, creemos que es perfectamente posible avanzar paralelamente con planes que garanticen mayor estabilidad a los trabajadores, que se elaboren planes de reconversión laboral, y así como existe un plan con los privados para mejorar sus prácticas sanitarias, también debiera existir uno que garantice a los trabajadores que no habrá despidos injustificados y que se respetarán los acuerdos alcanzados.

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