La Sostenibilidad de los Agrocombustibles ¿Una broma de mal gusto?

El fomento de este tipo de energía de origen agrícola se justificaba en un principio en la UE entre otros, con el argumento de que los combustibles a base de biomasa serían más amigables con el medio ambiente. Pero las voces discordantes, algunas al interior de los propios organismos oficiales que promocionan la agroenergía, confirmaron las dudas que ya denunciaban masivamente las organizaciones de la sociedad civil.; Biodiversidadla.org, 10 de septiembre de 2008.


La Unión Europea estableció durante el año 2007 unos objetivos concretos para impulsar el uso de agrocombustibles en el transporte, a causa de la creciente escasez de los combustibles fósiles o “crisis del petróleo”. Con estos objetivos de 5,75% para el año 2010 y de 10% para el año 2020, trataba de ir sustituyendo paulatinamente el uso de los combustibles fósiles tradicionales por el uso de los agrocombustibles.

En un desesperado intento de agarrarse a toda costa a la idea de la agroenergía, los responsables en elaborar las normativas de la Unión Europea, coinciden en afirmar que la producción masiva de los combustibles a base de plantas será admisible si se establecen criterios adecuados de sustentabilidad ambiental y social. Por mucho que diversas iniciativas como las llamadas “mesas redondas para la sustentabilidad” se esfuerzan en intentar demostrar dicha sustentabilidad, la realidad de los países productores habla por sí sola: “Los monocultivos no pueden nunca ser sostenibles”, denuncian los campesinos afectados desde todos los rincones del continente.

No sólo en contra del medio ambiente

Los supuestos beneficios ambientales de los agrocombustibles son diariamente desmentidos por las comunidades que están siendo afectadas cada vez en mayor número e intensidad por la imparable expansión de los cultivos energéticos. También existe un número creciente de investigaciones científicas. Mientras, y a pesar de las denuncias y las evidencias en contra, los bosques y otros ecosistemas nativos son reemplazados por monocultivos de palma de aceite, soja, caña de azúcar, maíz y también jatropha. Con la desaparición de los bosques y ecosistemas nativos, desaparece también su biodiversidad, que no puede sobrevivir si no es en un hábitat propio. Las poblaciones que subsisten gracias a esta biodiversidad animal y vegetal se ven obligadas a dispersarse, perdiendo al mismo tiempo la posibilidad de existencia como pueblo, su cultura y con ello, su identidad. Los casos particulares que se llegan a dar a duras penas a conocer, son sólo casos particulares de una globalización que está constituyendo un genocidio de la gente del campo, que tendrán consecuencias mucho más graves de las que nos atrevemos a pensar en estos momentos.

Las superficies cultivables y el agua son recursos limitados. Por eso, se genera una fuerte presión sobre el uso de la tierra en los países del Sur, especialmente en los países tropicales, aunque no sólo en estos. Superficies agrícolas destinadas a la producción de alimentos son reemplazados por cultivos para la producción de energía. La tierra que debería ser utilizada para producir alimentos se destina a la producción de cultivos para fabricar combustibles. Esto no deja de ser paradójico, en un mundo donde más de mil millones de personas pasan hambre y sed. La contaminación por el uso y abuso de pesticidas y fertilizantes ha dejando a muchas poblaciones sin acceso al agua potable, y con graves enfermedades. Además, muchas de las variedades agrícolas utilizadas para la producción de agrodiésel (soja) y agroetanol (maíz) son transgénicas, lo cual abre otro mundo de crítica que pasaré por alto. Una política que da prioridad a la producción de alimento para los mil millones de vehículos que circulan por el mundo antes que a planificar el modo de alimentar a los seres humanos hambrientos, solo puede ser calificada de perversa. Algunos gobiernos e instituciones han manifestado preocupación por la seguridad alimentaria.

Tanto en Latinoamérica como en Africa, cultivos como la jatropha y el ricino se están uniendo a esta locura de producción de combustibles a partir de sustancias vegetales. Se está avanzando rápidamente en la investigación de combustibles de “segunda generación”, que pueden ser ya producidos experimentalmente a partir de árboles. Los monocultivos extensivos de árboles de eucalipto para la producción de papel ya constituyen un problema gravísimo en países como Brasil, Uruguay, Colombia, España o Sudáfrica. Es fácilmente previsible que la presión de cultivos masivos de árboles sobre la población y el medioambiente aumentará exponencialmente una vez que las investigaciones para la producción de agrocombustibles concluyan.

