Una poderosa carga eléctrica

El lobby para no quedar a oscuras. Vienen del sector público y privado. Son valorados por sus contactos y verborrea. Con el fantasma de una crisis energética, su habilidad cobra más importancia que nunca si se trata de aprobar proyectos eléctricos, aún con evaluaciones ambientales adversas. Fast-trackers, consultores y abogados… la piedra en el zapato de los ecologistas. La Nación, 26 de octubre de 2008.


Oficina de la Conama, miércoles 15 de octubre. El ambiente era tenso. Óscar Concha, subdirector del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ya venía molesto por las declaraciones de HidroAysén que desestimaban los informes técnicos elaborados, entre otros, por su servicio, cuando el ambiente se calentó más.

En la reunión, citada para exponer las indicaciones que cada servicio público tenía sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de HidroAysén, había representantes de la Conaf, la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Conama.

El principal representante de la CNE era Juan José Rivas, asesor del ministro de Energía, que estaba acompañado por el jefe del Área Medio Ambiente y Renovables de la CNE, Jaime Bravo. "Ellos llegaron a decir que por qué habían entregado informes negativos al proyecto HidroAysén cuando los ministros Pérez Yoma y Tokman dicen que hay que aprobarlo", comenta uno de los asistentes a la reunión.

Por eso el enojo de los representantes del SAG, quienes mantuvieron su evaluación negativa con respecto al megaproyecto eléctrico. Luego de la reunión, algunos de los presentes acusaron informalmente supuestas presiones que habría ejercido Rivas en nombre de Tokman, ambos PPD.

El lobby a favor de proyectos de inversión que impactan el medio ambiente viene tanto del sector privado como público y es reprobado por varios actores que participan de los procesos de toma de decisiones. No sólo porque consideran antiética la fórmula, sino también porque es efectiva, aún cuando los proyectos a veces no cumplen con la normativa medioambiental.

Esta situación es agravada por la conformación política de las Coremas, que incluyen a los consejeros regionales y al intendente como cabeza, y que muchas veces terminan aprobando proyectos antes rechazados por la Conama con argumentos técnicos.

"La actual institucionalidad ambiental tiene espacios importantes para exagerar el lobby político e influir de manera desmedida en las decisiones ambientales. El hecho de que las Coremas, siendo órganos políticos, voten por la aprobación o rechazo de los proyectos implica que los informes técnicos de los distintos servicios no necesariamente se tienen a la vista a la hora de decidir", argumenta Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable.

Mi mundo privado

Un caso reciente y bastante polémico es el de la central hidroeléctrica de pasada en el Parque Nacional Puyehue (Región de los Lagos), que fue aprobada en julio por la Corema, después de ser rechazada por la Conama. "No se tomó en cuenta la legislación vigente y se aprueba un proyecto hidroeléctrico en un parque nacional absolutamente ilegal, dadas la Ley de Bosques y la Convención de Washington de la cual Chile es parte", alega Sara Larraín.

El caso pasó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde finalmente se le dio luz verde. En esa última instancia el presidente de Metro, ex subsecretario del MOP y yerno de Edmundo Pérez Yoma, Clemente Pérez, actuó como abogado a favor de la empresa Hidroaustral, dueña del proyecto. "No hay una ilegalidad en esto. Lo que nosotros hacemos son reparos de orden ético. Nos parece que una persona que ocupa un cargo de confianza de la Presidenta de la República, que además fue subsecretario de Obras Públicas la DGA depende de este organismo y que antes fue director de la Conama de la Región Metropolitana, tiene una historia en el servicio público que se contradice con el papel que asume en defensa de esta empresa. En relación al tema del lobby o del tráfico de influencia en materias ambientales lo que opera es una desconfianza de las organizaciones y de la ciudadanía en general", explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.

Clemente Pérez considera que impulsar centrales de pasada es positivo ambientalmente y que eso no es incompatible con su cargo en Metro. "No soy funcionario público. No tengo ninguna incompatibilidad jurídica ni ética para ejercer la profesión de abogado en el escaso tiempo libre que me deja el Metro. Mi independencia como director de una sociedad anónima es algo que valoro y he demostrado en el ejercicio del cargo", responde ante las críticas de los ambientalistas.

