Nuevos desafíos para el bosque nativo

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada por La Nación, el 13 de agosto de 2008.

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada por La Nación, el 13 de agosto de 2008.


Finalmente tenemos ley, el Gobierno promulgó hace pocas semanas la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal después de más de 16 años desde su ingreso al Congreso. La tramitación parlamentaria, sus dificultades y la poca relevancia otorgada por el Ejecutivo a este cuerpo legal ya comienzan a ser historia. Ahora, lejos de sentarnos a celebrar con tranquilidad, nos corresponde recuperar la energía con el objetivo de enfrentar los nuevos desafíos que se abren para el sector forestal.

La primera preocupación debe ser la correcta implementación y puesta en marcha de esta nueva ley, para lo cual el primer paso será la constitución del Consejo Consultivo para el Bosque Nativo, organismo que se encuentra contemplado en la nueva normativa, compuesto por representantes de los sectores público y privado, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que asesorarán el funcionamiento de la ley. El segundo paso de relevancia es que el Ejecutivo se aboque a la elaboración del respectivo reglamento y lo someta a la consideración del Consejo Consultivo. En cuanto al sistema de bonificaciones al manejo forestal destinado a pequeños propietarios, debería comenzar a funcionar a más tardar en enero próximo, mes en que de acuerdo a la ley deben fijarse las tablas de bonificaciones.

Además, la ley establece un instrumento muy importante y cuyo objetivo es examinar y verificar su adecuada implementación: una evaluación periódica de la ley cada tres años. Pero eso no es todo. En el más breve tiempo se espera que el Gobierno envíe al Congreso una serie de proyectos de ley comprometidos con el Senado durante el debate parlamentario. Es necesario recordar que, con el fin de lograr los consensos necesarios para lograr su aprobación, se eliminaron de esta Ley de Bosque una serie de aspectos considerados controversiales. Una vez aprobada y promulgada la ley, es hora de retomar estos temas, que requieren urgente atención.

En este marco, el Ejecutivo debe despachar tres cuerpos legales relacionados con temáticas de la mayor relevancia: institucionalidad forestal, sustitución de bosque y una propuesta para un sistema de gestión para las áreas silvestres (parques, reservas y monumentos) que son administradas por Conaf.

En el primer caso, se debe abordar la problemática de la Conaf, actualmente una entidad de carácter privado pero con atribuciones propias de una pública, discusión que se ha prolongado por años, pero que hoy tiene un plazo imperativo, porque el Tribunal Constitucional, en su resolución sobre la Ley de Bosque Nativo, sostuvo que esta situación es altamente irregular y que la autoridad debe ponerle remedio a la brevedad. Tanto así que señaló que la excepción hecha, al aprobar esta vez la Ley de Bosque, no volverá a repetirse; es decir, el TC no visará nuevas leyes que deban ser administradas por la Conaf, punto que deberá tener muy en cuenta el Ejecutivo de ahora en adelante.

Un tema de extrema relevancia y que debe ser acordado cuanto antes es el relativo a la sustitución de bosque nativo. Las disposiciones en este sentido debieran ir encaminadas, en especial, a regular y frenar la sustitución de bosque esclerófilo, y promover su fomento y recuperación en la zona central de Chile. Este tipo forestal es escaso y de gran relevancia ecosistémica y hoy se encuentra amenazado por la expansión urbana, la extracción de madera para leña y actividades agrícolas, en su mayoría de plantaciones frutales, en especial de cítricos y paltas.

Un tercer cuerpo legal deberá abordar la regulación del sistema de áreas silvestres administradas por la Conaf, con la finalidad de fortalecer las iniciativas de conservación de ecosistemas naturales a lo largo de todo el territorio nacional. El ideal sería que contáramos con un cuerpo legal que regule las áreas silvestres terrestres y marinas públicas y privadas; sabemos que esto requerirá transitar un camino largo y difícil. Por ahora sería urgente que el Gobierno dé señales claras de la importancia que le atribuye a los parques, reservas nacionales y los monumentos naturales.

Todas estas iniciativas, leyes y reglamentos debieran enmarcarse en una política forestal consensuada y fruto de una discusión amplia con los actores del sector, que permita incorporar otros temas relevantes, como el manejo de las plantaciones forestales, la cosecha mediante tala rasa, la renovación del DL 701 (que tiene fecha de expiración en 2010), el papel del turismo en la conservación, etc. Sólo una política forestal que sea capaz de gestionar un equilibrio entre la conservación, el rol social del sector y su relevancia como potencial productivo, podrá garantizar un adecuado desarrollo forestal para el país.

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