Cada vez son menos los que creen que la producción de agrocombustibles ayuda en modo alguno a luchar contra el cambio climático. Recientemente, algunos estudios y artículos científicos demuestran que los combustibles de procedencia agrícola no son eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según los cálculos hechos sobre diferentes escenarios del mundo por dos equipos de economistas, la reconversión de ecosistemas nativos en plantaciones agrícolas, produce emisiones de carbono que no se compensan en absoluto con el uso de los agrocombustibles que se puedan producir en estas superficies: la limpieza de la vegetación nativa, la liberación del carbono contenido en la vegetación y en los suelos, el combustible fósil utilizado en estos trabajos, etc. La deforestación de la selva indonesia para la producción de palma aceitera o de la selva Amazónica para la producción de soja generan una deuda de carbono inmensa, que no justifica en absoluto la afirmación de que los agrocombustibles son beneficiosos para el cambio clímático.

Los supuestos beneficios sociales tampoco saltan a la vista

Los intentos de establecer crieterios sociales de sostenibilidad plantea igualmente una serie de problemas y contradicciones extremadamente graves.

Ni el origen de las materias primas ni las condiciones en las que estas se obtienen no está garantizado. Según denuncias de comunidades locales y organizaciones sociales y de derechos humanos, compañías multinacionales productoras de aceite de palma o de soja, usan muy a menudo prácticas violentas para tomar el control y posesión de las tierras de las comunidades indígenas, campesinas o afrolatinoamericanas, con la complicidad de la policía, de autoridades y hasta organizando fuerzas paramilitares. Familias indígenas y campesinas antes autosuficientes a partir de los recursos del bosque y del campo que los rodeaba denuncian ser víctimas de engaños para dejar sus tierras bajo falsas promesas de trabajo y desarrollo. En Latinoamérica, ya hay denuncias graves desde Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. En un comunicado reciente, la Comision Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, que hace años se confronta con las violaciones de derechos humanos y la destrucción ambiental a causa de la expansión del cultivo de la palma en ese país, denuncia: “Hoy persiste la deforestación de bosque primario, la ampliación de la siembra de palma, a pesar del reconocimiento formal de que se trata de propiedad colectiva de comunidades negras. Estas actuaciones ilegales se realizan en medio de la presencia militar de la Brigada 15.” Los pobladores, organizados para resistir a una expulsión aún mayor y para recuperar parte del territorio ancestral ya arrebatado, son amenazados continuamente por los ocupantes ilegales de sus tierras, con la complicidad de las autoridades.

Otro criterio sobre el que se espera establecer la sostenibilidad social de la producción de combustibles a base de productos agrícolas, es el supuesto crecimiento económico que traerán a los países productores. Se nombra el trabajo y prosperidad que supondrán para los agricultores. Sin embargo, son los inversores y latifundistas los que se hacen con grandes cantidades de tierra, muchas veces arrebatándola por medios en ocasiones ilícitos a la población local, campesina o indígena. Mientras, por parte de las comunidades ha habido denuncias desde Colombia (trabajadores de la palma), Uruguay y Brasil (agricultores de la caña de azúcar) de haber sido obligados a adquirir deudas impagables, trabajo muy mal remunerado y hasta esclavizante. Cientos de casos de trabajadores prisioneros en condiciones de semiesclavitud han salido a la luz en los últimos meses.

Muy a menudo se argumenta que la producción a nivel local de agrocombustibles, para su utilización in situ, es sostenible y contribuiría a la solución del problema energético local. Sin embargo, los proyectos actualmente existentes en los países de Latinoamérica y Africa están enfocados a la exportación del producto agrícola para la producción de la agroenergía.

La supuesta existencia de vastísimas extensiones de “tierras marginales” donde puede producirse agroenergía sin competir con alimentos es ampliamente promocionada por gobiernos y empresas. Pero el de “marginales” es un calificativo absolutamente relativo, que se aplica según el interés existente en dichas tierras. Comprobadamente, en muchas de las tierras calificadas como “marginales”, como en amplias áreas del cerrado brasilero o del noroeste argentino, existen poblaciones que dependen de ese ecosistema como un todo para su supervencia, y que lo habitan.

