Ley de acceso a la información: Una ley ciudadana

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el portal partidospoliticos.cl, el 18 de agosto de 2008, y en el diario El Divisadero, el 25 de agosto.


Con la finalidad de analizar las cosas adecuadamente, es siempre importante recordar su origen, las causas que motivaron una determinada acción o, en este caso, la formulación y aprobación de una ley. La reciente promulgación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado no es el resultado de un acto voluntario de parte del gobierno; es producto de un proceso y de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyo origen es un problema ambiental. Este hecho es poco conocido y, evidentemente, el gobierno no se ha preocupado por relevarlo.

La historia comienza el año 1998 cuando Marcel Claude, en representación de Fundación Terram, junto a Sebastian Cox de la ONG Forja y al entonces diputado Arturo Longton, solicitaron información sobre el proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium al Comité de Inversiones Extranjeras. El proyecto Río Cóndor, más conocido simplemente como "proyecto Trillium", fue uno de aquéllos que ha marcado la historia ambiental de Chile, y pretendía realizar una explotación maderera de 103 mil hectáreas de bosques de lenga y coigue en Tierra del Fuego, cuestión que por suerte no consiguió concretar. Pero también marcó historia en el ámbito de la trasparencia de los actos de la administración del estado, como ha quedado constatado con la sentencia de la CIDH y la aprobación de esta ley, que entrega nuevas herramientas para ejercer el control de las instituciones del estado a los ciudadanos.

Ante un proyecto de tal envergadura, se realizó la mencionada solicitud de información ante el comité de inversiones extranjeras, con el objetivo evaluar los efectos que la actividad forestal podría causar en la zona y abrir un espacio para la participación ciudadana en las decisiones del Estado. La información fue entregada pero sólo parcialmente, lo que dio pie para que los solicitantes decidieran presentar un recurso de protección ante los tribunales de justicia chilenos.

Los demandantes consideraron, entre otras cosas, que la denegación de información no respetaba varios artículos de la Constitución Política de la República, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual presentaron acciones judiciales en Chile, que no prosperaron. Por esto, en diciembre de 1998 organizaciones civiles, entre ellas Terram, junto a parlamentarios, presentaron una petición a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el Estado chileno había infringido las normas de derecho de acceso a la información. La Comisión, entonces, solicitó al Estado chileno que entregara sus argumentos. La respuesta de Chile fue que se trataba de información confidencial y que Fundación Terram no tenía derecho acceder a ésta, pues esta confidencialidad era parte de las garantías constitucionales en materia económica que se otorgaba a este tipo de empresas. Después de analizar el caso la Comision Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la petición realizada por Terram y otros y anunció que intervendría en el caso por considerar que sí existe una violación a la Convención de Derechos Humanos.

El 9 de julio de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica por violar el derecho de acceso a información pública y pidió exigir a Chile establecer condiciones que impidan la existencia de este tipo de abusos. Para ello le pide a la corte que le solicite al Estado de Chile adecuar la normativa nacional a la legislación continental y adoptar "las medidas necesarias para la creación de prácticas y mecanismos que garanticen a los individuos el acceso efectivo a la información pública o a la información de interés colectivo".

En Octubre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado chileno favoreciendo las organizaciones civiles demandantes, pero por sobre todas las cosas a los ciudadanos. El fallo señaló que el Estado chileno debe adoptar medidas para garantizar el acceso a información de carácter público a todos los ciudadanos. Este es el primer caso en que un órgano internacional de Justicia se manifiesta sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a información.

Este es un caso emblemático nos sólo para Chile sino también para todos los ciudadanos latinoamericanos, ya que se reconoce que el acceso a la información es un derecho humano y se sienta un precedente a nivel internacional con una acción que nace desde la sociedad civil. Por esto es de la mayor relevancia conocer la historia de esta ley, pues, como se ha señalado, ella no surge de la voluntad política de las autoridades chilenas sino de una imposición emanada de un tribunal internacional; como es costumbre, de esto en el gobierno nadie se acuerda y más bien prefiere ocultarlo. Por ahora, lo más importante es que tenemos ley y por tanto el derecho a solicitar información y ejercer fiscalización ciudadana de los actos del estado.

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