Otro personaje cuestionado en este proceso es Jaime Solari, hermano del ex ministro de Trabajo Ricardo Solari. El ingeniero también estuvo a cargo de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Minería y participó en la redacción de las primeras normas ambientales que se hicieron durante el Gobierno de Patricio Aylwin. Hoy es un reconocido consultor medioambiental, que no sólo realiza EIA, sino que también hace lobby a favor de las empresas y proyectos que asesora. Los medioambientalistas lo reconocen como uno de los más influyentes lobbistas verdes, pero él asegura que para su trabajo "tiene metodología, no contactos". "Yo estuve en el sector público hace mucho tiempo y los contactos que me hice durante el Gobierno de Aylwin ahora están en el sector privado", explica Solari. Su trabajo consiste en realizar los EIA y cuando un proyecto es de difícil aprobación, él llama a las personas que toman las decisiones en materia medioambiental y les explica el proyecto. "Cuando algo no se entiende lo tengo que explicar, independientemente de si conozco a las personas o no. Obviamente uno explica para convencer, pero yo no tomo cualquier proyecto sino los que creo que son sustentables", asegura.

Sin embargo, los ecologistas dicen estar cansados de la puerta giratoria desde el Gobierno a empresas con proyectos de inversión que pueden afectar el medio ambiente. "Reiteradamente hay personajes de Gobierno que pasan al sector privado y que empiezan a operar en función de empresas. Uno ve continuamente que cuando aparecen estos personajes los proyectos son aprobados", asegura Flavia Liberona.

Endesa es una de las empresas que tiene la estrategia de captar a ex funcionarios públicos de renombre. Por sus edificios pasó Jaime Estévez, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Lagos y que finalizado su mandato se fue derechito al directorio de Endesa. Otro caso es el de Osvaldo Puccio, ex ministro y ex embajador en España, que hace pocos días fue nombrado director consejero para Latinoamérica de Acciona grupo controlador de Endesa . "Las empresas españolas han sido hábiles en captar funcionarios de alto nivel político para incorporarlos a sus directorios y áreas de gestión. Sin duda los nuevos funcionarios van a hacer lobby y todo lo que esté a su alcance para que se aprueben los proyectos", asegura Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.

Los fast-tracker

Ningún lobby que viene desde el sector privado es tan fructífero como el que nace en el sector público.

El 13 de marzo del año pasado el cargo de gerente pro inversión vio la luz en La Moneda. Desde las dependencias del Ministerio de Hacienda, Carlos Mladinic sería el encargado de agilizar los proyectos de inversión. Ahí nacieron los "fast-trackers", criticados por los ambientalistas y necesarios para las empresas. "Esta cosa de presionar para tomar decisiones rápidas, para apurar proyectos energéticos no puede ser. No porque vivamos una urgencia sin planificación está bien que instalen personajes dentro del Gobierno a presionar a los propios funcionarios de Gobierno", argumenta Flavia Liberona.

En el ámbito medioambiental se habla del poder que tienen los "fast-trackers" para lograr que se aprueben en las Coremas proyectos que han sido rechazados por la Conama, pero el gerente pro inversión asegura que esa no es su función y que ellos no tienen ese poder. "Me hincha el ego que alguien crea que tenemos esa capacidad porque obviamente nuestra capacidad no es superior a la de una enorme cantidad de gente que integra las Coremas. Lo que más podemos hacer es tratar de convencer de los beneficios de un proyecto, pero siempre hemos dicho que queremos que los proyectos se lleven a cabo cumpliendo con la normativa. Yo lo único que puedo hacer es que el sí y el no salga lo más rápido posible", asegura Carlos Mladinic.

El más poderoso fast-tracker es Juan José Rivas (PPD), brazo derecho del ministro de Energía Marcelo Tokman. Hasta el año pasado trabajó como jefe de la división de coordinación interministerial dependiente del Ministerio de la Presidencia. Desde ese lugar estratégico comenzó a instalar junto a Mladinic la gerencia pro inversión.

Quienes han compartido sesiones de trabajo con él dicen que es "serio, prepotente, excelente lobbista y muy inteligente".

Ese mismo ímpetu generó que después de la reunión en la Conama el miércoles pasado, algunos representantes de los servicios alegaron informalmente por las supuestas "presiones" que habría ejercido Rivas en nombre de Tokman. En conversación con LND, el asesor descartó haber ejercido presiones a favor de HidroAysén. "Nosotros leímos nuestro oficio y explicamos nuestra opinión. Esencialmente creemos que el EIA ingresado adolece de falta de información que impide hacer una evaluación completa en esta fase. Al mismo tiempo, estimamos que esa información debería ser agregada para poder evaluar adecuadamente", dijo.

Pero pocos le creen y comentan que el objetivo de Rivas es claro: "Como a ellos (CNE) les interesa que no se les corte la luz en su período, abogan por que cualquier proyecto energético se haga", asegura un importante actor al sistema de evaluación de impacto ambiental.

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