Y como colofón a este despropósito, los sistemas propuestos en la actualidad, que están discutiendo los modos posibles de certificación de productos agrícolas, están proponiendo sistemas basados en estándares voluntarios, lo que significa que las propias compañías privadas, con intereses económicos en la producción agrícola destinada para agrocombustibles controlan el establecimiento de los requisitos de sostenibilidad. El que las empresas tengan intereses económicos y se auto-impongan métodos de control es incompatible.

Voces institucionales en contra de la agroenergía

El impacto que está teniendo el desvío de las cosechas en el abastecimiento de alimentos básicos como el trigo o el arroz han multiplicado los llamamientos para que Bruselas cambie de postura en relación a sus objetivos para los agrocombustibles. Josette Sheeran, directora del Programa de Alimentos de la ONU advirtió el 6 de marzo de este año que los precios de los alimentos seguirán subiendo hasta 2010, siendo una de las razones para ello el uso de los cereales para producir biocombustibles. Incluso la dirigente de las Naciones Unidas ha instado a las autoridades europeas a realizar una reflexión sobre su política de biocarburantes y sus objetivos en este sector. Se suma así, al relator especial de las Naciones Unidas para la Alimentación, Jean Ziegler, quien ya el año pasado llamaba la atención de la comunidad internacional en la misma línea.

Llamados a moratoria y en contra de la certificación de monocultivos

Una red de organizaciones ambientales y sociales investigando y denunciando el efecto de los agrocombustibles sobre las poblaciones locales de los países del Sur, y trabajando por incidir en las políticas europeas al respecto, han llamado a una moratoria para 5 años para los agrocombustibles en Europa, con apoyo de más de 230 organizaciones alrededor del mundo.

También los miembros del African Biodiversity Network (ABN), Red para la Biodiversidad de África, que agrupa a diferentes organizaciones de investigación, han pedido una moratoria en nuevos proyectos para la producción de agrocombustible, a la exportación y a los objetivos de agrocombustibles de los gobiernos de Europa y el resto del mundo. Consideran que son más una amenaza que un beneficio. "Necesitamos proteger nuestra seguridad alimentaria, selvas, agua, derechos territoriales, campesinos y pueblos indígenas del agresivo avance de los proyectos de agrocombustibles, que están devorando nuestra tierra y recursos a una escala y velocidad increíbles.", aseguran desde la ABN. Las organizaciones africanas caracterizan la embestida de los agrocombustibles en África como la nueva “fiebre del oro verde”, lo que además conlleva todas las características de explotación neocoloniales. Denuncian la rápida privatización de las tierras para plantaciones por compañías transnacionales. Hay que tener en cuenta que el 70% de las tierras africanas todavía son de propiedad comunal. Los gobiernos están adjudicando millones de hectáreas.

Numerosas voces se están levantando desde las comunidades afectadas en contra de estos sistemas de certificación. Un amplio número de organizaciones sociales y ONGs denuncian en una declaración hecha pública durante el mes de marzo, “vemos consternados como muchos gobiernos europeos, frente al aumento de críticas y denuncias de la situación de nuestros países, están ciegamente confiando en las Mesas Redondas de Negocios Sustentables de la WWF […]. Los gobiernos europeos están ciegamente cayendo en la trampa del maquillaje verde de las transnacionales”. Al mismo tiempo, el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) anunciaba el “certificado de defunción” del FSC, un sistema de certificación forestal, que ha sido nombrado continuamente como un referente por los defensores de la certificación industrial agrícola, pero fuertemente cuestionado desde las comunidades y localidades productoras del sur porque con la certificación de plantaciones de árboles a gran escala “han demostrado su irresponsabilidad para con el ambiente y porque no aportan ningún beneficio social, razones por las que no cumplen con su objetivo”.

