LAS CARENCIAS DE LA REFORMA AMBIENTAL

Columna de opinión de Flavia liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en revista El Periodista el 08 de agosto de 2008.


La institucionalidad ambiental en Chile es relativamente de reciente data: en 1994 se promulgó la Ley General de Bases sobre el Medio Ambiente, que dio origen a la institucionalidad ambiental constituida por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Conama. Después de tres años de retraso, en 1997 se dictó el Reglamento para la aplicación de esta ley. Esta norma estipula que las funciones de Conama básicamente son: coordinar las políticas públicas en materia ambiental, generar la normativa (normas de calidad y de emisión), monitorear las zonas saturadas y latentes y desarrollar los planes de prevención y descontaminación, y finalmente, constituir el ente técnico encargado de coordinar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Sin embargo, a poco andar se evidenció que esta nueva institucionalidad presentaba problemas, especialmente porque es muy difícil esperar que un organismo que dentro de la administración del estado ocupa un lugar de tercer nivel, pueda coordinar e impulsar adecuadamente las políticas ambientales en los ministerios sectoriales. También son numerosos los casos de conflictos originados a partir de la evaluación de proyectos de inversión en los que las comunidades locales, las organizaciones ciudadanas y la ciudadanía en general se sienten pasadas a llevar, generando un clima de frustración y tensión.

Como consecuencia, se ha configurado un clima de cuestionamiento a la institucionalidad ambiental. A lo largo de estos años, se ha promovido en varios momentos iniciativas para reformarla, pero no es hasta la crisis desatada por la muerte de los cisnes en Valdivia producto del derrame de desechos tóxicos en el Santuario Carlos Andwanter, que se produce la verdadera necesidad de generar un cambio en esta materia. A esto se suma la desfavorable evaluación de desempeño ambiental que hiciera la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) al estado de Chile para el periodo 1990-2004, en las que se establecen recomendaciones respecto a la gestión, la fiscalización y la institucionalidad ambiental del país.

Con este escenario, la Presidenta Bachelet, durante su candidatura, se comprometió a sacar adelante un Ministerio del Medio Ambiente, una Superintendencia Ambiental y un Servicio de Parques. Durante el mes de julio ingresó al Parlamento la prometida reforma a la institucionalidad ambiental. Sin embargo, la propuesta enviada al Congreso presenta deficiencias.

En primer término, no contempla la creación de un Servicio Nacional de Parques o una institucionalidad que se haga cargo de generar un sistema coherente de protección de áreas naturales, las que hoy se encuentran dispersas en varios servicios públicos (CONAF, Subpesca, Bienes Nacionales, Educación, entre otros). La institucionalidad propuesta por el Ejecutivo, además de mantener una dispersión de categorías para la protección de la naturaleza y una dispersión de servicios públicos encargados de su administración y gestión, no soluciona la contradicción que genera el hecho de que al interior de algunos ministerios exista un mismo servicio encargado del fomento productivo y de la conservación, contexto en el cual siempre se prioriza por lo primero.
Otro de los grandes problemas que presenta el proyecto es que la participación ciudadana dista muchos de ocupar el lugar que se merece.

Esta reforma no se hace cargo de ninguna de las demandas ciudadanas formuladas durante años y por tanto no es posible esperar que los problemas y los crecientes conflictos encuentren pronta solución. Es más, no se abordan los problemas de negociación incompatible, como los que se dieron en el caso de Mehuín, y que son una nueva estrategia desarrollada por las empresas para lograr la instalación de proyectos.

Esto resulta más grave si se considera que tampoco se hace cargo de temas tan fundamentales como incorporar la gestión del territorio, ya sea a través de una estrategia de cuencas o del ordenamiento territorial; tampoco se consideran los efectos sinérgicos que provoca la acumulación de proyectos en un territorio.

Iniciar una reforma institucional que no aborda los problemas estructurales del sistema, que han determinado su actual crisis, puede significar un avance sólo a medias o, peor aún, ser el camino al fracaso de la prometida reforma a la institucionalidad ambiental.

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