Duros informes fiscales contra proyecto HidroAysén

Advierten “infracción manifiesta” a la normativa ambiental y falta de información clave. Conaf y Dirección General de Aguas, entre otros, advierten que el Estudio de Impacto Ambiental “adolece de información relevante y esencial”, idéntico argumento con que en 2007 la autoridad ambiental de la región rechazó la central en río Cuervo. La Nación, 09 de octubre de 2008.

Las centrales hidroeléctricas que poderosas compañías multinacionales pretenden levantar sobre los paradisíacos parajes que rodean los ríos Baker y Pascua, en plena Patagonia, acaban de inundarse de críticas y, peor aún, de severas observaciones legales que estarían dejando al multimillonario proyecto con el agua al cuello.

Taxativa, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió que la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Aysén "es incompatible con la legislación vigente, con la condición de Parque Nacional Laguna San Rafael y con el objetivo de preservación de ambientes y ecosistemas", estableció el organismo como primera conclusión, pues la segunda fue algo así como una lápida.

A juicio de la Conaf, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en agosto por HidroAysén "no cumple con la normativa ambiental vigente relativa a Parques Nacionales y a la legislación forestal", "no cumple con los requisitos para el otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial", y "carece de información relevante y esencial para la calificación ambiental", tres puntos clave que de acuerdo a la norma vigente "no son subsanables" mediante "Adendas", dato que en la práctica impide a la empresa rectificar las datos cuestionados.

No es todo. Tal como la Conaf, el informe evacuado por la Dirección General de Aguas también establece que el EIA presentado por la compañía "adolece de información relevante y esencial", idéntico argumento con que en marzo de 2007 la misma autoridad político-regional competente (Corema de Aysén) rechazó la central hidroeléctrica en río Cuervo

De acuerdo a lo que ese momento informó la Intendencia de Aysén -entidad que encabeza la Corema-, el EIA del proyecto de río Cuervo careció de "información relevante y esencial", asunto sancionado en el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), normativa que además castiga toda "infracción manifiesta a la normativa ambiental". Por si fuera poco, esto último fue lo que adicionalmente cuestionó la propia Conaf respecto de HidroAysén.

"Del análisis del EIA, en particular el plan de cumplimiento de la legislación aplicable -se lee en el documento de Conaf-, se concluye que existe infracción manifiesta de la normativa ambiental que rige para el Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane, y para los ecosistemas forestales en el área de influencia". Más claro, echarle agua.

Lo clave, tal como ocurrió en río Cuervo, es que el artículo 24 del SEIA faculta a la Corema respectiva a no pedir aclaraciones o adendas a la empresa, permitiendo a la autoridad elaborar una documento consolidado que resuma los 24 informes de organismos públicos consultados (ver recuadro) y, en consecuencia, rechazar directamente el EIA.

Lo anterior, sin embargo, no significa que las centrales de HidroAysén, proyecto explícitamente respaldado en febrero de este año por el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, haya sido rechazado, sino que la empresa que, consultada por este diario, hasta ayer optó por silencio-, tendría que ingresar en fecha indeterminada un nuevo EIA.

Si así ocurre, el proyecto para generar 2750 megawatts de electricidad no verá la luz en los plazos previstos, pues para que no naufrague un eventual nuevo EIA, la empresa deberá corregir los cientos de reparos apuntados por los organismos fiscales que hoy entierran las represas. LN

ALGUNOS REPAROS AL PROYECTO
 
Dirección de Obras Hidráulicas: “El informe adolece de información clara relevante y esencial que permita: entender el proyecto, caracterizar correctamente las componentes ambientales, predecir y evaluar sus impactos y, en consecuencia, verificar que el Titular se haga cargo de ellos”.

Seremi de Bienes Nacionales: “No es posible visualizar en su conjunto los impactos de las distintas obras del proyecto. (No se pueden) calcular impactos y superficie fiscal afectada por el proyecto. La superficie fiscal afectada deberá regularizarse mediante algún acto administrativo correspondiente”.

Conaf: “El proyecto es incompatible con la legislación vigente, con la condición de Parque Nacional Laguna San Rafael y con el objetivo de preservación de ambientes y ecosistemas. (…) Existe infracción manifiesta de la normativa ambiental que rige al Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Bernardo O’Higgins y la Reserva Forestal Lago Cochrane”.

Dirección General de Aguas: “La cartografía presentada presenta errores (…) Existen dos obras importantes que han sido abordados de manera deficiente (…) Línea de base deficitaria en relación a hidrología, hidrogeología, sedimentos y calidad de aguas. La metodología no da cuenta en absoluto del valor de los recursos que afecta el proyecto”

Sernatur: “(HidroAysén) debiera generar cambios significativos en la información proporcionada para evaluar este proyecto (…) este servicio se reserva el derecho de ampliar las consideraciones o exigencias específicas que el Titular debiera cumplir”. 
 
TOMARON LA PALABRA
 
Al cierre de esta edición, la Conama recibió los informes de la gobernaciones de Capitán Prat, Marítima de Aysén y General Carrera, Conaf; de las municipalidades de Río Ibáñez, Tortel, Cochrane y Villa O´Higgins; de las direcciones de Obras Hidráulicas, de Arquitectura, General de Aguas, Vialidad, Aeropuertos, Aeronáutica Civil y de Obras Portuarias; de los seremis de Agricultura, Planificación, Bienes Nacionales, Vivienda, Salud, Transportes, Educación y Obras Públicas; de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Sernatur, SAG, Sernageomin, Comisión Nacional de Energía y de la Subsecretaría de Pesca.