Municipalidades se quejan: Ley de Transparencia “no está financiada”

Aunque se ha señalado que la implementación de la Ley de Transparencia marcará la Agenda de Probidad 2008, el presidente de los alcaldes, Angel Bozán (PPD), revela que los municipios tienen dificultades financieras, tecnológicas y de recursos humanos para enfrentar el desafío.  

-¿Cuáles son los reparos de la Asociación Chilena de Municipalidades respecto de la Ley de Transparencia?  

-La primera opinión que tenemos sobre esta ley es que estamos de acuerdo con la transparencia, con que en el país haya cada vez más transparencia para que el ciudadano tenga la información que estime pertinente para difundirla, defender sus intereses.

 “En definitiva, es una ley muy importante, pero -de la misma forma- tenemos que decir que Gobierno y oposición engañan a la opinión pública legislando leyes que no están financiadas, que no se respalda con los soportes económicos indispensables para que estos derechos ciudadanos puedan cumplirse en tiempo y forma”.  

-¿Qué dificultades implica la implementación de la ley para los municipios?  

-Los municipios de Chile no están en condiciones de tener en tiempo y forma la respuestas que los ciudadanos están en su legítimo derecho de pedir. Esta ley tiene como base, se supone, que todos los municipios tienen una página web, para que el trámite sea expedito y muchos no la tienen. Si estamos hablando de una de las leyes más importantes tenemos que darle soporte financiero y técnico, si no ésta es una ley de mentira que han creado la oposición y el Gobierno en el Parlamento.  

“Parece que no saben cuáles son las capacidades que tiene cada municipio, porque el mismo Senado hace pocos días rechazó el artículo 121, que le hubiera permitido a los municipios nombrar 120 direcciones de control y 100 direcciones jurídicas que hoy día no existen, que permitirían avanzar en tener un personal más avanzado”.

-¿Qué tipo de herramientas requieren las municipalidades para poder dar cumplimiento real a los requerimientos legales?  

-Para cumplir esta ley de transparencia se necesitan, aparte de la disposición y buena voluntad de los actuales trabajadores municipales, agregar un equipo mínimo para poder responder, para que los municipios, que son instituciones fundamentales para el desarrollo futuro del país, no sean cuestionados por la opinión pública.  

“Nosotros estamos en estos momentos haciendo un estudio técnico y económico bien preciso de las dificultades que esta ley tiene y qué se necesita para poder implementarla. Necesitamos, por ejemplo, de un lugar físico para trabajar, el equipamiento, que es lo más barato, pero fundamentalmente el equipo técnico que lo administre, que atienda, que procese la información, y la actualice cotidianamente de un profesional, un técnico”.  

– ¿Existe ya una cifra estimativa del monto requerido?  

-Solamente refiriéndome al equipo técnico con esos tres funcionarios para responderle al ciudadano, estamos hablando de 2 millones 400 mil mensuales por municipio al mes. Eso significa al año, para que puedan pagar todas las municipalidades, aproximadamente 10 mil millones de pesos, sin contar todo lo demás, soporte técnico, oficinas, etcétera.  

“De no poder cumplir con la ley que significa destinar esos montos para los municipios, hay incumplimiento, una ilegalidad, se expone a los alcaldes y a los funcionarios municipales a cumplir una ley para la cual no están capacitados, y quedar en el desamparo, podrían promoverse destituciones, se politizaría el tema”.  

-Tanto el subsecretario de la Segpres, Edgardo Riveros, como el secretario Ejecutivo de la Comisión para la Probidad y la Transparencia, Felipe del Solar, afirmaron que pretenden sostener una reunión con ustedes. ¿Qué le solicitarán al Gobierno?  

-Pedimos agilidad al Gobierno para que respalde económicamente esta ley, pero estamos evaluando, porque no solamente ésa es la ley que nos tiene en una compleja situación, sino que también hay otras, como la inflación, el aumento de los combustibles, entre otros, de los que nadie se ha preocupado. Los sectores políticos se preocupan de candidatearse, pero nadie se preocupa de las finanzas municipales, de financiar los municipios. Están preocupados de los votos.

El financiamiento: principal dificultad
 
A toda marcha trabaja el Gobierno para garantizar que la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración, promulgada por el Ejecutivo, funcione sin mayores dificultades cuando empiece a regir el 9 de agosto de 2009.

Por eso, ayer al mediodía el subsecretario de la Segpres, Edgardo Riveros, junto al secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Felipe del Solar, se reunieron con los encargados ministeriales para sentar las líneas de acción que seguirán los diversos organismos para asegurar el buen funcionamiento de la normativa.

Sin embargo, de forma paralela a las gestiones ya establecidas, tanto la Segpres como la comisión deberán hacerse cargo de las quejas que la Asociación Chilena de Municipalidades ha presentado en torno a la ley, acusando tanto a la oposición como al Gobierno de gestionar una iniciativa “no financiada” que traerá serios problemas a la finanzas de los órganos comunales. 
 
El “temor electoral” de los parlamentarios
 
La clase política no está dispuesta a gestionar un impulso a los municipios para lograr su fortalecimiento. Ése es el análisis que realiza el alcalde de Buin y candidato a la reelección por su comuna, para explicar en parte las dificultades por las que atraviesan las municipalidades.

“El poder político central, la clase política superior en Chile no ha considerado la descentralización y la modernización de los municipios, que debe ser un arma estratégica para el desarrollo económico del país y para la profundización de la democracia”, dice. Esto, explica, se debe principalmente a una situación que los alcaldes, por lo general, tienden a callar.

“Aunque los políticos discursean (a favor de los municipios) no lo ponen en práctica, porque tienen, digámoslo de una vez por todas, temores electorales, de que alcaldes o concejales para la próxima elección puedan tener mayor preponderancia política que algún diputado o senador que esté en ejercicio y le tengan que competir”, expresa.

Esta situación, explica el jefe comunal, sucede en todas las comunas y no discrimina en cuanto a tendencias políticas. Son los propios parlamentarios que están hoy detrás de los candidatos a alcaldes apoyándolos incondicionalmente los que después, una vez electos, tienen miedo de apoyar una gestión exitosa, explica Bozán. “Al interior de nuestros propios partidos no nos dejan mucho espacio y en todos los partidos sucede eso, desde el Juntos Podemos Más hasta la Alianza”, acusa.

Junto con la falta de apoyo de la clase política, los municipios deben enfrentar además -explica el edil- la dura tarea de financiar sus municipios con un presupuesto que en la mayoría de los casos no alcanza a fin de mes, y que se verá aún más complicada cuando comience a regir la nueva ley de Transparencia y deban responder a nuevos requerimientos.

En ese sentido, el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades explica que “sólo en educación los aportes son de $100 mil millones anuales, -que son obligados para poder cumplir con lo mínimo- y en salud es una cifra similar, cercana a los $60 mil millones, lo cual se aumenta con el Plan Auge, a lo que se agregan unos $100 mil millones que ha significado el aumento de combustibles, electricidad, mayor IPC, entre otros”, explica el edil.

Ante esta situación, Bozán se queja nuevamente de la clase política, lamentando que “antes de haberse subido el bono en locomoción no se haya preocupado de otro tipo de bonos que necesitan los más humildes”, como lo son muchos municipios del país.