Parque Puyehue: nueva grieta de la institucionalidad

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en La Nación el 06 de octubre de 2008.


Hace unos meses la opinión pública conoció un nuevo atentado contra nuestro patrimonio natural, con la aprobación, el 30 de junio de parte de la Corema de Los Lagos, del Proyecto Minicentrales Hidroeléctricas Palmar-Correntoso, de la empresa Hidroaustral, que pretende ocupar la zona sur poniente del Parque Nacional Puyehue.

Las leyes nacionales y la normativa internacional -en este caso se aplica la Convención de Washington, firmada y ratificada por Chile- dicen con claridad que en los límites de un parque nacional se prohíbe la realización de cualquier actividad económica. Esta convención señala explícitamente que las riquezas contenidas en los parques nacionales no pueden ser usadas con fines comerciales; sólo se podrán realizar actividades para objetivos científicos bajo la vigilancia de la autoridad. La Conama estimó correctamente que no podía autorizarse la instalación de esta central hidroeléctrica de pasada dentro del parque por infringir este convenio. Cualquier intención de hacer una actividad dentro de estos límites necesariamente implica la desafectación de éste, lo que debe ser realizado por un acto legislativo; es decir, debe ser aprobado mediante una ley en el Congreso.

Resulta de la mayor gravedad la aprobación, con una votación dividida de 8 contra 7, de este proyecto que, con una inversión de 20 millones de dólares, pretende generar 13 MW de energía. Aún más si se considera que la resolución de calificación ambiental que dio el vamos al proyecto se logró pese a que algunos de los principales servicios vinculados con el tema -Conaf, el Ministerio de Bienes Nacionales, Sernatur y la Corema, entre otros- emitieron informes contrarios a su aprobación. Sin embargo, varios de los seremis que representan a esos servicios públicos no respetaron informes sectoriales y aprobaron el proyecto. El caso más grave es el de Agricultura, que no consideró el informe desfavorable de la Conaf, precisamente el servicio encargado de velar por los parques nacionales terrestres.

Pero lo más increíble y que vino a poner la guinda de la torta ocurrió la semana pasada, cuando el presidente del directorio del Metro, empresa del Estado, el abogado Clemente Pérez, que es además ex director de Conama metropolitana, ex subsecretario de Obras Públicas y socio de Hidroaustral, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a defender a la empresa en el alegato del recurso de protección presentado contra la aprobación de la Corema, que fue presentado por un grupo de diputados (Enrique Accorsi, Patricio Vallespín, Guido Girardi, Alejandro García-Huidobro, Osvaldo Palma, Fidel Espinoza).

El actual presidente de Metro da una muy mala señal. Si bien su acción puede no ser ilegal, es poco ética y carece de probidad. Nos demuestra que existen funcionarios públicos que confunden su rol, porque por una parte representan al Estado y por otra dan continuidad a sus negocios privados. Esta situación es impresentable y debe ser analizada con la mayor profundidad, porque más allá de la cuestionada legalidad que representa la aprobación de esta central hidroeléctrica, ahora se suma un hecho cuestionable desde el punto de vista ético y que genera otro nefasto precedente en el accionar de funcionarios públicos que cuentan con la confianza de la Presidenta. Si Pérez osó defender a un privado ejerciendo un cargo público, cabe cuestionarse qué hay detrás de todo esto.

Lo que ocurre hoy con Puyehue es una clara muestra de la crisis por la que atraviesa la institucionalidad ambiental, que no permite separar el bien público de los negocios personales y establecer un límite entre los intereses nacionales y los privados. No es posible que una misma persona asuma dos roles contrapuestos de manera simultánea.

Este hecho no es saludable para el país y nos pone en alerta sobre la importancia de implementar, en la forma más rápida y efectiva, la agenda de probidad propuesta por la Presidenta y da cuenta de la urgencia de concretar la reforma a nuestra institucionalidad ambiental.

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