Oposición ecologista y comunal se centra en obras por casi US$ 15 mil millones

Proyectos eléctricos, mineros e inmobiliarios son los más cuestionados. El conflicto en torno a la central Bocamina II de Endesa sacó a relucir las duras trabas que enfrentan en el país los titulares de los principales proyectos industriales. El Mercurio, 15 de septiembre de 2008.


A la cadena que hay tras cualquier proyecto industrial hay que agregarle un nuevo eslabón. Si inicialmente se debía tomar en cuenta la iniciativa misma, sus costos y los recursos para llevarla a cabo, un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y una correcta ejecución, hoy al parecer eso no es suficiente y resulta necesario indexar disputas legales, bloqueos de obras y manifestaciones, que son recurrentes en estos proyectos.

Actualmente, en el país existen casi US$ 15 mil millones -en trámite ambiental o en ejecución- de inversión en el área eléctrica, minera e inmobiliaria, que más allá de sus pasos legales debe hacer frente a grupos contrarios a este desarrollo. Ecologistas, organizaciones vecinales y grupos étnicos, en forma separada -pero también conjunta-, día a día manifiestan su rechazo a estos proyectos.

El último caso fue el sucedido en Coronel, donde el municipio el lunes de la semana pasada dictó una resolución que frenó las obras que Endesa llevaba a cabo en la central termoeléctrica Bocamina II. Esto luego de fuertes protestas de unas 250 familias que pedían ser indemnizadas y reubicadas. La unidad ya llevaba un año de construcción, y por ende contaba con un EIA aprobado. El propio alcalde definió la medida como "osada", y el jueves debieron ser los tribunales -tras un recurso de amparo presentado por la eléctrica- los que autorizaron nuevamente las faenas tras dar una orden de no innovar. Pero la construcción estuvo detenida por casi cinco días.

En la mira

Tal vez el proyecto que más concita la unión de grupos opositores es el que la propia eléctrica de capitales españoles desarrolla junto a Colbún en la austral Aisén: cinco hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Este proyecto, actualmente en trámite ambiental, no sólo se ha ganado la oposición de grupos regionales y nacionales (reunidos en la campaña "Patagonia sin Represas"), sino también la de organismos internacionales como la NRDC, todo esto pese a que su EIA supera las 10 mil páginas y que cuenta con los mayores niveles de eficiencia para una hidroeléctrica proyectada en Chile.

AES Gener, por su parte, también ha debido lidiar con la resistencia en sus proyectos Alto Maipo (hidroeléctrica de pasada) en la Región Metropolitana, y Los Robles, termoeléctrica ubicada en la Región del Maule. Ambas iniciativas, actualmente en trámite ambiental, se han ganado las protestas de vecinos y ecologistas. En el caso de la unidad a carbón, los vecinos construyeron un gigantesco ataúd para manifestar su rechazo.

En la minería también hay situaciones similares. La canadiense Barrick Gold ha debido enfrentar diversas oposiciones para sus proyectos Pascua Lama y Cerro Casale. Agricultores del valle del Huasco, organizaciones como Océana e incluso el frente Anti Pascua Lama se oponen al primero, mientras que la segunda iniciativa tiene el rechazo del Consejo Ecológico Comunal, que reúne a habitantes de Tierra Amarilla, donde se emplazará la iniciativa.

Los otros casos: Planta de Peñalolén y estudios nucleares

Más allá del costo de las inversiones en trámite o en ejecución, se ha visto otros casos "emblemáticos" de oposición comunal y ambiental.

En materia gasífera una de las obras consideradas claves, tanto por los privados como por el Gobierno, es la planta de respaldo propano aire de Peñalolén que la distribuidora Metrogas construyó en esa comuna. La firma controlada por Gasco requería esta unidad para poder respaldar en un 100% el consumo residencial y comercial de la zona central, ya que a la fecha sólo poseía garantías para la mitad de éste.

Los vecinos, con el respaldo del municipio de Peñalolén, buscaron a través de la Contraloría y de los tribunales frenar las obras, aunque la unidad hoy está pronta a entrar en operación.

El otro caso fue el anuncio del Gobierno de Michelle Bachelet de realizar estudios para ver la factibilidad de la opción nucleoeléctrica en Chile. Aunque esos análisis sólo conducirían a saber si es posible introducir esa tecnología en el país, y la Presidenta señaló que en su mandato no se tomará una decisión, 25 organizaciones ambientales rompieron el acuerdo de Chagual (la Presidenta comprometió puntos ambientales con los ecologistas) por esos estudios.

6.809 MW Es la cantidad de generación hidro y termoeléctrica cuestionada por los grupos ambientalistas y comunales.
1,6 millón De onzas de oro anuales son las que proyecta Barrick con sus iniciativas Pascua Lama y Cerro Casale.
8 Edificios inmobiliarios en Maitencillo están en el centro de la polémica.

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