Las críticas directas hacia la supuesta sostenibilidad social y ambiental de los agrocombustibles, nos llevan a cuestionar si la certificación puede ser modo aceptable de garantizar la producción sostenible, o un invento para seguir justificando el consumo energético desmedido de los países del norte, a costa de los derechos humanos, la alimentación, los suelos, el agua, en una palabra, la integridad de las poblaciones de las zonas productoras. ¿Es la certificación un intento de proteger a las comunidades del Sur? ¿O un modo para la industria y gobiernos para justificar actividades y políticas? ¿Es posible continuar con los mismos estándares de vida, alejados de cualquier modelo de sostenibilidad, pero apaciguados en estos sistemas de certificación o “lavado verde”?

Para las comunidades cuyos derechos han sido violados, desplazadas, amenazadas, contaminadas, manipuladas, explotadas, no queda lugar en las llamadas “mesas” de discusión acerca de los criterios de sostenibilidad, y cuando es así, ha habido denuncias de que su nombres son utilizados en un intento de dar credibilidad al sistema, aunque se hayan manifestado abiertamente en contra durante las diferentes rondas de discusión.

Es evidente que la crisis energética es un debate que debe permanecer sobre la mesa, pero es necesario que el problema energético del Norte, deje de solucionarse a expensas de los alimentos que deberían alimentar a los hambrientos del mundo. No es posible aceptar que debido al agotamiento inminente de los combustibles fósiles en el corto plazo, los gobiernos y las empresas que están rigiendo el mundo promocionen como amigable y sostenible, un tipo de energía de origen agrícola y basada en una locura industrial.

La argumentación de la sostenibilidad es inaceptable, y esta es una reflexión que todos como consumidores y como seres humanos (¿qué somos primero?!!!) estamos obligados a hacer antes de llenar el tanque.

Los monocultivos industriales no pueden nunca ser sostenibles.

1 Existen diversas iniciativas de este tipo: Mesa Redonda para la sustentabilidad del Aceite de Palma (RSPO por sus siglas en inglés), Mesa Redonda para la Soja Sustentable (RTRS), Iniciativa para una mejor caña de azúcar (BSI), Mesa Redonda de Biocombustibles Sostenibles (RTSB)

2 Solamente durante los meses de julio y agosto de 2008 ha habido serias denuncias de comunidades indígenas (Región Cauca, Pueblo Nasa por la expansión de la caña de azúcar) y afrocolombianas (Curvaradó en el Chocó por la expansión de la palma aceitera) en Colombia; en Guatemala (indígenas Maya Keqchi, en las inmediaciones de la zona conocida como Finca El Recuerdo fueron desplazados violentamente por un empresario canavicultor, y en Coatepeque miembros de la organización campesina CUC fueron atacados por personas vinculadas al negocio de la palma de Aceite); en Argentina, la soja continúa imparable acabando con cualquier habitante del campo (ataques de un empresario sojero en contra de indígenas guaraníes de la comunidad Jase Endy Guasú, en el área conocida como El Talar).

3 Uno de estos estudios fue encargado por la organización the Nature Conservancy, el otro fue publicado en la revista Science. Ver p.ej. _http://www.elpais.com/articulo/sociedad/biocombustibles/contribuyen/reducir/efecto/invernadero/elpepisoc/20080208elpepisoc_7/Tes_

4 4-3-2008, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

5 http://www.elpais.com/articulo/economia/ONU/alerta/subida/alimentos/prolongara/2010/elpepueco/20080306elpepueco_10/Tes_

6 http://www.econexus.info/biofuels.html

7 http://www.grain.org/agrofuels/?moratoriumes

8 “Declaración de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y movimientos urbanos de la Argentina, Latinoamérica y otros continentes, en rechazo a la “Tercera reunión sobre soja responsable” a celebrarse los días 23 y 24 de abril en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina.”, firmado por más de 80 organizaciones.

9 Desatada por la concesión del certificado FSC a la empresa Veracel en Brasil, la cual “tiene antecedentes innegables de violaciones de los derechos territoriales de las comunidades locales, contaminación ambiental, agotamiento del agua y destrucción del ecosistema” y viene además socavando sistemáticamente el proceso local de resistancia en contra de estas actividades.

10 Ver: La Via Campesina en Paraguay se manifiesta CONTRA las mentiras de la Mesa de Soja Sustentable en http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/39098_ donde organizaciones campesinas expresan su absoluto REPUDIO por la manipulación de haber incluido el nombre de sus organizaciones en el marco de la “Campaña de la Soja Sustentable”

Fuente: Rebelión

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