No ha sido fácil llegar a un acuerdo en torno a la legislación que se requiere para regular la instalación de antenas por parte de empresas de telefonía. De hecho, la iniciativa podría retrasarse en el Congreso, considerando que los diputados ingresaron la semana pasada 34 nuevas indicaciones al proyecto. El Diario Financiero, 11 de septiembre de 2008.
Se extiende pugna entre móviles y gobierno por antenas de celulares
Si bien la industria de telecomunicaciones, como el gobierno, están de acuerdo en que hay que legislar sobre el tema, el proyecto de ley que presentó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados tiene descontentos a los principales operadores.
Tanto así, que los mismos integrantes de la comisión han reconocido que el proceso ha llevado más tiempo del que esperaban y que no ha sido fácil “darles en el gusto a todos, porque los municipios son contrarios a las antenas -sobre todo en período preeleccionario-, mientras que las empresas buscan una ley menos restrictiva y los diputados defienden los intereses de la población. Aunque, dejando en claro que no serán ellos “quienes van a poner frenos u obstáculos de manera arbitraria o discriminatoria a esta industria”, según dijo el diputado, Gonzalo Uriarte ante las críticas de las empresas -reunidas en la Asociación Chilena de Telefonía Móvil (Atelmo)-, que han tildado de inconstitucional el proyecto.
Los puntos críticos
La iniciativa que entró con carácter de urgencia a la comisión y que se espera que antes de octubre pase a la Sala, regula la instalación de las torres que portan las antenas -y su correspondiente mitigación urbanística-, y le otorga a las municipalidades la potestad para definir los espacios públicos donde se instalarán.
La industria considera cuatro puntos de la iniciativa como inconstitucionales porque, a su juicio, discrimina el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas en el país, es decir, telefonía móvil, WiMax, Will y banda ancha móvil.
Según Guillermo Pickering, presidente de Atelmo, el proyecto, lejos de solucionar el problema, genera un obstáculo para la instalación de la infraestructura necesaria.
“Primero hay que tener sitios técnicamente adecuados, después que cumplan con los distanciamientos mínimos de la ley –estamos hablando de 400 m2-, luego hay que tener la autorización de los vecinos colindantes de un radio de 50 metros. Suponiendo que se cumplen los tres requisitos anteriores, hay que tener la autorización del director de obras municipales”, explicó Pickering.